¿Qué hacer con los vándalos?

Los hechos se repiten una y otra vez. Por un lado, miles, decenas de miles o cientos de miles de ciudadanos, estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos, etc., que salen a las calles a ejercer el legítimo derecho a la protesta de forma pacífica y ordenada. Esta mayoría respeta los derechos de otros ciudadanos que no participan en la movilización, y cumple los protocolos y rutas establecidas y coordinadas con las autoridades locales. Pero por el otro lado, recurrentemente aparecen grupos de vándalos camuflados entre los manifestantes. Empiezan primero con bloqueos a los sistemas de transporte, siguen con el vandalismo y la destrucción de infraestructura pública y privada. Continúan con ataques a la fuerza pública y la situación termina al final de la tarde o la noche con enfrentamientos, literalmente, en batallas campales. 

Parece un libreto que estamos condenados a repetir una y otra vez, a menos que como sociedad tomemos acciones para distinguir a aquellos que marchan pacíficamente y manifiestan sus inconformidades de quienes pretenden generar caos, desorden, vandalismo y destrucción. Para los primeros, respeto y garantías para ejercer el legítimo derecho a la protesta; para los segundos, acciones contundentes para capturarlos y judicializarlos de manera pronta y efectiva. Son pocas las marchas o protestas recientes en las que esta historia no se haya repetido una y otra vez. La primera excepción que viene a la cabeza es la multitudinaria marcha contra las Farc en 2008. 

Hay que ser claros en varios puntos. Primero, cualquier análisis responsable y riguroso de los hechos ocurridos esta semana no puede partir de la premisa de que los dos grupos son iguales o tienen los mismos objetivos. Segundo, como dijo José Manuel Acevedo, debemos distinguir a los líderes políticos, de oposición o no, que llaman a manifestaciones y protestas pacíficas de aquellos que continuamente llaman a la anarquía, al sabotaje e invitan a violar las normas legales. Tercero, no sobra recordarles a quienes pretenden generar caos y violencia camuflándose entre los manifestantes pacíficos que la Constitución colombiana ampara y protege el legítimo derecho a la protesta, pero en ninguna parte dice que los actos vandálicos y de destrucción sean formas legítimas de manifestación de inconformismos (así algunos que se hacen llamar líderes pretendan lo contrario, y lo promuevan). Que no se equivoque el segundo grupo, y que tampoco se equivoquen líderes políticos irresponsables que pretenden de forma velada vender la idea entre sus bases políticas de que el vandalismo, la destrucción y los ataques a la fuerza pública son formas legítimas de manifestar inconformismos y lograr cambios sociales, económicos o políticos.

Sería un error considerar que los actos criminales de vandalismo, destrucción, saqueos y ataques contra la fuerza pública observados en las protestas durante los últimos años son hechos aislados y esporádicos. Lo que han hecho estos colectivos requiere organización, estructura y recursos. Estos son grupos anárquicos cuyo objetivo es generar caos y desestabilizar el orden público. Las autoridades judiciales y de policía deben fortalecer los procesos de investigación criminal y crear burbujas de inteligencia que permitan entender qué y quiénes están detrás de estos grupos; qué fuentes de financiación reciben, y si existen nexos con grupos armados organizados como el ELN o las disidencias de las Farc. 

Muy seguramente las autoridades judiciales y de policía ya han avanzado en muchas de estas dimensiones, pero a estas investigaciones se les debe dar la máxima prioridad desde el Gobierno nacional. Adicionalmente, los procesos de judicialización de personas capturadas en flagrancia vandalizando la infraestructura pública, destruyendo o saqueando locales comerciales o viviendas, o atacando a la fuerza pública deben ser mucho más efectivos. No se trata de crear nuevos tipos penales ni de aumentar penas, sino de hacer cumplir la ley que ya está y de que las autoridades judiciales actúen de manera más articulada para castigar estos comportamientos que afectan la seguridad ciudadana y el orden público.

Los hechos ocurridos esta semana fueron suficientemente graves para hacer este llamado, pero no perdamos de vista que no son sucesos aislados que ocurrieron solamente esta semana. Recordemos, por ejemplo, que hace poco más de un año, cuatro personas que manipulaban materiales explosivos mientras fabricaban artefactos en las instalaciones de la sede de la calle 72 de la Universidad Pedagógica para atentar contra la fuerza pública resultaron heridas tras la explosión de estos elementos. De acuerdo con las autoridades judiciales que atendieron el caso, la tragedia no fue mayor porque una de las paredes del salón era de drywall y esto permitió que la onda explosiva se dispersara. O también, los hechos documentados por medios de comunicación en otra jornada de protestas estudiantiles en donde se observan unos individuos con bazucas artesanales disparando desde el techo de un edificio universitario contra la fuerza pública y la población civil que se encontraba en los alrededores de esa universidad.  

Hechos como los anteriormente descritos muestran que hay que hacer también un trabajo con los directivos de las universidades para prevenir este tipo de acontecimientos, e impedir que personas ajenas a la universidad –que pretenden ampararse y aprovecharse de la autonomía universitaria– utilicen las instalaciones para fabricar elementos explosivos destinados a atentar contra la fuerza pública durante las jornadas de protestas. De nuevo, no podemos confundir la autonomía universitaria –entendida como la libertad de cátedra, de debate libre e informado, de respeto a las ideas diversas– con espacios físicos donde no impera la ley colombiana. Pretender lo contrario y no denunciar ante las autoridades la presencia de individuos que están cometiendo actos delictivos y planificando acciones terroristas contra la fuerza pública es poner en riesgo la vida de la comunidad universitaria: los estudiantes, los profesores, el personal administrativo y de servicios. 

De ninguna manera este es un llamado a que la fuerza pública entre a las universidades en situaciones en que no hay alteraciones del orden público o riesgos para las comunidades universitarias; pero si hay individuos ajenos a la universidad manipulando elementos explosivos para cometer atentados contra la fuerza pública, los primeros interesados en que esto no ocurra deberían ser los mismos miembros de la comunidad universitaria.

Las autoridades nacionales y locales deben garantizar el derecho a la protesta y que este derecho se pueda ejercer libremente, pero también tienen el mandato de preservar el orden público y proteger a los ciudadanos en casos en los que se presenten desmanes, vandalismo y destrucción. Encontrar un equilibrio adecuado y hacer un uso proporcional de la fuerza en el control de los desmanes y el vandalismo es un reto de política enorme. Cualquier abuso o exceso en el uso de la fuerza por parte de las autoridades también debe ser investigado y castigado con la máxima contundencia. Como sociedad, debemos trabajar por evitar cualquier tipo de violencia.

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*Profesor Asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y exsecretario de Seguridad de Bogotá.