Proyecto de MinJusticia para reformar la Procuraduría cercenará las facultades sancionatorias del organismo; en marzo de 2024 será presentado

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que en marzo de 2024 se presentará el proyecto de ley que busca reformar la Procuraduría General de la Nación. Esta iniciativa pretende eliminar las facultades sancionatorias del Ministerio Público contra funcionarios elegidos por voto popular, incluyendo alcaldes y gobernadores, además de retirar su intervención en el sistema penal acusatorio.

Pese a que la Corte Constitucional avaló las facultades de la Procuraduría para sancionar a los funcionarios, el Gobierno del presidente Gustavo Petro argumenta que la reforma es necesaria para “dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro Urrego vs. Colombia”. Esto, con relación al caso que involucró al mandatario cuando fue alcalde de Bogotá y quien fue destituido por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, por el fallido modelo de recolección de basuras de la capital.

Uno de los cambios clave que se propone es que tanto la Procuraduría como la Contraloría no puedan ejercer funciones jurisdiccionales ni “restringir” los derechos políticos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

Aunque el Gobierno pretende que la Procuraduría siga teniendo parte de sus funciones, cuando decida suspender o inhabilitar mandatarios locales, la decisión deberá ser revisada por el Consejo de Estado.

Todo esto se da en medio de la polémica generada porque el presidente Gustavo Petro no acató el fallo disciplinario de la Procuraduría que suspendió al alcalde de Riohacha, lo que generó un fuerte enfrentamiento con la procuradora Margarita Cabello Blanco, quien no dudó en calificar la posición del jefe de Estado como un desconocimiento al Estado social de derecho.

Esto, en línea con el fallo de la Corte Constitucional que, en uno de los apartes, manifestó que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro no está por encima de la Carta Política de Colombia. Cabe recordar que el tribunal internacional había pedido a Colombia modificar la legislación interna e impedir que Procuraduría y Contraloría puedan retirar a un funcionario elegido popularmente de su cargo.

Procuraduría fuera de procesos penales

Un punto de interés es que el proyecto busca desvincular a la Procuraduría de todos los procesos penales, excluyéndola del Sistema Penal Acusatorio, como lo establece el artículo 205 de la Constitución Política. El proyecto de ley aclara que no tendría efectos retroactivos, lo que significa que los procesos en curso bajo la supervisión del Ministerio Público continuarían su curso.

Además, se busca modificar el artículo 118 de la Constitución Política, que establece la integración y competencias del Ministerio Público, para eliminar sus facultades jurisdiccionales.

Presidente con facultades extraordinarias

Sin embargo, uno de los aspectos que genera preocupación es que el proyecto contempla la posibilidad de que el presidente de la República tenga facultades extraordinarias para trasladar a procuradores judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría a la rama judicial como magistrados, fiscales, jueces, entre otros.

El Consejo Superior de Política Criminal está analizando el proyecto, y sus miembros, incluyendo ministros, magistrados y funcionarios clave, en general, han expresado su acuerdo con la propuesta de limitar la intervención del Ministerio Público, especialmente en los procesos penales. La iniciativa continuará siendo debatida en el Congreso de la República.

El proyecto de acto legislativo será presentado en marzo de 2024 ante el legislativo, donde se espera un debate sobre estas modificaciones a la Procuraduría y a la Contraloría General, con el objetivo de ajustar las funciones de estos entes de control y supervisión.

Cambios en la Contraloría General

En relación con la Contraloría General, el Gobierno pretende ajustar el artículo 268 de la Constitución, que permite solicitar la suspensión inmediata de funcionarios mientras se resuelven investigaciones en procesos penales, fiscales o disciplinarios.