Putumayo: Corte Suprema absolvió a exgobernador Iván Guerrero

La Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador del departamento del Putumayo, Iván Gerardo Guerrero Guevara, acusado por la Fiscalía como autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, por supuestas irregularidades en un contrato del 24 de diciembre del 2003.

Según la decisión, conocida por SEMANA, frente al primero de estos delitos, la Corte Suprema explica que la Fiscalía no ofreció pruebas que dieran cuenta “de la materialidad de la conducta ni de la responsabilidad del acusado, ni tampoco logró desvirtuar su presunción de inocencia”.

“En conclusión, no se probó que el gobernador hubiera intervenido direccionando la etapa previa del contrato, ni que hubiese sido advertido de la existencia de alguna irregularidad”.

Por el contrario, explica el alto tribunal, “le fue entregado el documento que debía suscribir, previo tránsito del trámite por cada uno de los miembros del Comité Evaluador, y como la prueba no transmite la certeza sobre la concurrencia del tipo penal de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales (…), ha de absolvérsele de tal ilícito”, señala la providencia.

En cuanto al peculado por apropiación en favor de terceros, la Corte concluyó que “la conducta del exgobernador es atípica, es decir, no constituyó un delito, ya que no se demostró que con la celebración del contrato se hubiese incurrido en un sobrecosto, el cual es un elemento necesario para que se configure la apropiación”.

No es la primera vez que un exgobernador del departamento se ve en líos judiciales. Hace precisamente un año, la Corte Suprema condenó a 51 meses de prisión (4 años y tres meses) al exgobernador de ese departamento, Carlos Alberto Palacios, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Lo que explica el documento de la Corte Suprema de Justicia, es que la Fiscalía Novena delegada ante el alto tribunal, Carlos Alberto Palacios Palacio, exgobernador de Putumayo, y el representante legal de la Fundación Ecológica y de Desarrollo Social, FEDES, suscribieron un convenio en julio de 2005 denominado “de cooperación interinstitucional”, por el término de un año y un valor de 65 mil doscientos ochenta millones de pesos (65.280′.000.000) con el fin de “aunar esfuerzos para solucionar el problema d vivienda digna de interés social a familias del departamento de Putumayo”.

Lo anterior, a juicio de la Sala, llevó a que el convenio fuera liquidado el 28 de abril del 2006 por el gobernador encargado del Putumayo sin que se consiguiera su finalidad, luego de que se encontró que la fundación no cumplía los requisitos para desarrollar el acuerdo, como tampoco para asegurar el buen manejo de los recursos que ya habían entregados para beneficiar a por lo menos 90 familias.