Los hilos ocultos tras el fenómeno en las calles

Quienes marcharon para reclamar al Gobierno no fueron los mismos que generaron la violencia el día de las movilizaciones. Los demonios del vandalismo aparecieron en la noche. El jueves, mientras tenía lugar el abrumador cacerolazo ciudadano, encapuchados ajenos a los convocantes a las marchas comenzaron a hacer de las suyas.

Una zozobra que no se vivía en años se esparció rápidamente. Fue en ese momento en que se fracturó la protesta. Por un lado estaban quienes mayoritariamente se movilizaron para reclamarle al Gobierno por sus insatisfacciones. Pero de otro, llegaron los delincuentes, las capuchas, las piedras, las armas. La pregunta es: ¿de dónde salieron? ¿Era una mezcla de vándalos, ladrones, grupos radicales o células guerrilleras? ¿Todas juntas? ¿O simplemente hubo quienes aprovecharon el desorden? ¿Se infiltraron en las marchas?

El centro de Bogotá se convirtió en un escenario de enfrentamientos entre el Esmad y los encapuchados. Los daños en la capital costaron más de 20.000 millones de pesos.

Las autoridades manejan hipótesis que indican que varios brotes de violencia estuvieron supeditados a pequeños grupos ya organizados. Sin embargo, lo cierto es que en el álgido panorama vivido en Bogotá hubo varios ingredientes.

El primer elemento que influyó para que se agitaran algunos de los actos vandálicos tendría asidero en pequeñas estructuras ya conformadas para delinquir en la ciudad. Fuentes de inteligencia le dijeron a SEMANA que grupos radicales que están infiltrados en universidades, células políticas y hasta barras bravas de equipos de fútbol agitaron los disturbios y saqueos desde los días anteriores al paro nacional.

Un grupo radical que está integrado por decenas de infiltrados en diversas universidades de la capital se habría conectado con una barra brava, según información de las autoridades. Ese grupo violento ha sido el protagonista de los disturbios más fuertes que ha habido recientemente en los claustros educativos, y se caracteriza por el poder que tiene en el uso de artefactos explosivos.

SEMANA se abstiene de detallar las identidades de estas organizaciones en la mira de las autoridades. Los investigadores creen que estos mismos estarían detrás de las provocaciones que desembocaron en varios saqueos, especialmente en el sur de la capital.

Frente a lo que ocurrió en la localidad de Suba –donde hubo ataques a la estación de TransMilenio e incendiaron una moto y algunos contenedores–, los investigadores dicen que desde un par de días antes al paro hubo miembros de una organización política instigando a la comunidad del sector. La planeación habría llegado al punto de señalarles blancos y formas de atacar en la zona.

Desde las nueve de la noche el alcalde decretó toque de queda en toda la ciudad. La mayoría de las calles quedaron vacías, aunque persistieron focos de concentración de manifestantes. 

Lo ocurrido en esta localidad al norte de Bogotá tuvo su momento crítico el jueves hacia las siete de la noche. Varios objetos ardían en la mitad de la calle y hacían vaticinar lo peor. Algunos encapuchados se habían tomado las plazas y los andenes. La tensión se sentía en cada esquina, sobre todo entre quienes no podían regresar a sus casas tras la jornada laboral.

A pocas cuadras de allí, una veintena de desadaptados cogían a piedra los ventanales de la estación de TransMilenio. Operadores de esta empresa, encerrados, pedían auxilio. Al siguiente día, la policía aún intentaba tomar el control de esta parte de la ciudad.

Pero la situación más densa se vivió el viernes al sur de Bogotá. Sobre todo en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Soacha también fue un eje confrontaciones entre el Esmad y los agitadores. En Meissen, por ejemplo, hubo un momento en que parecía que la situación se salía de control. Un grupo de vándalos secuestró un bus del SITP y lo estrelló contra la puerta de un supermercado que terminó saqueado. La escena era peliculesca, pero al mismo tiempo preocupante.

