Proyecto de rescate social de Claudia López avanza en el Concejo de Bogotá

Un importante paso dio el proyecto de “rescate social” de la Alcaldía de Bogotá con el que se busca recoger recursos para la ciudad, especialmente para financiar el sistema de transporte público de Bogotá, sobre el que se alertó está en déficit. El proyecto pretende recaudar un total de 1,7 billones de pesos, de los cuales 1,1 billones serán para el sistema de transporte.

La discusión se dio en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo, donde no faltó la polémica. Varios concejales declarados en oposición no apoyan el proyecto de la administración local. Sin embargo, finalmente logró imponerse por una votación de 12 a favor y 3 en contra. El secretario de Gobierno de Bogotá celebró su avance.

A pesar de ese primer logro en el Concejo, al proyecto todavía le falta la discusión en la plenaria, donde ya se discute. Algunos concejales continúan haciendo cuestionamientos, ya que a pesar de que se ha presentado como una iniciativa para inyectarle recursos a la capital, también es clave la financiación de TransMilenio, fundamental en el proyecto.

Por ejemplo, desde el petrismo se intentó frenar esta iniciativa, pero ese propósito no prosperó. La concejal Ati Quigua, de la alianza Colombia Humana-UP-MAIS, presentó una ponencia negativa que no fue respaldada.

“Se acalora al no decirse la verdad a la ciudadanía y por el cambio cosmético: ‘por medio del cual se efectúan unas modificaciones en materia hacendaria para el rescate social y económico, se garantiza la operación del sistema de transporte público y se dictan otras disposiciones’, dijo la concejal haciendo referencia al acalorado debate que se vivió en la Comisión Tercera.

En el debate que ya se adelanta en la plenaria del Concejo se han hecho algunos reparos. “Llama la atención que todas las bancadas, incluidas las de la supuesta ‘oposición constructiva’, estén tan alineadas con este proyecto de acuerdo de Alcaldía de Bogotá y con la defensa acérrima de los operadores privados de TransMilenio y sus ganancias”, cuestionó la concejal Heidy Sánchez de este mismo sector.

Sánchez también hizo referencia a la ponencia de su colega de bancada que no prosperó y defendió que el proyecto se debería dividir entre lo que son recursos para los programas sociales y lo que va para el sistema de transporte de Bogotá.

La concejal Carolina Arbeláez, del Centro Democrático y ponente de la iniciativa, señaló que el título del proyecto era engañoso, ya que la mayoría del presupuesto irá para TransMilenio. Por eso propuso modificar el título para establecer el verdadero propósito de la iniciativa.

“Como lo manifesté durante la exposición de mi ponencia a este proyecto de acuerdo, esta es una modificación que le hicimos a este proyecto de acuerdo y que hoy se pone a consideración de la comisión y es aprobado, y que precisamente en el sentido de que se le hablara a la ciudadanía con claridad frente a la intención de este proyecto de salvar y garantizar la operación del sistema de transporte público y así quedó consignado en mi ponencia”, afirmó Arbeláez.

A pesar de las críticas de distintos sectores, el proyecto parece que logrará prosperar y algunos, aunque hacen reparos, también reconocen que se debe sacar adelante por el bien de la ciudad. “A casi nadie le gusta TransMilenio, pero es lo que tenemos y debe seguir funcionando hasta tener otra opción. 2,5 millones de personas se mueven al día en TransMilenio, no porque les guste, sino porque toca”, afirmó el concejal de la Alianza Verde Martín Rivera.

El cabildante del Verde agregó que el problema es que se necesitan los 1,1 billones para que el sistema de transporte público de la ciudad siga funcionando correctamente. “La cifra es escandalosa, así que miremos por qué estamos en este punto: TransMilenio empezó a operar en el año 2.000 y algunos empresarios que tenían buses entraron como operadores. Así, desde la constitución de la empresa, quedó establecido que TransMilenio sería operado por privados”, comentó Alzate.

Dice que a diferencia de cualquier negocio en el que el privado podría cerrar e irse, en el caso del sistema de transporte no se puede hacer porque la capital quedaría sin un medio de transporte principal. Por eso pide que se acepten algunas condiciones y posteriormente ir buscando un modelo con mejor viabilidad en el que prime el interés de los ciudadanos.