¡Qué mamera!

Si algo ha quedado claro en los seis años del presidente Álvaro Uribe es que es un hombre muy bravo. Como él mismo lo ha dejado claro prefiere la confrontación de ideas que la bandera blanca. Ese rasgo de su personalidad hasta hace poco tiempo les había gustado mucho a los colombianos. Sin embargo, en los últimos episodios, particularmente su enfrentamiento con el ex presidente César Gaviria, la cosa no ha sido muy bien recibida.

Como se dice en el mundo de la aeronáutica, los colombianos empiezan a sentir fatiga de metal por los permanentes enfrentamientos entre personajes de su clase dirigente. Lo paradójico de esto es que prácticamente todo lo que se dicen los unos a los otros es verdad. Lo que no se entiende es por qué se están sacando los trapos al sol de hechos en los cuales ninguno sale bien librado.

El origen de todo es que el presidente Uribe se indignó por las reacciones de sus críticos a la reunión que tuvo lugar en Palacio en el mes de abril entre su secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y su jefe de prensa, Cesar Mauricio Velásquez, con el abogado del ex jefe paramilitar alias 'don Berna' y el desmovilizado alias 'Job'.

La reunión no era muy presentable, no sólo por la condición de los visitantes, sino porque tenía como propósito recibir supuestamente información sobre la Corte Suprema de Justicia.

Además las visitas no habían sido una sino tres, y la última con entrada por el sótano de Palacio lo cual hizo que algunos la tildaran de clandestina.

Quién dijo miedo. Uribe, como siempre, se vino con todo. Citó a rueda de prensa, mostró videos y registros de entrada y se defendió con vehemencia pero con menos éxito que en ocasiones anteriores.

Cuando su intervención llegaba a los 20 minutos, el Presidente interrogado por el anuncio de que el Partido Liberal no participaría en el debate de las reformas política y de justicia reviró cuestionando la autoridad moral de los gobiernos liberales que según él, en el pasado habían hecho alianzas con "criminales para derrotar a criminales". La referencia no fue directa, pero el país entendió que estaba hablando de César Gaviria.

El ex presidente, que como jefe de un partido de oposición ha sido critico del gobierno, en esa ocasión no había abierto la boca, pues cuando se conoció la noticia sobre la famosa reunión se encontraba convaleciente en una clínica. En ese momento Gaviria no reaccionó.

Al otro día, la Casa de Nariño emitió un escuetísimo comunicado. Sin que nadie entendiera por qué el gobierno apuntó a la yugular del senador liberal Juan Fernando Cristo. "El senador del Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, debe decir con claridad si entregó o no dineros a campañas políticas para las elecciones parlamentarias de 1991. Él sabe por qué se le pregunta". Y más tarde, en un segundo comunicado repitió la dosis de veneno contra el senador.

El caso hacía referencia a una supuesta financiación que habría hecho César Villegas, un controvertido empresario asociado con el cartel de Cali, a parlamentarios samperistas en 1991. Uribe se negó a aceptar dos millones de pesos de ese origen. Cristo fue llamado a indagatoria y posteriormente absuelto. Lo original de todo este episodio es que Villegas era realmente más cercano al hoy Presidente que a cualquiera de los otros protagonistas de la época.

El punto más álgido fue cuando el abogado de los narcotraficantes acusó en la emisora La W a César Gaviria de ser el "gerente" de la empresa los Pepes por cuenta del decreto 264 de 1993 que su gobierno expidió para incentivar la colaboración con la justicia para acabar el narcoterrorismo. Ahí sí Gaviria reaccionó y con más furia que el propio Uribe: "No entiendo por qué en la Casa de Nariño les duele tanto la muerte de Escobar".

En medio de esta gresca, mientras Uribe acusaba a Gaviria de cercanía con los Pepes, éste le replicaba asociándolo con 'Guillo' Ángel, uno de los fundadores de ese movimiento o con el propio César Villegas como ejemplos de amistades non sanctas.

Todo lo anterior son rifirrafes anecdóticos, los cuales opacan el contexto real de esa polémica. Tanto Uribe como Gaviria lo único que hicieron fue aplicarles criterios pragmáticos a crisis que enfrentaban. Por más de que Gaviria y su ministro Rafael Pardo lo nieguen, es un hecho que para dar de baja a Pablo Escobar tuvo lugar una alianza informal entre miembros de la Fuerza Pública y sectores de la mafia. Esto no significa que hubiera un pacto oficial o que el Presidente y el Ministro estuvieran enterados de los detalles. Pero pretender que la colaboración se limitó a que había una línea telefónica donde los enemigos de Escobar dejaban información grabada es una ingenuidad.

Según el libro Killing Pablo de Mark Bowden, hasta los gringos de la Delta Force que vinieron a ayudar en la campaña contra el jefe del cartel de Medellín eran conscientes de las actividades de los Pepes y no tenían mayor objeción.

No eran los únicos. Dada la escalada terrorista de Pablo Escobar, la inmensa mayoría del país consideraba totalmente aceptable aliarse con el diablo para acabar con el monstruo. La concesiones que Escobar le impuso al Estado tampoco son discutibles. Los decretos de sometimiento a la justicia y luego una cárcel a su medida, la Catedral, fueron el desenlace de su cruenta ofensiva de terror. El hecho de que esto posteriormente se convirtiera en un escándalo y en una vergüenza mundial no significa que Gaviria tuviera otra alternativa para encarcelar al capo.

Álvaro Uribe se ha encontrado con una situación similar. En el proceso de desmovilización de los paramilitares pretendió presentar la Ley de Justicia y Paz como un ejemplo de rigor penal. La realidad es que era una fórmula transaccional para que unos grupos armados que estaban por fuera de la ley se entregaran por las buenas. Si hubo rigor, no fue por cuenta del gobierno, el cual originalmente estaba dispuesto a ir mucho más allá en materia de concesiones. Fueron la oposición y la presión internacional las que llevaron a que se apretaran las tuercas.

Al igual que en el caso de Gaviria, lo que hubo fue una salida pragmática de una crisis al reconocer las realidades del campo de batalla. La ley ha sido objeto de múltiples críticas pero el resultado ha sido satisfactorio desde lo militar, más que desde la justicia y la reparación. El paramilitarismo como ejército organizado y con unidad de mando ha desaparecido, aunque quedan poderosos residuos criminales de ejércitos financiados por el narcotráfico que generan violencia pero no ejercen un control territorial ni son una amenaza que pueda desestabilizar al Estado.

La conclusión de lo anterior es que tanto el presidente Uribe como el jefe del Partido Liberal fueron consecuentes con sus realidades, pero ninguno tiene autoridad moral para tirarle al otro.

Echarse agua sucia no deja a ninguno de los dos bien parados aunque el que más tiene que perder es el Presidente. Hasta hace poco contaba con el pueblo y la clase dirigente para su tercer período. La imagen de camorrero que se ha ganado cala más a nivel popular que en los estratos altos. Los empresarios y otros sectores de la dirigencia nacional que lo han idolatrado y que reconocen que transformó al país, hoy creen que ocho años son suficientes.