Pullas, preocupaciones y argumentos; la controversial audiencia para ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia

Una controversial cita se dio en la sala de audiencias de la Corte Constitucional para escuchar a más de 20 ponentes, entre ellos, ministros, directores de entidades, congresistas, expertos juristas, ambientalistas y defensores, para escuchar todos los puntos de vista, alrededor de la viabilidad de que Colombia haga parte del Acuerdo de Escazú; la Ley que el presidente Petro sancionó en 2022 para fortalecer la protección de líderes ambientales, garantizar el acceso a la información y la participación pública de procesos ambientales.

La sesión arrancó con la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien mostró su evidente oposición al tratado internacional, argumentando que se podría convertir en un arma de doble filo para los procesos ambientales en el país, que terminarían siendo vigilados por cualquier persona que le quiera poner el ojo a cualquier licencia que se dé en ese sentido.

“En mi opinión, es indiscutible que el Acuerdo sí legítima a cualquier persona para promover revisiones o reexaminaciones de licencias, bajo el argumento de que el proyecto en ejecución conlleva ‘afectación adversa al medio ambiente’, con las consecuencias de inseguridad jurídica, impactos económicos, sociales e incluso ambientales, que se pueden derivar de esta medida”, explicó la congresista Holguín.

Otra de las congresistas que también hizo presencia en la sala de la Corte fue, Carolina Giraldo, quien, además, es la coordinadora ponente del Acuerdo en el Congreso. La representante por Risaralda se paró en la raya por el tratado internacional, y aseguró que esa herramienta puede evitar conflictos socioambientales y respeta a los empresarios que han cuestionado esta iniciativa.

Para la representante a la Cámara por el partido Verde, “el Acuerdo de Escazú, y si se tiene la información disponible, completa y a tiempo, se van a evitar conflictos socioambientales, además no se va a restringir la libertad de empresa. Esta Veeduría en ningún momento está diciendo que quiere los secretos de la empresa o que no pueden competir, eso no tiene nada que ver. Estamos pidiendo información disponible, clara, completa y asequible para que la ciudadanía tenga información a tiempo y se puedan hacer los mejores acuerdos que beneficien a la sociedad, al país, y así es como logramos un desarrollo sostenible que es a lo que apunta el Acuerdo de Escazú”.

Por parte del Gobierno estuvo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien explicó que la vinculación de Colombia al Acuerdo de Escazú fue una respuesta para fortalecer la protección de líderes ambientales, avanzar en una jurisdicción más rigurosas en esa materia y aumentar la apropiación social.

La ministra Muhamad precisó que “no va a terminar llevando al Estado colombiano a una lógica de pasar por encima de su propia Constitución y de sus propias normas, va a ser que Colombia sea parte de una comunidad de Estados responsables que quiere conjuntamente elevar el estándar de derechos humanos y los impactos que tienen diferentes actividades económicas en las poblaciones”.

La audiencia estuvo liderada por los magistrados José Fernando Reyes y Jorge Enrique Ibáñez, respectivamente el presidente y vicepresidente de la Corte Constitucional; quienes estuvieron acompañados de otro grupo de togados del alto tribunal que tomaron atenta nota sobre los pro y los contra que llevaron los más de 20 citados a la sesión técnica para definir la ratificación de Colombia en esa Ley internacional.

Una de las pullas que salió en la diligencia, fue la del director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría (CPI), Carlos Chacón, quien advirtió que el principal objetivo del Acuerdo frente a la protección de líderes ambientales es “falaz” y genera “falsas expectativas”.

“Aquí se apela al tema de líderes sociales y ambientales, por supuesto los queremos proteger, pero el Acuerdo de Escazú ya está en vigencia y no ha protegido a un solo líder ambiental en Colombia. Creo que es falaz y genera falsas expectativas (...) creo que falta un poco de seriedad en ese argumento al apelar a que el Acuerdo ayuda a combatir algo que el Gobierno tiene, el mandato constitucional, la obligación y los medios para hacer”, fue la dura crítica de Chacón.

Una de las preocupantes cifras que se conoció en medio de la sesión la entregó la Procuraduría General, al asegurar que en los últimos dos años han sido asesinados por lo menos 49 líderes ambientales en el país; mismo tiempo en que el presidente Petro anunció la puesta en marcha del acuerdo.

Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la organización encargada del Acuerdo, explicaron que el Acuerdo de Escazú es “de los pocos tratados ambientales que dota de mayor obligatoriedad jurídica la soberanía”, según Carlos de Miguel, oficial de la Comisión.

Después de esa polémica discusión para saber si Colombia debe seguir siendo parte de esa Ley internacional, ahora el balón queda en los magistrados de la Corte Constitucional, quienes deberán definir en las próximas semanas si ese acuerdo tiene alguna afectación en la seguridad jurídica y en la soberanía del país.