¿Qué está pasando con la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz? JEP pide investigar

35 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados es una cifra que no pasa desapercibida, deja en evidencia la cruda realidad en cuanto a protección de quienes dejaron las armas y le apostaron a la reconciliación. Esta es la situación de los exguerrileros tras el Acuerdo de Paz en La Habana.

Por esa razón, la JEP acaba de pedir a Procuraduría investigar lo ocurrido con estas personas que, entre otras cosas, habían solicitado activar su ruta de protección. Puntualmente, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP le pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue las posibles fallas cometidas que pueden estar afectando el mandato constitucional de ofrecer garantías de seguridad a esta población.

La petición se dio tras concluir una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por la JEP, y los magistrados también le solicitaron a la UNP que implemente una metodología de análisis de casos, basada en los patrones de victimización.

Esto significa que, por la cantidad de homicidios contra los ex-Farc, se pidió abandonar la perspectiva caso a caso y “la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias nacionales y asignar las órdenes de trabajo a los analistas que ya conozcan los patrones, con el fin de evitar demoras prevenibles en el trámite de información que se requiera evaluar”.

Ante el director de la UNP, Alfonso Campo, y el Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, la Sección también recomendó “implementar (...) un procedimiento rápido que permita atender las amenazas a comparecientes, cuyo motivo de fondo sea una oferta de reclutamiento ilegal. E insistió en que es necesario crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos que directamente impactan la misionalidad del Sistema Integral para la Paz”. En muchos casos, estos comparecientes son asesinados por no aceptar el ofrecimiento de los grupos ilegales y en otros casos se tienen que desplazar o terminan reincidiendo.

En total, la JEP detectó cinco fallas:

1) En la remisión efectiva de las solicitudes de protección que presentan diferentes instituciones del Estado a la Subdirección Especializada de la UNP.

2) Por omisión o ausencia de implementación de las medidas de protección que se adoptan tiempo después de ordenarse.

3) De articulación y comunicación entre el equipo de analistas de la Subdirección Especializada y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.

4) En la evaluación del nivel de riesgo en el que se categorizó.

5) En la respuesta oportuna a las solicitudes de protección presentadas.

Los investigadores de la UIA concluyeron que, “de los 35 casos examinados, transcurrieron diez meses en promedio, entre la presentación de la solicitud de protección y el asesinato del compareciente. Además, la mayoría de los casos quedaron en la etapa de análisis de riesgos. Hay casos, por ejemplo, que fueron calificados como de riesgo ´ordinario´ y los homicidios fueron consumados”.

Uno de los casos que cita la JEP, además, es el de Edwin Herney Barrios Parra que fue asesinado el 8 de junio de 2021 y la resolución que confería las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección fue adoptada el primero de septiembre del mismo año. Es decir, tres meses después de su asesinato. Asimismo, sucedió con el crimen de Carlos Cemilo Iter, quien fue asesinado el 25 de septiembre de 2019 y el trámite continuó después de su muerte hasta el 30 de abril de 2020, cuando se emitió la resolución de protección.