Hubo más imágenes fuertes. En Patio Bonito, localidad de Kennedy, tres encapuchados se acercaron a una mujer policía, la despojaron de la moto y le lanzaron cualquier cantidad de piedras. La uniformada, que llevaba puesto el casco, alcanzó a recibir varios golpes en la cabeza. Al final no tuvo más opción que huir del lugar. Los delincuentes se quedaron con el vehículo oficial y lo arrastraron. Los hechos fueron captados por vecinos del sector.

De otro lado, los choques entre el Esmad y los violentos se extendían hacia el sur por diversas estaciones de TransMilenio, al punto que buena parte de este polo de la ciudad quedó aislado. Muchos ciudadanos que se movilizaban en los articulados tuvieron que bajarse y andar a pie para llegar a su destino. Otras estaciones fueron militarizadas. Mientras tanto, videos en redes sociales mostraban saqueos a casas, pequeños comercios y destrozos en vías y mobiliarios urbanos.

Detrás de los actos vandálicos no solo estuvieron pequeños grupos organizados. También hubo quienes pescaron en río revuelto. A medida que se fueron desatando los desmanes, delincuentes que solo querían robar se unieron a las trifulcas.

El ambiente además estaba precedido por un sentimiento de represión excesiva. No fueron pocos los integrantes del Esmad que desde el jueves aparecieron en videos ciudadanos sobrepasándose en el uso de la fuerza.

Mucha gente se sentía desafiada por las autoridades desde una semana antes del paro. Hubo decisiones de orden público inéditas que en la víspera a las movilizaciones sonaban excesivas para algunos. Una de ellas fue el cierre de las fronteras y el acuartelamiento de los militares bajo la categoría de “alerta máxima”. Además de una treintena de allanamientos policiales cuestionados, incluso contra un medio de comunicación cultural y varios espacios artísticos en los que no se encontraron pruebas de nada. La Fiscalía decretó la ilegalidad de algunos de estos procedimientos.

Todos estos ingredientes se juntaron para producir un desenlace lamentable. Solo los daños en Bogotá sumarían más de 20.000 millones de pesos en pérdidas. El presidente Iván Duque habló de 146 capturados en todo el país. Además de los saqueos y el caos en Cali, dos personas murieron en Buenaventura y una más en Candelaria. Otros 122 manifestantes resultaron heridos. Por el lado de la fuerza pública, hubo 153 lesionados. Al cierre de esta edición, las cifras seguían aumentando.

La plaza de Bolívar, escenario de las movilizaciones más icónicas en el país, se fue llenando al final de la tarde. Manifestantes se habían citado allí para replicar el cacerolazo del día anterior. Cuando ese espacio ya estaba casi abarrotado, entró el Esmad y los dispersó con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. En ese momento rondaba la incertidumbre. El anochecer llegó cuando la tensión estaba en el punto más alto.

Al norte de Bogotá las calles lucían desocupadas, mientras que en el sur se terminaban de apagar los últimos brotes violentos. A eso de las seis de la tarde, Duque anunció el toque de queda en la capital. “Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la fuerza pública y aumentar las capacidades de inteligencia. He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos, y he solicitado al señor fiscal general de la nación la inmediata movilidad del CTI cuando se precise”, señaló. El mandatario también anunció el refuerzo de 4.000 soldados para los puntos más críticos.

Mientras hablaba, sin embargo, nuevamente sonaban las cacerolas. A miles de personas los tomó la noticia en su trabajo. Fueron horas angustiantes para muchos bogotanos del común que no entendían bien qué implicaciones tenía para ellos la medida. El parque de los Hippies era uno de los pocos lugares que seguía albergando gente. No obstante, hacia el comienzo del toque de queda la ciudad estaba casi vacía.

Después de lo ocurrido, el desafío para las autoridades es grande. Para que estos lamentables hechos no vuelvan a suceder es muy importante que los protagonistas de los actos de violencia y delitos contra los bienes públicos sean castigados con todo el peso de la ley. Esto no solo significa un reto para la inteligencia en su labor de identificarlos y capturalos sino para la Fiscalía y los jueces, para condenarlos. 

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