Qué paradoja: mientras decenas de alcaldes viven al filo de la muerte, sin protección, a los criminales de la paz total los cuidan como si fueran presidentes

El escuadrón de guerrilleros de las Farc que fue sorprendido por el Ejército en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia desnudó una preocupación en Colombia: “Mientras los alcaldes y gobernadores están expuestos al peligro, los delincuentes son protegidos por el Estado”, denunciaron varias voces.

SEMANA recogió los testimonios de los mandatarios que le suplican al Gobierno por un esquema de seguridad, a raíz de las constantes amenazas y atentados que se presentan en sus territorios, pero se les ha negado esa posibilidad o siguen esperando una respuesta en medio de la tormenta de balas. Los grupos armados les piden a los políticos compartir el poder, pagar 200 millones de pesos de extorsión al año para que ejerzan sus funciones sin padecer alteraciones del orden público y filtrar información sobre las operaciones militares en los pueblos. Quien se oponga a estas exigencias puede ser asesinado o atormentado con terrorismo.

El miedo se está apoderando de algunas administraciones locales de Antioquia, Caquetá, Bolívar, Cauca, Meta, Arauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Guaviare, donde delinquen las mismas personas que fueron descubiertas a bordo de vehículos blindados y vigilados por escoltas que son pagados por los colombianos.

El argumento de la UNP es que la Policía es quien se encarga de cuidar a los alcaldes y, en dado caso de que la institución no pueda asumir esas tareas por el grado de complejidad, sí sería de su competencia. El debate entre ambas entidades suma mucho tiempo, mientras las vidas de los políticos dependen de segundos.

En cuanto al cuidado de los disidentes de las Farc, la Unidad indicó que tiene activos esquemas colectivos de protección para las personas que están en procesos de negociación con el Gobierno, del Estado Mayor Central y del ELN, con previa autorización de la oficina del alto comisionado para la paz, Otty Patiño.

El malestar es notable en el país: “¿Cómo los delincuentes reciben camionetas y escoltas, mientras mis alcaldes –que están en el territorio y llevan meses pidiéndole apoyo a la UNP– no tienen nada? La pregunta que hacemos es: ¿son más importantes los delincuentes o los alcaldes?”, dijo Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.

La UNP refutó: “Es falsa la afirmación de que a algunos alcaldes se les ha negado la solicitud de ingresar al programa de protección. Todos los alcaldes, en razón al cargo que ostentan, pueden solicitar un estudio de nivel de riesgo para ser beneficiarios de medidas de protección, ya sean blandas o duras por parte de la Unidad y la Policía”. En la casa de las disidencias que comanda alias Iván Mordisco, en Miranda, Cauca, el alcalde Walter Zúñiga diligenció en abril un formulario de la UNP para que le suministraran dos escoltas y un carro blindado, pues la Policía lo calificó como un ciudadano en riesgo extraordinario que debía ser objeto de cuidado.

La UNP ajustó el pedido y aseguró que él debía tener un vehículo convencional, una persona de protección y un chaleco blindado. El pasado 23 de julio se le informó que su Alcaldía debía asumir los costos de las medidas de seguridad, pues solo los municipios de sexta categoría son patrocinados por la entidad. Miranda es de quinta categoría, pero la Secretaría Financiera afirmó que no tiene los recursos para cubrir las características de seguridad del mandatario. Él sigue frente al peligro y con limitaciones para moverse en su pueblo, en tanto las disidencias de las Farc se fortalecen y se agudiza la violencia en su departamento.

Si en Cauca llueve, en el sur de Bolívar no escampa. Todos los mandatarios han sido víctimas de intimidaciones de las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes se enfrentan diariamente por las economías ilícitas y la población civil queda en medio de la intensa confrontación. El alcalde de Altos del Rosario, Juan Carlos Romo, también fue calificado en riesgo extraordinario: “Me asignaron un vehículo convencional y un hombre de protección, algo que no me ayuda, porque si hay un atentado criminal, las balas ingresan al vehículo. Me tocó salir del municipio porque un vehículo no garantiza mi seguridad”.

Él se ha visto en la obligación de sacar dinero de su propio bolsillo para contratar seguridad privada, mientras le insiste a la UNP en redoblar su cuidado: “Desde hace tres meses me encuentro dialogando con una funcionaria de la UNP para que analicen mi caso, pero los procesos son muy lentos”.

La misma situación se repite en Guaviare. Según el gobernador Yeison Rojas, él y sus mandatarios están pendientes del reloj para que la UNP defina el cuidado de sus vidas: “Todos hemos denunciado, pero ni una respuesta”. Mientras que, en Caquetá, con tutelas en mano, la entidad ha suministrado los escoltas.

Frente a este escenario, valió la pena preguntar si la UNP cuenta con la operación logística suficiente para atender los requerimientos: “La Unidad tiene la capacidad administrativa para dar trámite a las solicitudes de estudios, teniendo en cuenta que se hace seguimiento y gestión para que se surtan los procesos”, dijo.

Amenazas a la carta

Los mensajes intimidatorios no paran de llegar a las alcaldías. Alias Iván Mordisco es experto en citar a los políticos en zonas rurales para darles el batacazo: “Pide 200 millones de pesos al año para dejar gobernar a los alcaldes. Si no se paga, paraliza las obras y proyectos”, mencionó una fuente desde la Amazonía. El alcalde de Mesetas, Camilo Antonio Pulgarín, ha vivido en carne propia este drama. La guerrilla lo ha citado a encuentros clandestinos y él se niega a asistir: “¿Está buscando que lo recojamos o vayamos por usted?”, le cuestiona un desconocido en su celular. A su juicio, la UNP ha restado importancia a sus amenazas.

Así lo hizo saber en una comunicación enviada el 10 de julio: “La falta de evaluación exhaustiva y minuciosa de las amenazas ha llevado a la subestimación del peligro real al que estoy expuesto. Esta subvaloración compromete mi seguridad, dejándome vulnerable a potenciales ataques que podrían ser evitados”. El secretario de Gobierno de Nariño, Benildo Estupiñán, informó que los alcaldes y concejales son llamados por tres grupos armados para que les cumplan sus peticiones: “Piden dinero y ambulancias, por eso los intimidan.

Los trámites con la UNP son muy lentos, muchas veces ni responden, estamos preocupados”. Una situación similar hay en Antioquia, donde dos alcaldes han pedido protección ante la UNP, pero los trámites no los han favorecido. Así lo denunció el secretario de Seguridad, Luis Martínez, al calificar como paradójico que cuando los líderes carecen de protección, los disidentes de las Farc gozan de beneficios. Las condiciones de seguridad de estos mandatarios son un reflejo del panorama nacional.