¿Qué opina María Isabel? Se destapó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

A las 6:10 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 12 de mayo en SEMANA? Pues la opinión gira alrededor del destape del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, un curtido político que había comenzado bien, escuchando a todos los sectores para acercar el proyecto de reforma a la salud a un consenso.

Ayer, sin embargo, pasaron varias cosas. Que el ministro empoderado de un micrófono se zafó, y que la Comisión Séptima evidenció un desorden de trámite inverosímil. Porque lo que está publicado en la Gaceta es apenas el enunciado de una enumeración de artículos, pero su contenido como para poderlos debatir, denunciaron algunos, no aparecen por ninguna parte.

Ayer se reanudó el debate en la Comisión Séptima, pero solo fueron aprobados tres artículos. Los vicios de trámite que asoman deberían ser bastante preocupantes para el Gobierno, porque podrían implicar que la reforma finalmente termine cayéndose. Pero quienes pensábamos que el cambio de Corcho por Jaramillo nos pondría en la senda de una mayor armonía, y de menor mermelada en el debate parlamentario, tuvimos una desilusión.

Primero se supo que el Gobierno sigue repartiendo mermelada por montones, por ejemplo, para dividir ahora el Partido Conservador entre el sector que se vende por migas burocráticas y el que en esta ocasión está resistiendo tanto ofrecimiento de mermelada y no da su brazo a torcer en la aprobación de una reforma que considera nociva para el país. Y súbitamente en medio de este ambiente ocurrió lo que se calificó como el destape del ministro Jaramillo.

En un tono bastante rabioso acusó a algunos sectores médicos de haber abierto UCI como si fueran droguerías durante la pandemia, sin que hubiera el personal capacitado para atender a los pacientes. Y que habrá que ver cuántos salieron vivos de estas unidades, y cuántos murieron. Luego remató diciendo que el negocio se hizo en grande, y fue con el covid, lo cual empobreció al país.

Ministro, lo que empobreció al país fue la pandemia, y que sea usted, el propio ministro de Salud, el que pronuncie el juicio de que la UCI mataron más gente de la que salvaron, como se lo hicieron ayer ver miembros de la comunidad científica, es una afirmación que carece de sustento científico. Era una pandemia para la cual en ninguna parte del mundo estaba nadie preparado, hubo que aprender sobre la marcha y lanzarse a la apertura de UCI a donde llegaban los pacientes más críticos con la esperanza de salvar su vida.

Pero aún le faltaba otra estocada al ministro Guillermo Alfonso con saludo incluido a la lucha de clases. Dijo: “Esta reforma no es de Petro, ni de Corcho, es de todos. Y aquí estamos para defender a los pobres, y no a la élite”. Tenga cuidado, ministro Jaramillo, porque estuvo al borde de decir que esta reforma es para salvar pobres pero no ricos; la vida humana no tiene estratos, y todos, tanto pobres como ricos, requerimos que el sistema de salud nos respalde y funcione.

El debate de ayer en la Comisión Séptima terminó con un insólito giro. Para subsanar los visos de trámite que se denunciaron, se creó una comisión accidental a la que se le dio tres horas para estudiar 450 proposiciones que se han hecho durante el debate. Ese es el grado de seriedad, el termómetro con el que se puede medir la seriedad que se está imprimiendo a una discusión de una reforma tan trascendental.

Y si el doctor Guillermo Alfonso pierde sus estribos y acusa de robo a la comunidad médica, que tantos sacrificios hizo para salvar vidas del covid, esto sí va divinamente.

Escuche la otra opinión de María Isabel del día de hoy:

¿Qué opina María Isabel? Lo que quiso decir el ministro Iván Velásquez

En su intento de condenar el secuestro de 26 militares y dos policías en el Patía, el ministro de Defensa hizo una extraña afirmación. Que espera que los campesinos del Patía hayan actuado “instrumentalizados” por organizaciones ilegales, que son las que se benefician con estas actividades. ¿Cómo así?

A las seis en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 12 de mayo en SEMANA? Pues la opinión suena en torno al nuevo incidente del secuestro de 26 militares y dos policías en Patía, Cauca, liberados por la intermediación de la Defensoría del Pueblo.

