Análisis
¿Qué fue lo que acordaron el presidente Iván Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional?
Fueron 17 años los que estuvo Colombia bajo observación de la Corte Penal Internacional por el cumplimiento y celeridad en las investigaciones por violaciones a derechos humanos. Ahora inicia una nueva etapa en la que la meta es fortalecer la justicia.
Seis páginas condensan el acuerdo firmado esta semana entre el presidente Iván Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, con el que se archiva la investigación preliminar que desde hace 17 años mantenía la “lupa” sobre casos relacionados con desplazamiento forzado, delitos sexuales en el conflicto y falsos positivos, entre otros.
Las implicaciones del acuerdo obligan a las instituciones en el país, especialmente a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía a ser más ágiles y eficientes para evitar una nueva observación sobre Colombia. En el trascendental documento, el Gobierno Duque se comprometió a continuar apoyando los procesos de la justicia ordinaria, al sistema de Justicia y Paz (paramilitares) y a la JEP (Farc).
Entregará presupuesto para la rama judicial y brindará protección a jueces, fiscales y comparecientes. Todos estos avances tendrán que ser informados a la Fiscalía de la Corte Internacional.
Analistas consultados por SEMANA coinciden en que el acuerdo implica una mayor responsabilidad de las instituciones para fortalecer la justicia. En el caso de la JEP, que tiene en sus manos el juzgamiento de las Farc por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, le corresponderá, en el marco de la justicia retributiva, mostrar efectividad en la verdad y sanción de los hechos.
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El acuerdo robustece el sistema transicional, representado en la JEP y la Ley de Justicia y Paz, pues si hay algo que dejó claro el Gobierno es que se garantizará la seguridad de los comparecientes. Se permitirá a dicho tribunal operar pese a los “cantos de sirena”, que piden derogarla.
Hace varias semanas, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado había enviado un informe de 129 páginas en el que se destacaba, por ejemplo, el avance en más de 25.000 investigaciones por la desmovilización de grupos armados al margen de la ley.
SEMANA consultó a Camilo Gómez, director de la ANDJE, quien explica que este acuerdo no es el resultado de un trabajo de pocos, sino que es el fruto de conversaciones que vienen desde hace más de un mes. Pero Gómez va más allá, cuestionó al presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, por haber insinuado que la firma del documento fue producto de una imposición.
“El presidente, consciente de la fortaleza de la justicia en Colombia, dio los vistos buenos, aquí no hubo una obligación de firmar nada. Hubo un deseo de fortalecer la justicia y así lo hizo”, afirma Gómez.
En todo caso, el “balón” queda en la cancha de Colombia, y el acuerdo no significa que los ojos de la Corte Penal no volverán a estar sobre el país. Puede volver a intervenir para verificar que los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, como contar la verdad y asegurar la no repetición, se cumplan de manera efectiva.
