A pesar de que el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, ha sostenido que la propuesta para reducir los tiempos de las licencias ambientales no va a sacrificar su rigurosidad, muchos ambientalistas han encendido las alarmas. El gobierno piensa reestructurar dos puntos fundamentales en ese trámite, que en la práctica es el último visto bueno para que un proyecto minero, petrolero o de infraestructura pueda hacerse. Hoy en día una licencia ambiental se demora cerca de 24 meses en ser expedida lo que para muchos tiene frenados varios proyectos de desarrollo. Lo primero que busca el gobierno es reducir a 3,5 meses el tiempo de expedición de las licencias y lo segundo volver el proceso oral. La nueva medida tiene a algunos muy contentos y a otros muy molestos.
La principal crítica a las llamadas licencias exprés, entre quienes están molestos, es precisamente que sean ‘exprés’. Para muchos ambientalistas este tiempo no alcanza para hacer un estudio serio de los impactos que pueda tener un gran proyecto. El senador Jorge Enrique Robledo aseguró en una dura carta al gobierno que “las licencias ambientales no existen para estorbarles a las empresas que hacen las cosas bien, sino para protegernos de las que lo hacen mal”.
Por el contrario, los gremios, los empresarios y muchos sectores del gobierno, consideran que la medida es muy positiva debido a los excesivos tiempos que se toma la Autoridad de Licencias Ambientales en darle respuesta a sus solicitudes. Los petroleros aseguran que por esto no han llegado a la meta del millón de barriles. El gremio de la infraestructura dice algo similar respecto a las carreteras y considera que sin esta reforma obras esenciales serían inviables. Si el gobierno decide poner en marcha definitivamente esta propuesta, estos serían los principales proyectos que se tramitarían con este nuevo mecanismo.
Santurbán
El megaproyecto aurífero que la empresa Eco Oro (antes Greystar) quiere hacer en el páramo de Santurbán aún está en etapa de exploración. La empresa no ha presentado la solicitud de licencia ambiental (lo había hecho en el pasado, pero la retiró), y está a la espera de que se delimite el páramo para volverlo a hacer. Se beneficiaría de este nuevo trámite.
Lo que sería una de las minas de oro más grandes del planeta también está en etapa de exploración. Anglo Gold Ashanti lleva varios años estudiando esa región del Tolima y aún no ha pedido licencia, por lo que también la cobijaría el nuevo decreto.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, ha defendido el decreto a capa y espada. Lo considera necesario para que el país pueda cumplir con las llamadas concesiones de cuarta generación que comprenden 40 proyectos estructurales para el país por un costo cercano a los 47 billones de pesos. El decreto también elimina la necesidad de tener licencia ambiental para construir dobles calzadas.
Los más de 1.000 kilómetros de carretera que conectarían a Bogotá con Santa Marta han sufrido por cuenta de las licencias ambientales. Tanto que se dijo que el 80 por ciento de la obra estaba frenada por esa razón. Algo similar pasa con la vía Bogotá-Buenaventura. El exministro Manuel Rodríguez asegura que es una irresponsabilidad decir que el atraso de la infraestructura del país tenga que ver con las licencias ambientales y no con la ineficiencia de quienes están obligados a hacer las obras.
Los petroleros siempre han acusado a las licencias ambientales de ser las responsables de que no lleguen a la meta del millón de barriles. Según la Asociación Colombiana del Petróleo actualmente tienen 113 licencias ambientales en trámite, muchas de las cuales llevan más de 14 meses esperando. La exdirectora de la Anla, Luz Helena Sarmiento, dijo en su momento que el problema de esa demora era que las empresas entregaban la información incompleta. La medida es clave para ellos pues la inminente caída de los ingresos del petróleo se está convirtiendo en una ‘bomba’ fiscal.
Sin licencia para...
Con el nuevo decreto no se soluciona uno de los principales problemas de la minería en Colombia y es el hecho de que su fase de exploración no requiera de licencia ambiental. Esto es perjudicial tanto para la protección de la naturaleza, pues la exploración se ha realizado sobre páramos y parques naturales, y para las mismas empresas que no tienen seguridad jurídica y hacen grandes inversiones en sitios que están vetados.
Las licencias para utilizar el método de estimulación hidráulica en la extracción de hidrocarburos se tramitarían con este nuevo decreto. El ministro de Ambiente aclaró que no se van a disminuir los requisitos técnicos para el fracking, sino solamente a agilizar los términos de los procesos. En este momento apenas están los bloques asignados y no hay solicitudes de licencia ambiental aún.