Proyecto anticorrupción no dejó contentos a los promotores de la consulta

“Fue una victoria pírrica”. Con esas palabras la representante Juanita Goebertus (Verde) expresó su desazón al término de la plenaria en la que fue aprobado, en último debate, el proyecto de ley anticorrupción que busca modificar parcialmente la ley quinta -el reglamento del Congreso- para lograr mayor transparencia cuando existan conflictos de interés.

Este proyecto anticorrupción se acordó en la mesa técnica que promovió el Gobierno y que apoyaron los partidos. Sin embargo, para algunos de sus promotores en el camino se convirtió en un arma de doble filo. Desde que se radicó el proyecto contempla que se haga extensivo el conflicto de interés a su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Esto es una reducción en el grado de consanguinidad porque la ley quinta exige que sea hasta el cuarto grado.

Es decir, que la ley quinta tal como está es más garantista que el proyecto de ley anticorrupción. “El proyecto bajó el nivel de grados de consanguinidad por los cuales hoy un congresista podría votar un proyecto para beneficiar a sus tíos y sobrinos, sin que por ello tenga que declararse impedido. Más grave aún, el texto aprobado hace que los congresistas pueden beneficiar de manera directa a sus financiadores y ello no les generaría un conflicto de interés”, explicó la representante Goebertus.

El proyecto se aprobó en último debate con 128 votos a favor, sin embargo, partidos como el Polo, la Alianza Verde y la Farc no lo apoyaron. La representante Katherine Miranda hizo un llamado a la oposición para no acompañar el proyecto de ley.

Por su parte, el representante Germán Navas Talero (Polo) ha criticado la iniciativa desde el inicio. Primero, porque no considera que combata la corrupción, y segundo porque asegura que modifica la ley quinta en beneficio de los congresistas, no de los ciudadanos. “Ustedes resuelven bajarse las inhabilidades por razón del parentesco para que sus parientes afines, políticos, puedan desempeñar funciones, puedan contratar”, reclamó en plenaria.

En la subcomisión que se creó para este proyecto habían llegado a una propuesta "intermedia", como la llaman, para que fuera hasta tercer grado de consanguinidad. Pero al final, los congresistas negaron esta propuesta. En plata blanca esto significa que los congresistas ya no tendrían que declarar conflicto de interés por primos, tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos. Sino solo por padres, hijos, cónyuge, suegros, yernos, nueras, abuelos, hermanos, nietos y cuñados.

El otro punto de discordia

El artículo dos del proyecto también causó polémica, pero se logró consensuar. Este se refiere al registro de intereses privados, en el que se incluiría tanto las actividades económicas de los congresistas (sociedad, fundación, asociación u organización, con o sin ánimo de lucro, nacional o extranjera), como una relación de esas mismas actividades para parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o cónyuge “sin que sea obligatorio especificar a qué pariente corresponde cada interés”.

Esta última aclaración permitió que el proyecto lograra pasar en plenaria, porque muchos congresistas consideraban que si en un registro de conflicto de intereses debían especificar el nombre de su familiar se vulneraría su derecho a la intimidad. Por tanto, no pasaría un control de constitucionalidad. Uno de los principales detractores que tuvo este artículo fue Alejandro Carlos Chacón (Liberal), quien estuvo de acuerdo tras la aclaración.

“Contiene una fórmula que obliga al congresista a declarar todos los ámbitos de interés de familiares que puedan generarle conflictos de intereses sin la necesidad de relacionar individualmente a qué familiar corresponde ese interés, porque podría vulnerar el derecho a la intimidad del familiar”, aseguró el representante José Daniel López (Cambio Radical), quien fue uno de los promotores de la consulta anticorrupción, pero no apoyó este proyecto porque disminuye a segundo grado de consanguinidad el conflicto de interés. “No comparto esto, cuando nos autorregulamos es cuando más exigentes deberíamos ser con nosotros mismos”, agregó.

El representante uribista Gabriel Vallejo, ponente del proyecto, resaltó que este proyecto permitirá que el registro de conflicto de intereses sea digitalizado y de fácil consulta y acceso. Así quedó especificado en la ley, con lo cual cumpliría en parte con la esencia del proyecto que es dar mayor transparencia.

“Si bien el proyecto avanza en que al menos haya un registro de algunos familiares, creemos que el costo de reducir los impedimentos es tan alto que lo que se gana con el registro de intereses es una victoria pírrica”, aseguró Goebertus.

Aunque existen constancias de los congresistas que no están de acuerdo con que se baje el nivel de consanguinidad, será en la conciliación en donde se defina.