¿Qué está haciendo el Estado frente a la violencia política?

En esta Campaña, la violencia ha vuelto a ganar terreno. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 27 de octubre de 2018, fecha en la que se inició la inscripción de cédulas, y el 27 de agosto de 2019, se registraron 364 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. Así mismo, se han encontrado 224 amenazas, 91 asesinatos, 45 atentados, 2 secuestros y 2 desapariciones. A esas cifras hay que sumarle el asesinato de Orley García, candidato a del Centro Democrático a la alcaldía de Toledo (Antioquia) , la semana pasada. En plata blanca, en el país están asesinando un líder político, social o comunal cada tres días.

Ver: En cinco meses la violencia electoral ha dejado 80 víctimas en Colombia

Esas cifras contrastan con las de 2015, las elecciones mas pacíficas en la historia reciente. Si bien en ellas hubo actos de corrupción, bajaron notablemente los indicadores de violencia. De hecho el regstador de entonces, Carlos Ariel Sánchez, asi lo aseguró. “Históricamente Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Meta han sido departamentos que nos han generado dificultades, pero no se han presentado informes al respecto en el Comité Nacional de Seguimiento Electoral. De todas formas estamos al tanto de cualquier novedad o información a la que debamos hacer seguimiento”, dijo una semana antes de los comicios.

Ver: La terca violencia política

Hoy varias de esas regiones volvieron a tener los peores indicadores en violencia electoral. Son varias las razones que explican este contraste frente a 2015. SEMANA le preguntó al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, las razones que llevaron a este aumento. ¿Qué están haciendo para atacar el problema?

SEMANA: ¿Qué explica el contraste con las elecciones de 2015, que fueron las más pacificas?

Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez: “Los procesos electorales se han adelantado en medio de mucha violencia. En las regionales del 2011 se presentaron 38 hechos contra candidatos. En las de 2015, 28 y lamentablemente en  este proceso electoral van 17 casos. Aunque hay una disminución, la cifra es muy preocupante. Indiscutiblemente el narcotráfico, la minería ilegal y los carteles de la contratación han generado economías ilegales que conllevan enfrentamientos por el poder territorial, los cuales son con armas, con dineros, con intimidación, razón por la que hemos hablado de 130 municipios en riesgo de ser cooptados por esos delincuentes”.

Defensor del Pueblo, Carlos Negret: “El fenómeno puede tener explicación en los intereses que tienen los violentos en que la paz no se consolide para así poder explotar las economías ilegales del narcotráfico, la minería ilegal no artesanal, el contrabando y la extorsión.  Vale la pena recordar que la violencia y la guerra son el único telón con el que cuentan los violentos para hacer sus fechorías”.

Procurador, Fernando Carrillo: “Los colombianos no nos vamos a dejar expropiar la paz, a cuenta de grupos de delincuentes. En recientes elecciones justamente empezábamos a disfrutar los efectos de caminar hacia la convivencia y la superación del conflicto. Hoy, grupos ilegales atizados por el narcotrafico, la minería ilegal, la economía ilegal en general, y ahora motivados por reductos de quienes nunca le jugaron al acuerdo de paz, pretenden ensombrecer las elecciones de octubre. Hoy no hay siquiera una posible referencia a justificaciones ideológicas en que pretendan sustentarse acciones violentas”.

SEMANA: ¿Qué están haciendo el gobierno y su entidad frente al problema?

Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez: “El gobierno del presidente Iván Duque les declaró la guerra a esas organizaciones criminales desde el primer día  En materia electoral, el 16 de noviembre de 2018 se aprobó el Plan Nacional de Garantías electorales.  El pasado 8 de julio el presidente presentó el Plan Ágora, estrategia de alcance nacional que busca garantizar transparencia y seguridad en las elecciones. Sus acciones tienen una visión de estado, por eso se convocó a la rama judicial, a los órganos de control, de investigación, a la organización electoral, a los partido políticos y a la sociedad civil, con quienes se diseñó la ruta de trabajo, que entre otras vincula al plan Democracia que lidera la fuerza pública. Todas las entidades se incorporaron al Grupo de Reacción Inmediata Electoral que ha dado resultados concretos, por entidades, de acuerdo con su competencias. Lo primero fue la articulación que combina inteligencia , investigación, judicialización, con la participación de la gente y la información abierta. Esperamos que los resultados se comiencen a dar antes de las elecciones, para que sean oportunos.

Estamos haciendo presencia regional. Hemos estado en 44 Comisiones departamentales de seguimiento electoral. El pasado 15 de Agosto se creó el Comité de Coordinación y Recomendación de medidas de Protección Electoral, CORMPE,  entre el ministerio de interior, UNP y Policía Nacional. Ha sesionado 10 veces para analizar  las 445 solicitudes de protección, sobre las que se han definido a la fecha, 392 medidas de protección En esta semana hicimos Comité de seguimiento con los partidos y una comisión de seguimiento a la alerta temprana de la defensoría del pueblo. El próximo lunes el Presidente Duque convocó a todas las entidades a un seguimiento del Plan Agora, en donde se evaluarán resultados y se definirá lo que sigue”.

Defensor del Pueblo, Carlos Negret:  "Además de los procesos de alertas, acompañamiento y seguimiento de la Defensoría, el Gobierno se está articulando en torno al Plan Democracia y el Plan Ágora, que deben dialogar en sus acciones para hacer frente a esta arremetida violenta y arbitraria que sufre nuestro país en esta época electoral". 

Procurador, Fernando Carrillo: “La Procuraduría desde 2017 se organizó para defender la paz y los lideres sociales. La campaña Lidera la Vida hizo visible la necesidad de protegerlos y ahora hemos procedido a conformar un puesto de mando unificado electoral, para coordinar con las autoridades nacionales y territoriales la protección de los candidatos. Construimos el indicador de riesgo electoral y hemos articulado presencia en los territorios con mayor nivel de afectación, evaluado las condiciones de seguridad para el ejercicio de la política. Todo ello teniendo detrás el programa Voto Limpio, que implica la actuación del Ministerio Publica para garantizar unas elecciones sin trashumancia, con costos regulados y razonables, sin xenofobia y con plenas condiciones de transparencia, sin funcionarios públicos haciendo política”.