¿Qué caminos le quedan al POT en Bogotá?

Aún es incierto el camino que tomará la Alcaldía de Bogotá con relación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), luego de que el Concejo de la ciudad no se haya pronunciado oficialmente, negando o aprobando la iniciativa.

El proyecto, que fue radicado ante el Cabildo el 10 de septiembre, tenía un plazo de 90 días para ser discutido y aprobado, pero este se venció el pasado 8 de diciembre sin ni siquiera ser discutido en primer debate en la Comisión del Plan, producto de las recusaciones e impedimentos que se presentaron, afectando su trámite.

Ahora, la alcaldesa Claudia López tiene tres caminos para decidir cuál será el futuro del POT. El primero, es emitirlo por decreto tal cual se radicó en el Concejo de Bogotá, pero esta opción es la más criticada por diferentes sectores económicos y políticos, advirtiendo que el proyecto que radicó la Alcaldía tiene muchos errores.

Camacol Bogotá, por ejemplo, señaló que si la Alcaldía emite el POT por decreto tal cual como fue radicado, “todos van a perder en la ciudad”.

“Esta opción es aquella en la que todos pierden, pues se trata de un documento incompleto, débilmente estructurado, con propuestas incoherentes que no reflejan los objetivos ampliamente defendidos por la propia alcaldesa en los últimos meses”, precisó Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá.

ProBogotá, por su parte, señaló recientemente que el proyecto inicial podría afectar la gestión del suelo, los servicios públicos y la movilidad, entre otros aspectos, por las cuales el POT no debería emitirse por decreto.

El segundo camino que le queda a la alcaldesa Claudia López es el de emitir el POT por decreto, pero haciendo modificaciones al proyecto que presentó, introduciendo las recomendaciones que se le hicieron a la iniciativa en tormentoso trámite en el Concejo.

De hecho, este camino es el que estaría analizando la Alcaldía de Bogotá, pues se encuentra estudiando salidas jurídicas para poder optar por este camino.

“Debemos analizar qué alternativas jurídicas nos quedan luego de que el Concejo no tomó una decisión de fondo sobre el POT. Vamos a analizar con mucho cuidado cómo podemos hacer que Bogotá tenga un POT, pero en el que se incorporen también muchas de las sugerencias muy oportunas de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los concejales en el POT urgente que necesita Bogotá para pagar la deuda social y ambiental”, aseguró hace unos días la propia alcaldesa López.

No obstante, desde antes que se acabara el plazo de 90 días en el Concejo, 15 concejales en una carta enviada a la mandataria local ya habían advertido que emitir el POT por decreto y con modificaciones haría que la norma sea blanco de innumerables demandas.

“Hacer cambios al proyecto presentado a partir de lo que establezcan las ponencias o un pliego de modificaciones concertado, aunque solucionaría muchos de los inconvenientes de la propuesta inicial, abre la puerta a la que norma sea luego demandada”, señalaron los cabildantes.

Por último, el tercer camino que le queda a Claudia López es el de radicar nuevamente el POT en 2022, ya con las recomendaciones que recibió el proyecto, para que así surta otras vez su trámite dentro del Concejo y pueda aprobarse mediante acuerdo político.

Este camino es el mejor visto por concejales, analistas y gremios. “Esta alternativa, además de no representar una derrota política para la administración, es una muestra de grandeza y liderazgo”, dijo el gerente de Camacol Bogotá.

Hasta el momento, lo que se conoce es que el equipo jurídico de la Alcaldía está analizando todos los escenarios políticos y aún no hay una decisión de fondo frente al tema.

Lo cierto es que radicar el POT nuevamente el año entrante tampoco sería una garantía de que el proyecto vaya a ser aprobado, mucho más si se tiene en cuenta que se pueden volver a presentar recusaciones e impedimentos, además del ambiente electoral que va vivir el país el próximo año por las elecciones presidenciales y legislativas.