¿Qué opina María Isabel? El tumbe a Ecopetrol

¿Qué estará opinando María Isabel hoy viernes 28 de julio en SEMANA? Pues Ecopetrol tiene también su propia versión de los hechos del escándalo del robo del petróleo que hemos conocido hasta el momento.

En realidad, es cierto que esta investigación es vieja, porque desde el año pasado Ecopetrol había cancelado al contrato de distribución con la compañía del hoy señalado estructurador del millonario robo de petróleo a Ecopetrol, Hernando Silva Bickenbach.

Pero ese nombre le sirvió al presidente Petro para su deporte favorito, quedar como el denunciante de los delitos de las “familias bien” que en el caso de Ecopetrol ya venía investigado por la Fiscalía, la UIAF y la Armada, y hasta se habían tomado medidas cautelares contra 17 empresarios y sus empresas ya identificadas en el escándalo petrolero.

Pero también está el ánimo de acabar con el prestigio de Ecopetrol, de pronto para que sea más fácil pararle su actividad productiva extractiva, antes de que sepamos cómo vamos a reemplazar los ingresos del petróleo que le entran al país por cuenta de esta industria.

Desde que Petro se posesionó, la acción de Ecopetrol ha bajado un 32 %. Pero además, entre el ELN y los narcos le roban a Ecopetrol un millón de barriles de petróleo, cada año. La misma compañía se había puesto las pilas para instalar modernos sistemas de detección de robos, como drones y nuevas tecnologías que realmente habían logrado disminuir la sustracción de petróleo a través de válvulas ilegales instaladas a lo largo del oleoducto.

Pero no se ha detectado aún que al interior de Ecopetrol existen cómplices determinantes de esos robos. Sin embargo, la compañía se ha quedado en el ojo del huracán por cuenta de las “familias bien” que, en este caso, están siendo utilizadas para producirle réditos políticos a este gobierno.

Lea la primera opinión de María Isabel de hoy viernes 27 de julio:

¿Qué opina María Isabel? Petro vs. Cabello

Muy delicado se está tornando el enfrentamiento del presidente con la procuradora, desde que este decidió desacatar la suspensión del alcalde de Riohacha. De por medio está un fallo de la Corte Constitucional, reconociendo que la Procuraduría sí tiene estas atribuciones que le concedió la Constitución del 91. Nada que Petro se saca esa espinita contra la Procuraduría.

¿Qué estará opinando María Isabel hoy viernes 28 de julio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al delicado enfrentamiento de carácter institucional que tiene el presidente Petro desacatando una orden de suspensión de carácter disciplinario por tres meses dictada por la Procuraduría contra el alcalde de Riohacha.

Así se lo comunica el presidente en una carta a la procuradora, que ella, con razón, dice que genera un caos institucional y que es un golpe contra la democracia. El argumento del presidente es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos prohíbe que un organismo disciplinario como es la Procuraduría, y no un juez penal, suspenda los derechos políticos de los funcionarios de elección popular, que eso es atentar contra los derechos humanos del funcionario, pero eso sí, no va a mirar si el funcionario cometió o no cometió el delito que se le achaca, por el cual está recibiendo la sanción disciplinaria.

Pero resulta que la propia Corte Constitucional reiteró en una reciente sentencia que la Procuraduría sí tiene esa atribución concedida precisamente por la Constitución de 1991, por la que el presidente Petro a cada rato saca pecho.

A pesar de que él no puso ni una coma de su texto, para empeorar las cosas, ayer en un acto de desagradable sumisión el ministro de Justicia, Néstor Osuna, intervino en la polémica dándole, claro, la razón al presidente, por encima de la Corte Constitucional que precisamente, para armonizar lo ordenado por la Convención Interamericana con la legislación interna del país y con la propia Constitución, estableció que una segunda instancia sería el Consejo de Estado que en adelante es el que debe dar la última palabra sobre las sanciones disciplinarias de la Procuraduría.

¿Qué argumenta el presidente para su desacato? Que la Procuraduría es un ente disciplinario, que el Consejo de Estado es un organismo administrativo y que la Convención Interamericana habla desde un juez penal, el jurista Alfonso Gómez Méndez, que con suficientes pergaminos en su vida pública ha escrito sendos textos desde su análisis jurídico, para explicar que la Procuraduría es ante todo un ente de control, con toda la autoridad para perseguir y sancionar a los funcionarios corruptos así sean de elección popular, y que el Consejo de Estado es un juez, puede que no un juez penal, pero es un juez.

¿Qué sucede ahora que el presidente se niega a nombrar reemplazo del alcalde de Riohacha? Que ya asumió el secretario de gobierno en su reemplazo, aplicando el procedimiento cuando el sancionado es un gobernador. Pero la procuradora sí alerta que este desacato de Petro podría abrir la puerta del caos para que muchos inhabilitados políticos en los últimos 30 años se inscriban como candidatos quedando en la impunidad sus delitos.

Lo que ameritó la suspensión del alcalde de Riohacha fue haber adelantado una licitación para una concesión de un acueducto que tuvo el acompañamiento preventivo de la Procuraduría, pero cuyas advertencias sobre posibles irregularidades no fueron acatadas por el funcionario en cuestión.

Y como podría ese alcalde reiterar la misma conducta en nuevas licitaciones o en nuevos contratos, la Procuraduría optó por la suspensión como una medida casi que preventiva. El desacato presidencial tiene origen en una espinita que el presidente no ha podido quitarse desde que siendo alcalde fue sancionado por el procurador de ese entonces, Alejandro Ordóñez.

Lleva a pensar en qué sucedería si, cegado por futuras espinitas, Petro resuelve un día de estos desacatar una ley del Congreso o la orden de una Corte o cualquier otra decisión institucional que a él no le guste, como hoy sucede con el desacato a la decisión de la Procuraduría.