¿Qué opina María Isabel? La chimba extorsión al canciller

A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel, hoy miércoles 21 de febrero, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la vergüenza, de lo que mi casa editorial de SEMANA denomina una extorsión, un chantaje contra el canciller Álvaro Leyva.

Todo por cuenta de que algún anónimo, del que no hay rastros, siquiera de que haya trabajado en la compañía que elabora los pasaportes, Thomas Greg and Sons, resolvió dizque ponerse a chantajear al canciller Álvaro Leiva, no exigiéndole un dinero para tapar algo, para tapar una información como ocurre normalmente en los chantajes, sino exigiéndole ese dinero a cambio de revelarle información sobre dicha compañía.

Jurídicamente, eso no es un chantaje, es una venta de información vulgar a la que, según SEMANA, el canciller Leyva resolvió acceder, dizque conducido por instrucciones de Inteligencia, que le aconsejaron pagar el dinero para descubrir quién estaba detrás.

Pero lo mejor habría sido, y lo más correcto, ignorar esa exigencia de pago y mandar el señor al diablo. El canciller Leyva pagó 30 millones de pesos de plata de los colombianos, para que le hablaran mal de Thomas Greg. Lo que le dijeron fueron pendejadas y siguieron pidiéndole dinero, pero la platica se fue en un anónimo avivato.

Recordemos que, por haber cancelado la licitación, que legítimamente se ganó esta compañía, que hace años elabora nuestros pasaportes, aparentemente siguiendo órdenes del presidente Petro, que por alguna razón le tiene ojeriza a dicha compañía, pues su canciller aceptó el argumento de que la licitación era un pliego llamado sastre, porque solo se presentaron ellos, Thomas Greg and Sons.

Eso que ha dicho la jurisprudencia es absolutamente válido, siempre y cuando la licitación no esté ajustada, como sucede con frecuencia, para que se la gane una precisa compañía. Pero ahora venir a decir que Leyva fue extorsionado, a cambio de información que sí, de pronto lo habría salvado de la suspensión que le decretó la Procuraduría, es absolutamente inexacto. Como en un secuestro, a Leyva le pidieron un rescate por información desconocida que no era claro que existiera y pagó los 30 millones.

Hoy no tenemos ni la identidad del favorecido ni la información que supuestamente entregó y estamos a puertas de una nueva licitación para la elaboración de pasaportes, que, al paso que vamos, va a volver a fracasar, a no ser que se la gane o que se pueda presentar un amiguis internacional del Gobierno. Que es el campo, bien lejos de este país, donde Petro quiere pelechar como presidente cósmico.