“Es torpe solucionar el lío de Electricaribe solo aumentando la tarifa”

El procurador general, Fernando Carrillo, citó este martes en Barranquilla por primera vez, a diferentes actores a una audiencia de rendición de cuentas para poner la piedra angular de lo que sería la solución definitiva a la profunda crisis de Electricaribe, la empresa distribuidora de energía de la Región Caribe intervenida por el Gobierno desde hace casi dos años.

La singular convocatoria en la capital atlanticense incluyó a administradores de la empresa, Gobierno Nacional (en cabeza del Ministerio de Minas), Superservicios, CREG, UPME y organismos de control, así como a los siete gobernadores y los parlamentarios de la región, con el objetivo de avanzar en una respuesta institucional eficaz a un lío que lleva al menos dos décadas y que afecta gravemente a usuarios empresariales y residenciales de la Costa.

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El procurador reconoció a SEMANA que tienen claro que el asunto de Electricaribe es “un rompecabezas de una dificultad extrema”, de ahí que iban plantearse soluciones novedosas a “un problema con connotaciones políticas, jurídicas, presupuestales, financieras y sociales”. De ahí que Carrillo haya insistido en que “radicar toda la solución del problema alrededor del aumento de la tarifa sería una cuestión torpe, como decir que con solo una ficha se arma el rompecabezas”. Anteriormente, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había planteado esa posibilidad. Por lo pronto, el director de la CREG, Christian Jaramillo, señaló que “es muy temprano para conocer qué se va a realizar en términos de tarifas”.

En la práctica, los organismos de control le ponen la lupa a un tema que es causante de serias tensiones y conflictos sociales, máxime en los estratos más humildes. La ira y el cansancio de los usuarios con el mal servicio, que además se percibe costoso, se evidencia en que cualquier corte prolongado o reiterado del fluido eléctrico fácilmente puede terminar en asonada.

Acompañamiento y garrote

“Creo que tomamos decisiones muy concretas como la creación de una comisión de seguimiento de la Procuraduría y la Contraloría para servir de garantes de los acuerdos que se empezaron a perfilar hoy”, manifestó Carrillo, en diálogo con SEMANA.

La estrategia del Ministerio Público contempla el acompañamiento a las propuestas, pero también implica que, una vez haya una decisión común acerca del camino a seguir, se pedirán cuentas y, de ser necesario, los funcionarios concernidos podrán ser objeto de control disciplinario.

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“Estos acuerdos tienen que ver con transparencia en el proceso, si se va a buscar un nuevo operador. Supone también el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno Nacional y, sobre todo, la articulación de todas las agencias del orden nacional con lo departamental y lo municipal”, añadió el jefe del organismo de control.

Carrillo señala que si bien el gobierno de Iván Duque lleva apenas un mes en el poder, el lío de Electricaribe no da espera y así lo confirmó la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, quien dijo que han trabajado en el tema “desde la primera semana”.

Nuevo operador

La ministra Suárez manifestó que para antes de que termine septiembre se reactivará el proceso para la búsqueda de un nuevo operador que sea “eficiente y financieramente viable”. Y es que no es sencillo hallarlo, pues debe contar con un patrimonio por encima de 500 millones de dólares, que haya manejado por lo menos 600.000 usuarios en los últimos tres años y que tenga experiencia en la distribución y comercialización de energía y gas natural. El reto es inyectarle a la moribunda operación 7,1 billones de pesos a lo largo de una década.

Es tan complejo el asunto que ha corrido el rumor de que se preferiría devolver la empresa a Naturgy, nueva denominación de Gas Natural-Fenosa, firma que inició en julio un litigio por 1.626 millones de dólares contra el Estado colombiano por la liquidación de Electricaribe, donde posee el 85%. El senador liberal Mauricio Gómez Amín ha planteado repetidamente que se haga claridad sobre la versión, que ha sido insistentemente negada, primero por el ministro Carrasquilla, y este martes por la ministra Suárez.

Entre tanto, el Gobierno Nacional trabaja en un Conpes para buscar 750.000 millones de pesos para acometer las inversiones necesarias para garantizar la prestación del servicio en la región, un compromiso de la Casa de Nariño. Y es que los datos de la empresa son críticos: posee 1,2 millones de kilómetros de redes de los que solo 72.352 están en buen estado, y de 278 transformadores solo 12 (el 4,3%) funcionan satisfactoriamente. Por ahora, se ha logrado “alejar el fantasma de un apagón de energía”, destacó la superintendente de Servicios Públicos, María Paula Jaramillo.

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En la vigencia 2017 los ingresos de Electricaribe fueron de 4,5 billones de pesos, de los que 3,2 billones provienen de recaudo y 574.000 millones de subsidios. De ese dinero entrante, 68% los destina al pago de energía, 12,2% a los proveedores, el 3,9% en pago de impuestos y el 3,8% en nómina. Las pérdidas rondan el 20% anual. Otras cifras que preocupan son que, al pasado 30 de junio, la deuda de las entidades oficiales con la distribuidora de energía ascendían a 234.000 millones de pesos, mientras que la cartera total es de 2,3 billones de pesos.

La gran cuestión que queda en el aire es, entre tantos jugadores, ¿alguien será capaz de armar el rompecabezas de Electricaribe?