¿Qué consecuencias va a tener la revelación de los contratos de las vacunas?

Un error involuntario del Consejo de Estado dejó al descubierto los contratos que firmó el Gobierno colombiano con Pfizer y AstraZeneca para la compra de vacunas contra la covid-19.

Victor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), señaló que dichos documentos no son cualquier cosa y que la “irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el Plan Nacional de Vacunación y como tal la vida y la salud de los colombianos”. Casi de inmediato, el pánico inundó las redes sociales, debido a la posibilidad de que las grandes casas farmacéuticas tomen represalias contra el Estado por la ruptura de la cláusula de confidencialidad.

Diana Rocío Bernal, profesora titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, explica que este tipo de cláusulas ponen en desventaja a los Estados, frente a las farmacéuticas, ya que negocian sin conocer los precios que la compañía les ha dado a otros países y no tienen un punto de referencia.

“El Gobierno mantiene las cláusulas, en tanto que es una obligación contractual”, señaló. No obstante, aclaró que no cree que las farmacéuticas vayan a tomar represalias importantes en contra del Gobierno, porque no fue este quien publicó el documento.

En la misma línea, Juan Camilo Contreras, un abogado experto en propiedad intelectual y derecho corporativo, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, considera que “la confidencialidad es una obligación de cada una de las partes, en este caso del Gobierno colombiano”. Como quien lo reveló no fue el Ejecutivo, ni la Fiduprevisora, cree que el contrato de su parte se ha cumplido.

Para él, lo sucedido no pone en riesgo el Plan Nacional de Vacunación. De hecho, duda que Pfizer o AstraZeneca decidan suspender el suministro de vacunas, teniendo en cuenta que a la fecha se han revelado cerca de cien contratos de esas mismas compañías con otros gobiernos del mundo, por distintas vías.

Bernal cree que asegurar que pone en riesgo el plan de inmunización es una especulación y forma de generar pánico. Incluso, porque Colombia firmó contratos con Moderna, Sinovac y Janssen, aparte de las otras dos farmacéuticas, por lo que de darse alguna demora, el país no dependería únicamente de Pfizer y AstraZeneca. Debido a eso, hizo un llamado a la calma y a no asumir lo que va a pasar, ya que es posible que el impacto sea menor al pensado.

Por su parte, Contreras dice que no cree que se vaya a suspender el envío de biológicos ni que en negociaciones futuras el cobro vaya a ser mayor.

“Ahora, sí hay responsabilidad para el Estado colombiano y es otro tipo de repercusión, y es si se incumplió el contrato firmado con esas farmacéuticas. Resaltaría que quien hizo la publicación fue el Consejo de Estado por error y no el Gobierno colombiano, lo grave es que el más alto tribunal administrativo de Colombia no sepa manejar información confidencial”, dijo en conversación con SEMANA.

De hecho, en el texto de los contratos está previsto que se tuvieran que revelar en algún punto por una orden judicial, siempre avisando previamente a la farmacéutica de dicha decisión mandatoria.

Este miércoles se adelantan reuniones entre representantes del Gobierno nacional y de las casas farmacéuticas implicadas en este caso. Después de eso, se conocerán las posibles repercusiones.