¿Qué pasa con la seguridad en el Valle?

Pese a los contundentes golpes de las autoridades contra las organizaciones mafiosas y las pequeñas bandas que intentan manejar las ollas de expendio de sustancias alucinógenas, el fantasma del narcotráfico parece no desaparecer en el Valle del Cauca.

Y todo indicaría que ese problema sería la causa frente al aumento de los homicidios en algunas ciudades de ese departamento, así como las temibles vendettas entre pequeñas organizaciones que se pelean el control territorial por las ollas de expendio. En los primeros cuatro meses del año las estadísticas de la policía registran 703 asesinatos en toda la región.

Ha sido tan evidente el fenómeno, que solo este año la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha realizado en promedio dos consejos extraordinarios de seguridad por mes y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha participado en tres de ellos, debido al deterioro de la seguridad en ese departamento “estamos luchando duramente con Tuluá, con Palmira y tratando de que Cartago, que venía con unos buenos indicadores, no se nos deteriore”, manifestó en ese consejo el funcionario ministerial.

Desde el año pasado la gobernadora anunció la creación de una Fuerza Especial, que es un grupo élite del ejército que trabaja de la mano de la policía y la Fiscalía, con el único objetivo de combatir a las organizaciones criminales que delinquen en el Valle. Hasta el momento esa fuerza especial ha intervenido de manera temporal en municipios como Buenaventura, Tuluá, Cartago y Palmira.

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Sumado a ello, la gobernación creó una tasa especial que se paga a través de la factura de energía y cuyo propósito es recaudar dineros para fortalecer a las instituciones encargadas de brindar seguridad. Cada año ese impuesto le genera al departamento un promedio de 30.000 millones de pesos y básicamente se ha usado en la compra de un centenar de vehículos (motos, carros y motores fuera de borda) para la fuerza pública y el rubro más grande su usa en la ejecución de la primera fase del llamado Centro Comando que se construye en Buga y que será una central de inteligencia desde donde se articulará toda la respuesta para combatir fenómenos de inseguridad.

Sin embargo, nada de ello ha sido suficiente para frenar la ola de homicidios, las vendettas mafiosas y el narcotráfico. La prueba más reciente del fenómeno corrió por cuenta de la propia gobernadora quien esta semana convocó a un consejo extraordinario de seguridad en Buenaventura en el que entre otras medidas, pidió la militarización del puerto, “la idea es que venga mucho más personal de inteligencia al municipio y que se aumente el pie de fuerza de la policía”, dijo la mandataria valluna.

Y lo hizo porque en esa ciudad los homicidios aumentaron en lo corrido del año, al pasar de 20 a 46 muertes violentas, “lo que hemos podido evidenciar es que en Buenaventura se ha aumentado en un 75 por ciento el homicidio y el hurto a motocicletas y automóviles pues sobrepasa el 200 por ciento en cada uno de ellos y de verdad que la cifra es muy preocupante”, argumentó.

Pero lo que no se dijo abiertamente en ese consejo, es que en Buenaventura retornaron los enfrentamientos urbanos entre grupos armados ilegales conocidos como la Empresa y la Local. Esas temidas organizaciones se pelean el control territorial de la ciudad y su influencia criminal es de tal magnitud que en el puerto se implantó de forma ilegal un toque de queda a partir de las siete de la noche en varios de los barrios de las comunas 10 y 12, “a esa hora nadie puede salir de sus casas o de lo contrario corre el riesgo de ser asesinado”, explicó un líder del municipio y que por obvias razones pidió omitir su nombre.

Ese fenómeno fue corroborado por el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía en Buenaventura, tras explicar que el problema delincuencial se atomizó irónicamente por los golpes contundentes que han propinado a esos grupos criminales, “les hemos capturado a doce cabecillas de ambos bandos y eso hizo que surgieran nuevos jefes que se disputan a muerte el manejo de ollas y rutas para el tráfico”, aseguró el oficial.

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En cuanto al incremento de los homicidios y el hurto de motos, el coronel admitió el problema, pero dijo que pese a ello los asesinatos están muy lejos de otros históricos y que la tasa se ubica en 24 puntos, osea por debajo del promedio nacional. El oficial se quejó además de la poca ayuda de los entes territoriales, al denunciar que desde el año pasado la alcaldía no le gira los recursos del denominado fondo cuenta y que le sirve a la institución para la operatividad de los 755 policías con los que cuenta la ciudad, “el último rubro que nos giraron fue en 2017 por 120 millones de pesos. Y de la gobernación el año pasado nos apoyaron con siete motocicletas”, explicó el coronel Cabra.

Lamentó las deplorables condiciones en las que se encuentra el centro de atención al menor infractor y que por cuenta del hacinamiento carcelario tuvieron que usar una bodega donde alojan a cerca de 300 detenidos.

Y en Cali se conocieron detalles de una escabrosa historia de una madre y su hija que fueron asesinadas en circunstancias distintas, aparentemente por un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico.

La estela violenta contra esa familia comenzó el 26 de marzo cuando las autoridades hallaron el cuerpo incinerado de la joven Marcela Cruz Tamayo de 21 años, el cual estaba dentro de un automóvil al que le prendieron fuego. Ella había sido raptada un día antes y subida a la fuerza a una camioneta.

Y el pasado 21 de mayo un sicario disparó varias veces contra Marisol Cruz Tamayo, de 41 años, madre de Marcela. La señora se hallaba en la puerta de su casa donde tenía prisión domiciliaria tras un proceso por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Investigadores policiales consultados por este medio, creen que el asesinato de la joven Marcela fue una retaliación contra su madre.

Parte de la explicación de esa atomización mafiosa y criminal en la región podría estar en uno de los golpes más contundentes que dio la policía contra el narcotráfico. Se trata de la captura de Greylin Fernando Varón Cadena, alias Martín Bala, considerado uno de los supuestos capos de la tercera generación de la mafia en el Valle.

Martín Bala fue aprehendido el 22 de mayo en Cali y tendrá que responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Esa captura fue presentada al país por el propio presidente Iván Duque y en su declaración oficial dijo que Martín Bala “(…) era el jefe de una estructura que se conoce como la Gran Alianza, que era una unión de mafiosos que incorporaba a muchos delincuentes del norte del Valle”.

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Ese dato llama la atención, porque desde el año pasado se conocieron detalles de una cumbre mafiosa en la que supuestos capos que purgaron condenas en Estados Unidos, retornaron al país y estarían fraguando una alianza mafiosa en el Valle, para recuperar sus bienes, reactivar rutas y seguir traqueteando. Pero en su momento las autoridades no dieron crédito a esas versiones.

José Antonio García, secretario de Seguridad en el Valle, fue mucho más allá y aseguró que se tienen datos que algunos de esos capos retornados, “tendrían pretensiones de poder político, especialmente en algunos municipios del centro del Valle”.

Cabe recordar que en este año electoral en ese departamento han sido asesinados dos precandidatos a las alcaldías de El Cerrito y El Cairo; y otro aspirante se salvó de milagro luego de ser víctima de un atentado con fusiles y pistolas en Cartago. Además, Óscar Badillo, alcalde de Obando, otro municipio del Valle caracterizado por las vendettas mafiosas, sufrió un atentado sicarial el pasado 15 de mayo, del que salió ileso.

Todos esos hechos violentos si bien son aislados y no parecen obedecer a un fenómeno sistemático, llaman la atención y tienen en alerta a las autoridades y preocupados a los vallunos que se preguntan ¿Qué pasa con la seguridad?