¿Puro tilín, tilín...?

Si las cosas hubieran sido como el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, anunció hace ocho meses a SEMANA, hoy más de 3.000 nativos y colonos de Chocó ya no serían desplazados.

En esa oportunidad, el Ministro dijo que el gobierno sólo le reconocería a un grupo de palmicultores como suyas 8.497 hectáreas, de 33.580 que tiene ocupadas, y que antes de octubre del año pasado, las comunidades deberían estar retornando a estas tierras que hacen parte de sus territorios colectivos. Pero esto no ha sucedido. Al contrario, los sembrados de palma siguen avanzando -incluso desatendiendo advertencias de la Defensoría del Pueblo para que no se continúe con ellos- y las comunidades siguen denunciando atropellos.

Los megaproyectos agrícolas que se han establecido en esta zona del Urabá chocoano, específicamente en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, tienen desde hace varios años la atención de organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La razón: los originales habitantes de estas tierras fueron despojados de ellas por los paramilitares en medio de sangrientas agresiones. De ahí que este caso se ha vuelto emblemático del despojo de tierras en medio del conflicto.

En la revisión de los documentos con los que los palmicultores alegaban su posesión legal, el Ministerio y el Incoder encontraron que había títulos ilegales y falsos. Y que a algunos legítimos les habían añadido más área en cada reforma. Las empresas que operan en la zona son Urapalma-Palmura, Asibicon, Palmas de Curvaradó, Palmas S. A., Palmadó, Tuqueka, Selva Húmeda y Fregni Ochoa S. A.

Después del anuncio del Ministro, todo el asunto quedaba en manos de la Superintendencia de Notariado y Registro, que supuestamente iba a revocar los registros inmobiliarios. Así las comunidades podían volver y en caso de ser necesario, lo harían acompañados de la Fuerza Pública.

Según Fernando Álvarez, ministro de Agricultura encargado, los tiempos no se han cumplido por los cambios que hubo en Notariado y Registro tras la salida del superintendente anterior en un sonado caso de corrupción, y por algunas diferencias de criterios jurídicos con la actual superintendente. "Hay que tener cuidado como se proceda, pues el blindaje legal sobre la propiedad es muy grande y equivocarnos sería un problema para el país", dice.

Por su parte, la superintendente de Notariado y Registro, Lida Beatriz Salazar, le dijo a SEMANA que ellos han hecho oportunamente lo que les corresponde, pero que es un error pensar que con sólo su actuación el problema se soluciona. "Varias entidades tienen aquí su cuota de responsabilidad, como el Incoder, Finagro, los Ministerios del Interior y Agricultura, y nosotros por ejemplo, por eso debemos enfrentarlo todos y no dejarle toda la carga a la Superintendencia. Esto requiere una gran decisión de Estado", dice Salazar, quien asegura que ya evalúan el camino conjunto por seguir.

En el Ministerio de Agricultura aseguran que jurídicamente ya están recuperadas 5.000 hectáreas, pero que su ocupación está pendiente de que avance el resto del proceso. En tono optimista, el Ministro encargado señala que "la decisión del gobierno por resolver esta situación es firme y buscamos que antes de que termine el primer semestre de este año ya esté resuelto". ¿Un nuevo anuncio como el de hace ocho meses?

Lo preocupante es que mientras las entidades del gobierno se ponen de acuerdo entre ellas, avanzan otras reclamaciones que buscan que se revoquen los títulos colectivos de esta zona. Así lo denunció la Procuraduría General, que calificó como "un grave peligro para los derechos adquiridos" de las comunidades de la región el hecho de que algunos habitantes de la región estén pidiendo la revocatoria. A los perjudicados con esta demanda les llama la atención que quienes están tras el reclamo son personas que, según ellos, han trabajado con los palmicultores. Por ahora falta ver cuál de los dos caminos se abre paso más rápidamente: el de la decisión política que dicen los funcionarios tiene el gobierno o el de los particulares.