Putumayo, sin víctimas por minas antipersona desde la firma del acuerdo de paz

Desde afuera, el ajedrez de madera plegable luce inofensivo. No lo es. El juguete, abandonado estratégicamente por un grupo armado colombiano al margen de la ley contiene en su interior intensificadores como puntillas, cadenas y pedazos de piñones de bicicletas que, acompañados de materia fecal -algunas veces cianuro- y una potente carga explosiva que detona después de que la víctima lo abre, es uno de los muchos aparatos utilizados para atentar contra la población civil y los miembros de las Fuerzas Armadas del país. 

Por cuenta de este tipo de señuelos, bautizados por el Ejército Nacional como “arma trampa”, Colombia registra 11.629 víctimas a lo largo del conflicto armado. El año más crítico fue el 2006 con 1.229 afectados. Aunque, en la última década, la tendencia decreció con excepción del 2012.

En el marco del posconflicto y tras iniciar un proceso de desminado conjunto entre operadores civiles y las Fuerzas Armadas, Colombia pasó de segundo al octavo puesto en la lista de las naciones con mayor cantidad de afectados por este flagelo.

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Pese a los esfuerzos gubernamentales y a la firma del acuerdo con la extinta guerrilla de las Farc en el 2016, el alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, reveló que en lo corrido del año hubo 113 víctimas por minas antipersona, traducido en un incremento del 245% con respecto al mismo periodo de 2017, cuando la cifra se ubicó en 46 heridos.

Entre tanta fluctuación, el departamento del Putumayo, al suroeste de Colombia, avanza en la dirección correcta. 

Esta región presenta números alentadores. Por ejemplo, los municipios de Colón, Sibundoy y San Francisco (en el alto Putumayo) nunca registraron afectación por cuenta de las minas antipersonales.

“Si vamos a hablar del Putumayo, dentro de los 13 municipios que componen al departamento, tenemos cerca de 400 hombres (7,4% de la capacidad nacional) trabajando en el desminado humanitario. 

Municipios como Santiago (con 3.495 mts cuadrados trabajados) y Mocoa están libres de sospecha de contaminación. Este último será declarado libre de minas a principios de diciembre”, le asegura a la Agencia Anadolu el teniente coronel Jhon Fredy Correa, comandante del batallón de desminado humanitario No 5. 

“También estamos desarrollando actividades en municipios como Villagarzón, Orito y Valle del Guamuez -dice Correa-. El desminado en Villagarzón está en un 70% y pretendemos declararlo libre de sospecha este año. Para el caso del Valle del Guamuez se espera tenerlo sin minas a mediados del 2020". 

Además, agrega el militar, "los seis pueblos restantes (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, La Hormiga y San Miguel) son trabajados por operadores civiles de desminado como la Campaña Colombiana Contra Minas y The Halo Trust, ambos certificados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y avalados por Descontamina Colombia del departamento administrativo del la Presidencia de la República”. 

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Para alcanzar estos dígitos, a comienzos de 2018 el gobierno de Juan Manuel Santos aprobó la primera campaña total e integral de desminado para un departamento en Colombia. Allí, en Putumayo, inició la intervención de 2,7 millones de metros cuadrados con presunta contaminación por minas y se destinaron USD 16 millones para cumplir con dicha meta. 

Como resultado, desde noviembre de 2016, Putumayo no ha presentado heridos por minas antipersonales.

Antes del acuerdo de paz unas 600 personas realizaban las tareas de desminado en el Putumayo. Ahora, son 5.400 individuos del ejército y una compañía de la Armada Nacional de Colombia, sin sumar a los agentes de los operadores civiles, quienes se dedican a reducir a cero el número de contaminación por minas.

Cifras significativas si se tiene en cuenta que en el marco del conflicto hubo 435 damnificados por minas antipersonal contabilizados en el Putumayo y, de estos, 110 fallecieron. 

¿El Putumayo quedará libre de minas antipersonales antes del 2021?

Según lo concertado en el Tratado de Ottawa firmado entre 133 naciones en 1997, Colombia -y por supuesto Putumayo- está en la obligación de “destruir todas las minas antipersonales presentes en zonas de su territorio” antes del 2021. 

Se calcula que el país tiene 52 millones de metros cuadrados contaminados con minas antipersona y municiones sin explotar. Este año, las organizaciones de desminado intervinieron el 53% de esa área. 225 municipios ya fueron declarados libres de minas y otros 232 se encuentran en proceso.

En esa medida, el teniente coronel Jhon Fredy Correa afirma que en el Putumayo hay una descontaminación de minas del 50%. Con base en esas condiciones Correa cree que se cumplirán los objetivos del Acuerdo de Ottawa.

Esta ambiciosa afirmación por parte de Correa es rechazada por Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas, quien aseveró que: “Colombia es uno de los países en los que no sabemos a ciencia cierta cuál es el grado de contaminación por minas antipersonales existente. Tenemos información, pero la misma necesariamente no refleja una realidad sobre el terreno. Por ejemplo, Puerto Guzmán tiene 264 veredas, de ellas, hay un buen número que tiene grandes extensiones de terreno selvático: ¿cuánto de ese espacio puede estar contaminado? Nadie lo sabe”.

Para Jiménez, en la guerra interna colombiana lo primero que se perdió fue la fiabilidad sobre lo que decían los medios de comunicación y los gobiernos de turno. “Si uno revisa 10 años atrás toda la información que fue publicada en relación al conflicto quedamos fregados ¿por qué?, pues porque en definitiva casi toda es contradictoria. Hay mucha imprecisión, sin querer decir que hay mala intención al informar", explica Jiménez.

En la divergencia de opiniones Jiménez y Correa coinciden en algo. Los dos aseguran que después del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las Farc, firmado en La Habana, concluyó de manera definitiva la instalación de minas antipersonales en el Putumayo. 

Por otra parte, el director de la Campaña Colombiana Contra Minas aseveró que el país no alcanzará el objetivo acordado en el Tratado de Ottawa por un hecho puntual: “Hay zonas del país donde aún se siguen instalando minas. Existen regiones de algunos departamentos donde este flagelo continúa. Por ejemplo, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo, en zonas de Arauca, al suroccidente de Nariño, al norte y sur del Cauca, en territorios del Guaviare, de Caquetá, de Boyacá y del Casanare hay presencia de actores armados no estatales como las disidencias de las Farc, el ELN, bandas del Clan de Golfo, los Autodefensas Gaitanistas, los Caparrapos y carteles mexicanos que siguen plantando este tipo de armas". 

Si bien es posible que el proceso de desminado en el Putumayo no alcance las metas del Tratado de Ottawa, el departamento al suroeste del país se presenta como un referente nacional que puede servir como hoja de ruta para otras zonas de Colombia. Algo que en definitiva depende de una fuerte presencia estatal en las regiones olvidadas, un mayor financiamiento para los trabajos de descontaminación y, finalmente, subraya Jiménez, “para desminar la totalidad del territorio es importante alcanzar el aclimatamiento de la paz en espacios donde las Farc ya no están. Por otro lado, el ELN le debe poner fin a la guerra contra el Estado para así descontaminar las zonas donde ellos tienen influencia".