Los detalles desconocidos de la guerra fría del Gobierno Duque con la ONU

“Es una intromisión a la soberanía”. “Un informe chambón”. “No sé de dónde sacan sus fuentes”. “Espero que hagan mejor su trabajo la próxima vez”. Esa andanada de frases salió de la Casa de Nariño por el último informe sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. Desde las épocas de la presidencia de Álvaro Uribe, cuando este no reconocía la existencia de un conflicto armado interno, la ONU no había recibido mensajes tan duros del Gobierno colombiano.

El tema se convirtió en el centro de la controversia política y de las organizaciones de derechos humanos esta semana. #ONUFueraDeColombia fue, de hecho, una de las principales tendencias en redes sociales. Mientras tanto, ese organismo, el gran padrino del proceso de paz, encargado de verificar tareas fundamentales del acuerdo con las Farc, recibía estoicamente la arremetida por su trabajo en Colombia desde hace décadas.

La molestia del presidente Iván Duque y del alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, tenía un origen específico: el informe que presentó esta semana el representante en Colombia de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Alberto Brunori. En el documento que divulga la oficina cada año desde 1997, el organismo evalúa la situación de Colombia en esa materia y señala una serie de sugerencias.

Alberto Brunori, representante del alto comisionado de derechos humanos de la ONU.

El informe tiene conclusiones bastante duras para un país que vive los primeros años de la firma de la paz. Por ejemplo, dice que el año pasado ocurrieron, por lo menos, 36 masacres que dejaron 133 muertos. Y asegura que el país volvió a los récords de violencia de 2014. De acuerdo con el documento, el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos aumentó en 50 por ciento. Todo esto, especialmente, en zonas con niveles elevados de pobreza, escaso empleo, cultivos ilícitos, que requieren una presencia integral del Estado.

Todos los gobiernos han intentado limitar la presencia de la ONU en el país, especialmente la oficina de derechos humanos.

Emilio Archila revisó este reporte e inmediatamente salió a rechazar dos puntos específicos. “Mencionan dos temas que no tienen que ver con las competencias de derechos humanos del organismo: los avances de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la vinculación de estos con los planes de reparación colectiva a las víctimas. Ahora, no es cierto que no haya avances”, manifestó.

Cualquiera podría pensar que este informe terminó abruptamente la luna de miel del Gobierno con las Naciones Unidas. Pero, como en cualquier matrimonio, la relación viene deteriorándose desde hace meses. Este episodio es el último de una serie de desencuentros con el Gobierno. La ONU tiene más de 26 agencias y programas en Colombia, y, según pudo establecer SEMANA, hay al menos enfrentamientos grandes en los siguientes temas.

Derechos humanos

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se ha convertido en la canalizadora de las principales disputas. Aunque hay que decir que a ningún Gobierno, ni siquiera al de Juan Manuel Santos, le ha gustado la presencia de esta oficina en Colombia, nadie esperaba que el propio Duque lo dijera. El presidente aseguró que sentía que este organismo se estaba extralimitando en sus funciones y metiéndose en terrenos que no le corresponden. Dijo, por ejemplo, que cree que la ONU no debe pedirle al Estado restringir el uso del Ejército en la protesta, transformar el Esmad o que la Policía quede adscrita al Ministerio del Interior y no al de la Defensa, como recomendó el informe. Y en eso el presidente puede tener algo de razón.

• Es una intromisión en la soberanía del país: Duque sobre informe de ONU

Pero el malestar tiene antecedentes importantes y quizás los más controversiales tienen que ver con uno relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No es secreto que este organismo creado en el marco del acuerdo es un ícono en el mundo, y goza de un fuerte respaldo de la ONU y de los países de la Unión Europea, que han girado cuantiosos recursos para ponerlo en marcha. Sin embargo, el Gobierno se mostró en desacuerdo con la posición que asumieron varios sectores internacionales cuando este decidió objetar la ley estatutaria de la JEP.

Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores.

Eso precisamente ocurrió con Brunori en 2019, cuando aseguró que “la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin más dilaciones, del proyecto de ley estatutaria de la JEP”. En esa oportunidad, el entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo, le salió al paso a la declaración y le recordó que sus palabras se apartaban “de lo que fueron los términos de la conversación que sostuvimos con el secretario de las Naciones Unidas”, en el marco de una reunión que el alto funcionario del Gobierno había sostenido con la Misión de Verificación de la ONU.

Cuatro grandes temas concentran la disputa del gobierno con el organismo. Uno ya escaló hasta Ginebra.

La negociación del mandato de la oficina de derechos humanos el año pasado también está en el centro de la controversia. No hay un Gobierno, desde su instalación en el de Ernesto Samper, que no haya tratado de ponerle fecha de vencimiento a su permanencia en el país o limitar sus competencias. A Pastrana le incomodaba bastante. En el Gobierno Uribe, el vicepresidente Francisco Santos propuso suprimirla, y en el Gobierno de Santos, la canciller Ángela Holguín también sugirió ponerle fecha final a su presencia.

