La puja por el control de las contralorías

En los concejos municipales y las asambleas departamentales se vive una verdadera puja política para elegir a los nuevos contralores territoriales, poderosos funcionarios que tendrán a cargo el control fiscal de los alcaldes y gobernadores que acabaron su gestión y de los que recién la inician.

Las contralorías territoriales sobrevivieron a la reciente reforma a la Contraloría. La propuesta de eliminarlas, por politizadas e ineficientes, no prosperó y solo lograron dejar por escrito que el Congreso debe legislar próximamente para cambiar las reglas de juego del proceso de elección de los contralores.

Así que mientras eso sucede, el ‘chicharrón’ le quedó al contralor general Felipe Córdoba, quien debió poner por escrito los términos generales de la convocatoria pública con la que se seleccionarían los contralores territoriales que vigilarán los recursos por los próximos dos años.

Así lo hizo el pasado 18 de noviembre, tras consultar al Consejo de Estado sobre su alcance. Esto atrasó los procesos de selección, los periodos de los contralores terminaban el 31 de diciembre pasado y en los concejos y asambleas sabían que debían escoger al contralor en los primeros 10 días de enero del 2020. Sin embargo, muchas elecciones todavía no se han dado o se demoraron más de lo previsto, algunas por el cambio de reglas, otras por tutelas que frenaron el proceso o por presuntas irregularidades.

En Córdoba

Uno de los casos más preocupantes está en Córdoba. Juan de la Cruz Martínez, uno de los aspirantes a contralor, denunció ante la Procuraduría Regional que hubo “graves irregularidades” desde el proceso de selección de las hojas de vida. Según Martínez, los ternados -Mónica Mendoza Humánez, Tania Soto Petro y Omar Lozano- no cumplieron con los requisitos necesarios para la postulación. “El señor Lozano ni siquiera presentó su registro civil”, aseguró.

Al revisar lo que estaba pasando, la Procuraduría hizo un control de advertencia a la asamblea y ordenó la suspensión o revocatoria del proceso de elección del contralor. Así que este se frenó por unos días.

La Procuraduría Regional advirtió que se podría vulnerar el ordenamiento jurídico si la elección se realizaba sin verificar la experiencia real de los concursantes y llamó la atención sobre la elección de la universidad evaluadora, que presuntamente no se realizó en “debida forma”. Lo que ocurrió es que, en noviembre de 2019, la Asamblea, en cabeza del diputado Jaime Bello, firmó un convenio con la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, que se encuentra en Barranquilla, para hacer el proceso de selección.

Aunque es normal que se elija una institución educativa, no lo es tanto que esta no cobre ni un peso por realizar el proceso de selección de las hojas de vida del contralor departamental. De hecho, la Universidad de Córdoba le solicitó a la asamblea revocar esa resolución porque la “situación le resulta sospechosa de ser una estrategia colusoria”. Ante estos cuestionamientos, la duma contestó que la CUC planteó una propuesta ad honorem, debido a que era parte de un proyecto de investigación, y que tenía suficiente experiencia en 37 procesos similares.

Con la lupa de la Procuraduría en la elección del contralor, la asamblea creó una comisión accidental para estudiar jurídicamente las etapas del proceso. Fue compuesta por cinco diputados: José Restan Sánchez, de La U y cercano al exsenador Bernardo ‘el Ñoño‘ Elías; Carlos Gómez Espitia, quien alcanzó la segunda votación en la elección de la Gobernación avalado por el Centro Democrático y Cambio Radical, y exsecretario general de la Gobernación de Alejandro Lyons; Ludys Esther Rodríguez, liberal de la casa política del exsenador Juan Manuel ‘Juancho‘ López, condenado por parapolítica; Dario Mendoza, de la coalición Córdoba tiene Futuro y Fabián Lora, avalado por Cambio Radical y el uribismo, exdirector de la Unidad de Riesgos en la Gobernación de Edwin Besaile.

Esta comisión dio un parte de tranquilidad del proceso, aseguró que no tenían la experticia para evaluar las hojas de vida, trabajo que le correspondía a la universidad, y dio luz verde. Así que la asamblea reanudó la elección.

Este viernes la Asamblea de Córdoba eligió a Omar Lozano. Algunas fuentes del departamento dicen que detrás de la elección del contralor estarían los aliados del exgobernador Lyons, investigado por corrupción. Esta revista intentó comunicarse con el nuevo contralor sin éxito.

En Antioquia

Después de varios líos en la elección hubo humo blanco en Antioquia. El proceso estuvo frenado por una tutela que interpuso uno de los postulantes, quien aseguraba que tanto la asamblea como la Universidad de Antioquia, encargada del proceso de selección, habrían pasado por alto un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública y habrían sobrecalificado a uno de los concursantes. Sin embargo, estos argumentos fueron desestimados por el juez.

Además, el diputado Luis Peláez (del Polo) denunció que dos de los ternados estaban incursos en una causal de inhabilidad por haber ocupado un cargo público en el último año: Elsa Yazmín González por ser jefe de control interno y de la oficina de la Personería municipal de Itagüí, desde febrero de 2019 hasta la fecha, y Luis Eduardo Álvarez, por ser el director administrativo de talento humano en la Contraloría General de Medellín. Los dos se defendieron diciendo que eran funcionarios de órganos de control no de la rama ejecutiva.

Finalmente, fue elegida Elsa Yazmín González, jurista y contadora pública, como nueva contralora. Ahora, tiene el reto de limpiar la imagen de una institución que estuvo envuelta en todo tipo de escándalos con el cuestionado contralor Sergio Zuluaga, quien presumía de un falso doctorado y está siendo investigado por pertenecer a un supuesto cartel de las cirugías plásticas.

En Santander

En la Asamblea de Santander no hubo ninguna demanda por la elección, sin embargo, la elección generó suspicacias por la salida voluntaria del candidato más opcionado para quedar en el cargo, Pablo César Díaz. Como él renunció, entró en la lista Carlos Fernando Pérez, quien seguía en la lista, y quien finalmente fue elegido como contralor departamental.

Pérez es cercano al clan Aguilar, especialmente a Hugo Aguilar, de nuevo preso por parapolítica, y padre del gobernador Mauricio Aguilar. Pérez asegura que el respaldo de los Aguilar no tuvo nada que ver con su elección como contralor departamental.

En Bogotá

En la capital, la elección del contralor distrital se va a demorar mucho más de lo pensado, pues la terna se presentará el próximo 28 de abril. El nuevo concejo, liderado por Carlos Fernando Galán, revocó las resoluciones que expidió la mesa directiva anterior, en cabeza de Nelly Mosquera (La U), con la que se abrió la convocatoria pública. Sin embargo, esta no fue aprobada por la plenaria del Concejo, como debía. Así que todo el proceso empezó de cero para evitar irregularidades.

Aunque el contralor general, Felipe Córdoba, ordenó utilizar criterios de evaluación estandarizados para las elecciones territoriales, los procesos de selección todavía no están blindados y dependen de las mayorías políticas de los concejos y asambleas, que suelen estar del lado del gobernante de turno.