¿Peligra la televisión pública?

El futuro de un proyecto de ley que puso a pelear al gobierno con el gremio de empresas del sector TIC y hasta con algunos congresistas se definirá esta semana. El agarrón se desató a raíz del fallido intento de unificar la regulación y las tarifas de las empresas de telecomunicaciones y la televisión en un único organismo. Alrededor del mismo surgió una polémica candente por la amenaza a las finanzas de la televisión pública que contiene el proyecto de ley, presentado en el Congreso por el senador Mario Fernández.

En realidad, no se trata de una ley destinada a poner fin a la televisión pública, como difundieron algunos en redes sociales, sino de una reforma institucional del sector de las telecomunicaciones con la que, en principio, todo el mundo está de acuerdo. El país no puede seguir regulando la televisión por un lado y las telecomunicaciones por otro, puesto que los cambios tecnológicos y las tendencias de la cultura digital han convertido en uno solo el negocio de transmisión de contenidos audiovisuales, la prestación de servicios sobre internet y las telecomunicaciones. Un capítulo de La casa de papel y una llamada telefónica llegan al celular por la misma plataforma tecnológica. La televisión como un mundo aparte, que se consume en un televisor y circula a través de ondas electromagnéticas, es ahora solamente una de las formas del negocio. Hoy debe coexistir con el cada vez más popular streaming (transmisión sobre internet, u OTT como se conoce a las empresas que ofrecen ese servicio) que llega a múltiples pantallas, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas y computadores.

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Los canales tradicionales de televisión abierta pierden audiencia frente a servicios de streaming como Netflix, que se consumen de una manera diferente, sin parrilla, a cualquier hora y en cualquier dispositivo. Y el negocio audiovisual ya no está solo en manos de canales de televisión privados y operadores de cable, sino de empresas de tecnología que se apoderan del mercado gracias a la preferencia del público por este tipo de plataformas.

Desde octubre del año pasado el MinTIC llevó al Congreso un proyecto de ley en ese sentido, el cual, al parecer, gozaba de consenso. Pero el proyecto que el ponente Mario Fernández presentó a la Comisión Sexta del Senado dista mucho de la iniciativa original radicada por el ministerio hace ocho meses. El senador Fernández introdujo cambios sustanciales, como la desaparición del fondo de televisión, con el que se financian parcialmente los canales públicos (Señal Colombia, TelePacífico, etcétera) y que se nutre con un impuesto que el Estado cobra a los canales privados y a los operadores de cable. Este fondo quedaría fusionado con el fondo de TIC, que se alimenta de un impuesto a los operadores de telefonía celular. En el nuevo fondo unificado, según el proyecto de ley, no está consagrado explícitamente cuánto se destinará para subsidiar a los canales públicos y se establece que estos deberán presentar proyectos que entrarían a competir con los del sector TIC. El gobierno, los canales públicos, los gremios de artistas y los productores pusieron el grito en el cielo, y el Ministerio de TIC pidió al Congreso retirarlo, en defensa del interés público.

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El vocero del sector privado, el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Alberto Samuel Yohai, ha defendido el proyecto a capa y espada y lo considera imprescindible para asegurar la competitividad de las empresas, cuyos ingresos han disminuido dramáticamente. Además calificó de esquizofrénico al gobierno porque en abril le puso mensaje de urgencia al proyecto y la semana pasada pidió retirarlo.

El proyecto de ley propone reducir a 1,9 por ciento de sus ingresos la contraprestación que las empresas pagan para alimentar el nuevo fondo único convergente. Para Yohai, la creación de un organismo regulador único es esencial para reactivar el sector TIC y considera que la inseguridad jurídica desincentiva las inversiones en telecomunicaciones. Actualmente, los canales privados y los operadores de cable deben rendir cuentas hasta a cinco entes regulatorios: la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Autoridad Nacional de Televisión, la Agencia Nacional del Espectro, la Superintendencia de Industria y Comercio y el MinTic. “El sector TIC y audiovisual presenta nueve trimestres continuos de decrecimiento, y esta es una medida apropiada para generar tendencias positivas, al contar con una única autoridad que genere seguridad jurídica para fomentar las inversiones necesarias”, sostuvo Sergio Valdés, gerente de regulación de Directv.

Pero ¿salvar a los canales privados y a los cableoperadores exige desfinanciar a la televisión pública? El ministro de TIC, Juan Sebastián Rozo, piensa que no. “Vamos a proteger la televisión pública, por eso no unificamos los fondos y mantenemos ese fondo exclusivo de la televisión pública y vamos a mantener la contraprestación tal como está”. Actualmente, los cableoperadores grandes (los que prestan servicio en municipios de más de 100.00 habitantes) aportan a ese fondo el 5,9 por ciento de sus ingresos, y los pequeños (que operan en municipios de menos de 100.000 habitantes), el 1,4 por ciento. “Reducir esa tasa al 1,9 por ciento para los cableoperadores, como propone el proyecto de ley, implicaría un déficit de 120.000 millones de pesos en los próximos 6 años”, sostiene el ministro Rozo.

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En el mundo existen varios modelos de financiación de los canales públicos. En varios países se hace con cargo al presupuesto nacional, como en Brasil. El Reino Unido la financia con un impuesto a los televisores que cada consumidor paga al momento de comprar el aparato. En Alemania, Suecia y Noruega los ciudadanos pagan un impuesto anual en su declaración de renta, de acuerdo con el número de televisores que tienen en sus hogares. En España el modelo es igual al de Colombia, sufragado con cargo a los operadores de cable y canales privados, pero más radical, puesto que la televisión pública española recibe subsidio completo y no vende publicidad. En Colombia los canales regionales tienen asegurada la mitad de su operación por cuenta del fondo de televisión y el resto deben buscarlo mediante operaciones comerciales. Y en Estados Unidos los canales públicos se financian por pauta publicitaria, como los privados. Para Yohai, “la televisión pública es una parte esencial de nuestro patrimonio nacional, pero eso no significa que el modelo de financiación que se ha tenido no pueda cambiar”.

Pero cobrarles a los cableoperadores y canales privados un impuesto para la televisión pública no es un capricho. El espíritu detrás de este esquema se basa en que esta es esencial para sostener el patrimonio cultural del país, y los operadores de cable, que traen decenas de canales foráneos, estarían obligados a compensar un poco el impacto sobre la cultura nacional. “El espíritu de los canales regionales es incentivar y cultivar la idiosincrasia de las regiones, pero no podemos hacerlo sin ayuda”, dice Mabel López, gerente de Teleantioquia, que recibe el 56 por ciento de sus recursos del fondo de televisión. La exitosa serie Débora (diez capítulos de media hora) costó 1.500 millones de pesos. “Sin la ayuda de la Autoridad Nacional de Televisión, no habríamos podido entregar ese contenido a los televidentes”, agrega.

El canal antioqueño consigue la otra mitad de su presupuesto mediante pauta publicitaria, sesión de derechos y otras unidades de negocio propias como servicios de producción y medios. Los gerentes de los canales regionales consultados consideran que no hay posibilidad en el país de financiar la televisión pública completamente con pauta publicitaria porque la inversión de los anunciantes está concentrada en Caracol y RCN.

Durante esta semana, las comisiones sextas de Senado y Cámara, en sesión conjunta, tendrán que decidir si aceptan la solicitud del gobierno de archivar el proyecto o aprueban darle trámite. Justo cuando restan apenas menos de dos semanas para que finalice el último periodo de sesiones del actual Congreso, que terminará sus funciones el 20 de junio.