¿Qué hay detrás del proyecto que acaba de firmar Iván Duque y que niega la conexidad del delito político y el narcotráfico?

El presidente Iván Duque acaba de firmar el proyecto con el que buscaba eliminar la conexidad entre los delitos del secuestro y el narcotráfico con los delitos políticos. Esa fue una de las banderas más agitadas por los promotores del No en el plebiscito, quienes argumentaban que esa conexidad hacía parte de los acuerdos de paz con las Farc, y fue posteriormente incorporada en la campaña de Iván Duque.

            A pesar de referirse a un tema tan complejo, la ley tiene pocos artículos. El primero se refiere a que “en ningún caso”, los delitos de secuestro y los asociados con el narcotráfico, serán conexos a los políticos, ni amnistiables, ni indultables. El segundo propone que, también en ningún caso, esos delitos serán considerados como conductas dirigidas a facilitar, apoyar o promover la rebelión. Y el tercero, ordena que esas normas se cumplan después de su promulgación.

            En el terreno del discurso político, la Ley es popular. A muchos ciudadanos, la idea les suena bien y, aunque los colombianos no ubican el narcotráfico entre los principales problemas que los aquejan, ha ido en aumento la percepción de gravedad del tema. Según la última encuesta de Invamer realizada para SEMANA, Caracol TV y Blu Radio, en mayo de 2017 el 0,7 por ciento de los encUestados consideraba que ese era el principal problema del país. En septiembre esa cifra llegó al 3,1 por ciento.

Ver: Gobierno Duque gana una batalla narcotráfico y secuestro no tendrán conexidad con delitos políticos

            A pesar de la popularidad que puede lograr una iniciativa como estas, y la coherencia que guarda con el discurso político del presidente Duque, entre juristas y expertos en el conflicto armado, no es claro que la iniciativa sea necesaria, por un lado, y aplicable, por el otro.

            Frente al artículo que establece que en ningún caso los delitos asociados con el narcotráfico serán considerados conexos a los delitos políticos, ni serán amnistiables ni indultables, exministros, exnegociadores de paz y académicos aseguran que no es necesario negar la conexidad, pues esa conexidad nunca ha existido como tal. En otras palabras, que en ninguna norma anterior se considera que el narcotráfico o el secuestro son amnistiables por sí mismos, y que lo que se ha amnistiado es la rebelión, que la historia reciente ha sido financiada con esas conductas.

            Esta última idea fue considerada en el proyecto incial de  la Ley de Justicia y paz de 2005, en la que paradójicamente el uribismo defendió la alternatividad penal para paramilitares que no hubieran tenido como el fín último de sus actividades el narcotráfico. Ese planteamiento implicó que la alternatividad sí fue posible para aquellos que usaban el narcotráfico no para un enriquecuimiento personal, sino para mantener la organización dedicada a  la ‘sedición’, una conducta propia del conflicto armado. Varias sentencias de la Corte Suprena de Justicia han establecido, desde 2010, que frente a casos específicos de personas vinculadas al narcotráfico y a las autodefensas, el narcotráfico puede ser considerado un delito relacionado al conflicto.

            Desde la campaña, el uribismo ha insistido en qe se deben hacer ajustes a esos acuerdos y recientemente, el canciller Carlos Holmes afirmó ante la ONU que uno de esos ajustes sería modificarlos para que el narcotráfico y el secuestro no fueran amnistiables.Pero más allá de que la de conexidad entre narcotráfico y delito político sea difícil de definir, en el caso de los acuerdos de paz, sus protagonistas insisten en que la amnistia a esos delitos nunca se contempló en La Habana. En una reciente columna, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, asguró: “La motivación principal de voceros del Centro Democrático ha sido la de no amnistiar el narcotráfico… En La Habana dijimos que las conductas asociadas con el narcotráfico que no tenían como fin la sustanciación de la rebelión, eran delitos comunes. Ni siquiera entran a la JEP”. En los últimos días el exministro Guillermo Rivera también ha insistido vía Twitter en que ni el narcotráfico ni el secuestro son amnistiables. Así quedó claro en la Ley de Amnistía aprobada el año pasado y en la que esos dos delitos no se contemplan. “Prohibir que esos delitos sean amnistiados o indultados significa prohibir la conexidad con la rebelión (delito político)”, le respondió Rivera al comisionado de paz Miguel Ceballos cuando este aseguró en una entrevista radial que frente a las modificaciones planteadas por el presidente Iván Duque a los acuerdos de paz con las Farc, está el que “no exista conexidad hacia el futuro”.

            A  la anterior controversia se suma otra más profunda. Esta tiene que ver con la posibilidad de negar la conexidad entre secuestro, narcotráfico y conflicto armado, así esos delitos se hayan usado para financiar la rebelión. Eso es lo que propone el segundo artículo del proyecto del gobierno al decir que en ningún caso esos delitos serán considerados como conductas dirigidas a facilitar la rebelión. En plata blanca eso implica cerrarle las puertas a cualquier negociación con el ELN, la única guerrilla que por ahora queda viva. Aunque en 30 años de existencia ese grupo ha insistido que ha tenido un deslinde con el tráfico de drogas, es difícil creer que no se hayan relacionado con alguna de las etapas del narcotráfico. De hecho, sus estructuras se han afianzado en corredores usados por los narcotraficantes y el ejército ha desmantelado laboratorios en zonas de dominio de ese grupo. Por si fuera poco, históricamente el ELN también se ha financiado con el secuestro.

            Sin embargo, pesar de ser una de las banderas uribistas y de estar incluidas en el proyecto recién sancionado, la idea de acabar la conexidad ha tenido variaciones en el discurso presidencial. En campaña, el candidato Duque insistió en que los miembros de las Farc que hubieran participado de narcotráfico o secuestro, independientemente de si lo hacían o no al servicio de la guerrilla, deberían perder incluso sus derechos políticos. Una vez se posesionó, señaló que el proyecto para prohibir cualquier tipo de conexidad no afectaría a la Farc, que por haber firmado un acuerdo de paz gozan de un principio de favorabilidad. Es imposible que, con esta ley, pueda satisfacer electoralmente a quienes votaron por él para que algunos de los congresistas elegidos por la exguerrilla pasen de sus curules a la cárcel.

            Finalmente, el Gobierno argumenta que al prohibir cualquier tipo de conexidad entre secuestro, narcotráfico y delito político a futuro, está el interés por preservar la salud pública y la comunidad. Según ese enfoque, el delito político habría alimentado al  narcotráfico y no al revés.  Ese es un planteamiento ideológico, que pasa por la idea de algunos sectores de derecha de desconocer el conflicto armado. Pero ese es un debate aún más complejo.