Duque ha seguido esa línea y, hace un año, la Casa de Nariño trató de incluir varios cambios en la renovación. Aunque el tema parecía superado, SEMANA supo que el Gobierno no ha querido posesionar a la sucesora de Alberto Brunori, designada desde finales del año pasado. Mientras que la admitnisración Duque le insiste a Michelle Bachelet que le presente una terna para sacar un nombre, la expresidenta chilena no da su brazo a torcer y se paró en la raya porque no va a cambiar de opinión y mantiene el nombramiento de la peruana Tarcila Rivera Zea.

El rechazo a la visita del relator Forst y otros desplantes

El nuevo fiscal Francisco Barbosa protagoniza otro de los desencuentros más importantes con la ONU. Como alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, se podría decir que no facilitó la visita de seguimiento que pretendía adelantar el relator de la oficina de derechos humanos de la ONU, Michel Forst.

El diplomático francés envió cartas y se reunió con Barbosa en Ginebra y en París. “Yo me contacté con el cónsul y me reuní con Francisco Barbosa, quien había sido mi principal enlace para la visita oficial. Él fue solidario y dijo que hablaría con el Gobierno. Sin embargo, no pudo hacer mucho y me pidió que me entendiera con la embajada. Allá me dijeron que no me invitarían”, le dijo Forst a SEMANA (lea la entrevista completa). El alto funcionario divulgará su informe el 4 de marzo y se anticipa que también generará revuelo.

La decisión, en parte, se debe al malestar que despertó su primer viaje. Presentó un informe duro y él mismo, de viva voz, aclaró que le daría un margen de maniobra al Gobierno para implementar las recomendaciones que había hecho. Pero ante la opinión toda el agua sucia le cayó a la gestión de Duque, y, al parecer, eso no gustó. Aunque el general (r) Óscar Naranjo abrió la puerta inicial de su visita, lo cierto es que este desplante terminó por darles un portazo a los relatores de derechos de las mujeres, del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, del derecho al agua y el de detenciones arbitrarias. A ninguno de ellos el Gobierno les concretó la invitación para venir.

Francisco Barbosa, fiscal general. Michel Forst, relator especial de la ONU.

Ahora bien, los Gobiernos a lo largo de la historia tampoco han visto con buenos ojos la presencia de estos funcionarios, que suelen ser muy críticos. En los ocho años de Santos, por ejemplo, no invitó a ninguno. También han jugado en el plano diplomático los desplantes que la ONU siente haber recibido por canales informales. Por ejemplo, una funcionaria de la Cancillería les dijo en una reunión que no veía razones para seguir participando en ONU Mujeres, UNFPA y otras agencias en el país. El Gobierno la desautorizó después.

Y en este mismo tono, existe un malestar de colombianos que aspiran a ocupar altos cargos de Naciones Unidas con muy buenas opciones. De hecho, el Gobierno no ha apoyado esas candidaturas para llenar vacantes, como el relator de desaparición forzada y una comisión especial de lucha contra el racismo, como sí hacen otros países con sus connacionales.

La pelea por la sustitución de cultivos de drogas

En medio del debate sobre el regreso de las fumigaciones y otras políticas de línea dura en la lucha antidrogas, hace dos semanas se supo que el Gobierno canceló el convenio que tenía con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este tenía el fin de ofrecer asistencia técnica y monitorear el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, mejor conocido como PNIS.

El exdirector de este programa, Eduardo Díaz Uribe, rechazó la decisión, pues a su juicio deja al país sin “información fehaciente y veraz de un organismo neutral y con experiencia, como las Naciones Unidas”. Dijo que este giro demostraba el “desprecio” del Gobierno por los programas de sustitución de cultivos y el compromiso de los campesinos con erradicar la coca. Apenas hace tres semanas, la UNODC entregó un alentador reporte sobre el programa que firmaron más de 100.000 familias que abandonaron sus sembríos de coca para apostarles a los cultivos alternativos.

Sin embargo, el papel de esa oficina no ha estado exento de controversia. Quienes siguen de cerca el proceso insisten en que el programa avanza a paso lento, hay problemas en los desembolsos y en los proyectos sostenibles a largo plazo. Además, varios analistas ven con desconfianza que este organismo de la ONU asuma un papel de juez y parte. Es decir, al tiempo que ayuda a sacar adelante la estrategia en el territorio, él mismo evalúa su efectividad. Los recursos que manejan son como una caja negra, y varios analistas han denunciado la poca efectividad del programa, la burocracia y el despilfarro de recursos. Según supo SEMANA, aunque no se ha hecho pública la decisión, el Gobierno está tramitando la salida de la UNODC en Viena, donde funciona la oficina principal de esa agencia. Y el Gobierno habría decidido firmar un nuevo convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad), adscrita a la OEA.

