La historia y los detalles pocos conocidos de la tutela que frenó caducidad de polémico contrato con Centros Poblados

Una medida cautelar suspendió los efectos de la caducidad del contrato que por estos días está en el “ojo del huracán”, por cuenta del escándalo entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados en la que están embolatados 70.000 millones de pesos. Pocos detalles han salido a la luz sobre este episodio, como el hecho de que Centros Poblados contrató a un exmagistrado para presentar la tutela. Finalmente, el juez rechazó la tutela pero el lio se mantiene.

La ministra Abudinen señaló en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes: “Aquí los contratistas nos han dilatado muchas acciones en este proceso, el juez ya rechazó la acción de tutela, porque él mismo se dio cuenta que no era el competente. Eso también es prevaricar, es dilatar los tiempos”.

En este caso, la decisión del juez Alberto Mario Ospino se dio tras revisar la tutela presentada por el consorcio Centros Poblados en que defienden su inocencia durante el proceso que ha estado en el centro de la discusión, especialmente en redes sociales. Inicialmente el juzgado declaró que había aceptado el recurso y que se pondría freno a la caducidad del contrato, ayer tarde se conoció que el recurso fue rechazado.

La tutela fue presentada en nombre de Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal y quien consideró, a su juicio, que las decisiones del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación violaron el debido proceso y afectaron gravemente a las empresas asociadas en la adjudicación del multimillonario contrato.

El abogado Francisco Bernate, profesor de la Universidad del Rosario, explica: “es importante entender que la caducidad es la sanción más drástica o importante que existe en lo contractual. Significa que el contratista no ha cumplido y se le impone esa sanción en la cual se termina el contrato y él tiene que asumir una sanción de no poder volver a contratar con el Estado. Es por eso que semejante sanción tan drástica debe estar rodeada del debido proceso. Si en este caso se acredita el uso de una póliza presuntamente falsa pues sí debe abrirse el debate, para determinar hasta qué punto eso genera una caducidad”.

Y agrega Bernate: “Sí se aprecia vulneración al debido proceso porque no se les permitió el aporte de pruebas, el dar explicaciones, no se dieron las garantías, pues por vía de tutela que parece es por donde se están yendo las cosas, el juez lo que puede hacer es ordenar que se respete el debido proceso previo a declarar esa caducidad. Básicamente, que deben respetarse esas garantías”:

Ante el escándalo que se ha desatado en el país por la posibilidad de que se pierdan 70.000 millones de pesos, en un acto de corrupción que había sido advertido hace más de un año, pero que en MinTIC no tomaron medidas para frenarlo y, por el contrario, le entregaron el contrato a la Unión Temporal Centros Poblados, la ministra fue citada a debate de control político en el Congreso, donde señaló que fue engañada.

Por su parte, Julio Orozco, abogado, señala: “Es importante precisar que el juez no puede fundar su fallo en relación a los problemas que vive el Gobierno frente a su contraparte allí: Centros Poblados. Sólo puede verificar si el derecho fundamental al “debido proceso” ha sido vulnerado, razón por la cual suspende todo, para poder, en pocas horas, auscultarlo. Así, el MinTic descorrerá hoy el traslado para probar que la caducidad se hizo al pie de las leyes, y hasta allí se tramitará tal acción de tutela”.

Precisamente, luego de aceptar una tutela de la unión temporal Centros Poblados, los contratistas que se quedaron en un primer momento con el millonario contrato para la conectividad de más de 7.000 colegios en las zonas apartadas del país, el juzgado promiscuo Municipal de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, acogió una de las medidas cautelares que solicitó el contratista respecto de la caducidad y el embargo de las cuentas de las empresas vinculadas.

Óscar Sierra, abogado penalista, explica: “Vale la pena mencionar que las medidas cautelares se utilizan para proteger los derechos que se encuentran en conflicto, que estas usualmente se solicitan por parte del accionante y que la determinación de ser temporales o de permanecer en el tiempo la toma el juez al momento de proferir su fallo”. Y agrega que: “Conforme a lo anterior, la Unión Temporal preliminarmente será quien deberá seguir respondiendo por el contrato, dejando sin efecto la caducidad del contrato decretada por el Ministerio y adicionalmente, el reciente anuncio emitido por la Ministra de que ETB sería el nuevo encargado de ejecutar las obras para conectar a los colegios de más de quince departamentos, también quedaría sin efecto temporalmente pues con las medidas cautelares decretadas aún no se puede ni retirar del contrato a la Unión Temporal”.