¿Fiscal, procurador y contralor presidenciables? Una ley lo prohibiría

Aunque en este principio de año el Congreso no ha empezado a sesionar, la inminencia del reajuste ministerial en el Gobierno tiene a los políticos moviéndose más que nunca. A los luz de esta nueva realidad, los líderes de los partidos se han dedicado a buscar acercamientos, no solo con el presidente, sino entre sí mismos para empezar la legislatura con pie derecho y con capacidad de mandar la parada en el Capitolio.

Mucho se ha hablado de la eventual entrada al gobierno del Partido de La U y de Cambio Radical, pero lo cierto es que, aunque suenan muchos nombres, el tema de los nuevos ministros se sigue moviendo en el terreno de la especulación. No obstante, mientras el presidente toma sus determinaciones, ya empiezan conocerse algunas alianzas improbables que se están cocinando entre los partidos de cara al año político que comienza.

Una de ellas, que podría tener un impacto importante para las elecciones del 2022, se estaría dando entre el Centro Democrático, Cambio Radical y los liberales. Se trata de un acuerdo entre esas tres fuerzas para presentar y sacar adelante un proyecto de ley que inhabilite por cuatro años a las cabezas de los entes de control para aspirar a la Presidencia. Si el acuerdo sigue en pie de aquí a que empiece la legislatura, con el músculo parlamentario combinado de estos tres actores sería muy difícil que el proyecto se hundiera.

Aunque no es la primera vez que en Colombia se toca el tema de regular la capacidad de estos poderosos funcionarios para dar el salto al mundo electoral, llama la atención que, en este caso, el proyecto parecer venir con nombre propio: Fernando Carrillo Florez, procurador general de la Nación.

Evidentemente, por razones del cargo que hoy ostenta, el procurador Carrillo nunca ha dicho que entre sus planes esté aspirar a la Presidencia. No obstante, en los corrillos políticos muchos los dan como un hecho y afirman que una vez que deje la Procuraduría Carillo podría empezar a explorar la opción de una candidatura presidencial. Los analistas políticos que desde ya empiezan a hacer predicciones lo cuentan como un actor seguro para las elecciones de 2022, aunque el hoy procurador nunca se haya manifestado sobre el particular.

El tema de la entrada en política de los exjefes de los entes de control no es un debate nuevo. De hecho, nació hace más de veinte años cuando el entonces fiscal general, Alfonso Valdivieso, renunció a su cargo motivado por las buenos resultados que obtenía en las encuestas por cuenta de su gestión en el cargo y se lanzó a la aventura presidencial. En ese entonces, cuando la campaña estaba apenas en su etapa inicial, Valdivieso marcaba como el puntero del lote para suceder a Ernesto Samper en la primera magistratura del Estado. El tiempo fue desinflando esa aspiración y el recién renunciado fiscal decidió hacerse a un lado y declinar su deseo presidencial.

Esa efervescencia de la popularidad de Valdivieso se dio en parte porque había entrado a dirigir la Fiscalía, una entidad que apenas nacía y que resultaba novedosa para muchos colombianos, en un momento político de absoluta incertidumbre. Él asumió el mando del ente acusador luego de que Gustavo De Greiff, primer Fiscal General, tuviera que renunciar al cargo por haber cumplido la edad de retiro forzoso. Entonces Valdivieso tomó la batuta de la entidad en pleno Proceso 8.000 y con cada decisión de la Fiscalía los colombianos sentían que el funcionario estaba dando los resultados que antes no llegaban en materia de lucha contra la corrupción.

Desde ese entonces, en el país se ha dado un interminable debate sobre si las cabezas de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, deberían quedar inhabilitados por un tiempo para aspirar a la Presidencia de la República. A esto se llegó pues en Colombia los jefes de las llamadas “ias” se han convertido en las personas más poderosas del país.

Entonces la tesis de quienes se oponen a que estas figuras pasen de los entes de control al mundo electoral es que ese poder, que en ocasiones decide sobre la suerte de los presidenciables, podría ser mal utilizado por razones políticas. Mal que bien, funcionarios como el procurador o el fiscal tienen en sus manos la libertad de las personas o la posibilidad de inhabilitar a un funcionario para ejercer cargos públicos de por vida.

Los seguidores de Gustavo Petro, en su momento, argumentaron que su salida de la Alcaldía por orden del entonces procurador Alejandro Ordoñez había sido una decisión proferida no con intereses jurídicos sino políticos. El tiempo demostró que, al salir de la entidad, Ordoñez, hoy embajador ante la OEA, terminó aspirando a la Presidencia en unas elecciones en las que, de haberle ganado la consulta a Iván Duque, habría tenido que disputar las urnas justamente con Gustavo Petro. Así las cosas, si la decisión que dejó a Petro por fuera de la Alcaldía no se hubiera reversado, algunos habrían dicho que esta fue tomada por Ordoñez con la intención de sacar a Petro del camino.

Aunque otros jefes de los órganos de control han intentado aspirar a la presidencia, como ocurrió con Horacio Serpa, Viviane Morales o Alfonso Gómez Méndez, en esos casos dichas candidaturas llegaron muchos años después de que estos dejaran sus cargos.

Pero como la campaña presidencial se está anticipando y los nuevos candidatos están saltando al agua cada semana, ya los partidos empezaron a mover sus fichas de cara a ese certamen.

No era fácil que el Centro Democrático, Cambio Radical y los liberales se pusieran de acuerdo en algo. Pero, al parecer, unirán fuerzas en el Congreso para pasar una ley que, sin bien a futuro podría dar mayor legitimidad a ciertas decisiones de la justicia, en el corto plazo tendría al procurador Carrillo, si este decide aspirar, como único damnificado. Entonces, en caso de que este proyecto sea aprobado, quedará el manto de duda si se trató de una medida para fortalecer la institucionalidad o de una jugada para atajar a un posible contenedor político.