¿Recortar el alcance de la ONU?

El cuarto y gran último debate gira en torno a la negociación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF), que en este momento adelanta la Cancillería con la representante encargada como coordinadora residente. Lo que definan en la discusión permitirá concretar las áreas de cooperación en las que el sistema de las Naciones Unidas centrará su contribución en Colombia: desarrollo, migrantes y acuerdo de paz, o paz con legalidad, como solicitó ajustarlo el Gobierno cuando aceptó a regañadientes incluirlo. Con los antecedes reduccionistas, fuentes cuentan que las reuniones han sido tensionantes y los representantes no se han sentido bien tratados.

La situación no es fácil. En la comunidad internacional tiene mucho peso la opinión de las agencias –y, sobre todo, de la ONU–, mientras que en el Gobierno de Colombia hay una visión matizada. No es la primera vez que se presenta una situación semejante. La creciente entrada de los organismos multilaterales al país fue posible después de un largo proceso, siempre mirado con sospecha por algunos grupos de opinión, asociados a la centroderecha. Con los años, la presencia de los organismos de la ONU se consolidó y eso sirvió para que Colombia saliera, ante la comunidad internacional, de la lista de los países problema y fuera vista, en muchos casos, como un caso exitoso de cooperación. La firma de la paz con las Farc –muy bien recibida por la comunidad internacional– fue el paso definitivo para cambiar la visión en el exterior sobre Colombia.

La ONU reemplazó intempestivamente al representante de DD.HH, Alberto Brunori. El gobierno no avaló el nuevo nombramiento y pidió una terna. Un hecho sin precedentes.

Ese escenario está ahora en tela de juicio. Las grietas en el proceso de paz, la violencia de las disidencias, los cultivos ilícitos y el creciente incremento de la violencia alimentan una visión pesimista sobre el futuro de la paz.

Pero si algo quedó claro en los últimos años es que Colombia ha abierto caminos de esperanza gracias a su trabajo multilateral y a la presencia significativa de Naciones Unidas en el país. Ni al Gobierno del presidente Duque ni a las cabezas de los organismos de la ONU les convendría romper la fructífera cooperación de los últimos años. Y, por el contrario, continuar la búsqueda de propósitos comunes sería un clásico modelo de gana-gana para las dos partes. No hay que olvidar que, precisamente, la cooperación internacional y los buenos oficios de este organismo multilateral hicieron posibles esquemas de entendimiento difíciles para partes enfrentadas por largos años.

A estas alturas, en aras de poner fin al conflicto y salvar una oportunidad para la paz, no sobra recordar que la ONU –profundamente involucrada en la realidad colombiana– es uno de los factores distintivos que debe permitir el éxito de esa paz tan esquiva. Nadie discute que la organización sea una entidad paquidérmica y burocrática, pero aun así su papel en la Colombia de Iván Duque puede ayudar a consolidar la paz en regiones con precaria presencia institucional.

La ONU tiene ante el mundo un papel de validación y verificación del proceso y de legitimidad en los territorios, y el Gobierno no puede desconocer ese valor estratégico. Pero este, a su vez, tiene razón en que varias de las agencias de la ONU en Colombia han perdido el foco, no son efectivas y cuestan mucho. Así que, más allá de desconocer informes que dicen verdades sobre la cruda realidad colombiana, el país debería entablar un diálogo constructivo para resolver los coletazos de la violencia. Pero también debería abrir el debate sobre el papel de ciertas agencias que se han limitado a usufructuar las mieles de la burocracia con el dinero de los contribuyentes colombianos.

La diferencia entre un vínculo fructífero con la ONU y una confrontación puede traducirse en la diferencia entre consolidar la paz o continuar el conflicto.

Reacciones

Este sábado, el presidente Duque se pronunció sobre el cruce de cables entre su gobierno y esa oficina. “La razón por la cual critiqué ese reporte que hizo la Oficina del Alto Comisionado es porque ni siquiera se tomó la molestia de revisar los propios reportes de quien sí tiene el mandato de hacer esa verificación en el terreno, y hacerla en Colombia”, aseguró. El mandatario también agregó que había imprecisiones en las cifras que esa oficina entregó sobre el avance que ha hecho su gobierno con los Pdets y los proyectos productivos que se desarrollan en seguimiento a la implementación de los acuerdos del proceso de paz.

Mientras tanto, el partido de gobierno se alejó del tono crítico pero respetuoso de la Casa de Nariño. “El presidente debería revisar la relación de Colombia con las Naciones Unidas y cerrar esa oficina de la Comisionada de DD.HH., convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los DD.HH”, dijo Ernesto Macías en su cuenta de Twitter.

Por su parte, a través de un comunicado, las Naciones Unidas manifestaron que "la cooperación no solo se materializa a través de programas y proyectos sino también a través de evaluaciones sobre temas de interés nacional, de acuerdo con los diferentes mandatos aprobados".