Estaban en el lugar con la misión de desmontar un laboratorio de cocaína perteneciente a las disidencias de las Farc, pero en medio del operativo fueron rodeados por 400 personas que ocultaban sus rostros e impidieron que se llevara a cabo la operación a través del secuestro de los uniformados, que en anteriores incidentes, bastante parecido en el Caguán y en forma eufemística que el entonces ministro del Interior y actual embajador en Francia, estadista Alfonso Prada, denominó cerco humanitario y nos dejó grabados y marcados con esa expresión.

Según la población secuestradora de soldados, la fuerza pública puede ser todo lo garante del orden público que le ordene la Constitución, pero también le corresponde velar por el derecho a la vida, y particularmente, el Ejército no representaba para sus familias y comunidades la seguridad, y además su presencia vulneraba el derecho a la vida y a la paz.

¿Cuál es la preocupación actual que se viene repitiendo por cuenta de la acción de secuestrar a la fuerza pública en varias zonas del país? Es que los pobladores terminen alegando como un credo que la presencia de la fuerza pública existiendo en estas zonas con otros actores armados puede provocar confrontaciones que rompen con la tranquilidad del lugar, o sea, no hacer nada, mejor, y esta actitud se está viendo como justificatoria de prohibir en ciertas zonas del país la presencia de la autoridad.

Casi que por primera vez, vimos al ministro de Defensa, Iván Velásquez, hablando de manera enérgica en el sentido de que lo ocurrido era inadmisible y que no hay territorio vedado en el país para operaciones de la fuerza pública. Pero a continuación dijo el ministro Velásquez una frase que no le quedó bien construida, es bastante confusa conceptualmente, porque afirmó que espera “que el pueblo del Patía haya actuado instrumentalizado por organizaciones ilegales, que son las que se benefician de estas actividades ilícitas”, la frase es textual.

Quizá lo que quiso decir el ministro es que ojalá los campesinos no hayan actuado por su propia voluntad, sino presionados por los dueños de los laboratorios de cocaína. Sin embargo, la pregunta es al ministro: ¿el hecho que los campesinos no hayan actuado en forma espontánea es preferible a que lo hayan hecho instrumentalizados?, ¿tenemos que sentir alivio de que existan tales presiones contra la población para que la animadversión y hasta intimidación a la presencia de la fuerza pública no le brote espontáneamente al campesinado, sino manipulado por el narcotráfico?

Qué pena, pero esta coyuntura o esa disyuntiva, para el país es absolutamente inaceptable, como dice ahí sí el ministro. Es que al contrario de lo que dice Velásquez, cada día es más frecuente la aparición de zonas vedadas para la fuerza pública, y lo que nos quedamos preguntándonos es: ¿qué pasa luego de que soldados y policías secuestrados finalmente quedan libres con la intermediación de la Defensoría?, ¿se van del lugar o acaban la misión para la cual están haciendo presencia? He ahí el quid del asunto, porque si a cada secuestro sigue una mediación, y a cambio de la mediación, un retiro forzoso de la fuerza pública, esto está peor de lo que parece.

Y súmenle la petición de renuncia que les hace ahora el presidente a tres viceministros de Defensa, que él mismo nombró y que algunos analistas explican por la lejanía y la falta de confianza de las relaciones entre el ministro Velásquez con sus altos mandos. Por cuenta de lo cual aquí no parece haber ni coordinación, ni autoridad.

Y en medio de este desolador panorama, un desafortunado planteamiento del coronel retirado John Marulanda sobre defenestrar al presidente Petro, igual a como se hizo con Castillo en el Perú, pues le dejó al mandatario colombiano la puerta totalmente abierta para que practique su deporte favorito, victimizarse y convocar al pueblo a que lo proteja.

Que más bien gobierne y que resuelva esta situación de esa autoridad de incertidumbre de nuestras fuerzas del orden, porque la presencia masiva de los retirados en la Plaza de Bolívar indica un profundo descontento de este sector que disfraza de golpista, y eso es una mentira, pero que sí contiene, para qué negarlo, un fuerte carácter político que simplemente el presidente no puede ni debe ignorar.