¿Habrá referendo para reformar la justicia?

No era difícil prever que la detención de Álvaro Uribe desataría una tormenta política. Así las cosas, tan pronto la Sala de Instrucción de la Corte hizo pública su decisión, los alfiles del Centro Democrático cerraron filas en torno a una idea: hay que reformar la justicia y solo es posible hacerlo con una asamblea nacional constituyente.

La propuesta tuvo poco eco, pero se llegó a hablar de un ultimátum del partido de Gobierno al presidente. Es decir, que en adelante el apoyo político del uribismo a Iván Duque iba a depender de que este se montara en la vacaloca de refundar el Estado en época de pandemia. Sin embargo, el propio Álvaro Uribe descartó esa idea y en su entrevista con Semana TV marcó la línea de lo que está por venir. Equivocados estaban quienes pensaban que el hecho de estar preso iba a alejar de la política al líder del Centro Democrático.

Más allá de la explicación de los pormenores de su proceso judicial, Uribe se dedicó a dejar claro que en este momento dos prioridades le rondan la cabeza: 1) impulsar un referendo para reformar la justicia, 2) lograr que su partido vuelva a poner el presidente en 2022. La constituyente y esta nueva apuesta política del uribismo son muy distintas, pero en el fondo guardan algunas similitudes. Se parecen en que un mismo propósito motivó las dos ideas: el de revocar las cortes y buscar la libertad de Álvaro Uribe. También son similares en que nacieron muertas y que no tienen la más mínima posibilidad de materializarse. Son distintas, en cambio, en que para esta nueva cruzada el uribismo no necesita el apoyo del presidente ni la aprobación del Congreso. La cosa entonces, si bien no llegará a ningún destino, sí va a anticipar el debate electoral y la carrera por la Presidencia.

Para llamar a un referendo basta con que un grupo de ciudadanos le notifique a la Registraduría su intención de convocarlo. Después de esa notificación vendría la labor de recoger las firmas. Para que el Congreso apruebe el referendo y el tema termine en las urnas, se requiere la firma del 5 por ciento del censo electoral. Es decir, alrededor de 1.800.000 ciudadanos. Hasta ahí todo suena posible y no tiene mayores complicaciones. Con el apoyo que todavía conserva Álvaro Uribe podrían conseguir la cantidad de firmas requerida.

De ahí en adelante, el nuevo referendo del uribismo sí que la tiene para arriba hasta ser prácticamente inviable. Cada pregunta que formule, para ganar, tendría que pasar el umbral de nueve millones de votos, la mitad de los cuales por el sí. Eso suena prácticamente imposible. En plata blanca, todos los votantes de Iván Duque, la mayoría de los cuales no son furibistas o votaron contra Petro, tendrían que salir a sufragar a favor de revocar las instituciones de justicia para beneficiar a un ciudadano particular. 

La historia ha mostrado que en Colombia esos mecanismos de participación suelen resultar más un saludo a la bandera que una medida efectiva. Esto, pues el umbral contemplado en la ley para que tengan un efecto real es demasiado alto. El ejemplo más reciente es tal vez el de la consulta anticorrupción. Causa más popular que esa no hay. No en vano por ella votaron 12 millones de colombianos. Aun así, los números no alcanzaron y la consulta se hundió.

Esta tampoco es la primera vez que el uribismo habla de un referendo para impulsar sus pretensiones políticas. Existe el antecedente del famoso referendo del Gobierno Uribe en el que solo una de las preguntas fue aprobada. Reciente en la memoria de los colombianos también está el promovido por el periodista Herbin Hoyos para revocar las cortes, o el de Viviane Morales sobre la adopción de parejas del mismo sexo. Todas esas cruzadas hicieron ruido, pero fracasaron.

En síntesis, el nuevo referendo del que habla el partido de Gobierno es más una estrategia para perfilar la narrativa política de cara a las elecciones de 2022. Así como antes el caballito de batalla fue evitar la llegada del “castrochavismo” y cambiar los acuerdos de paz, esta vez lo reemplazará la necesidad de liberar a Uribe y hacerle frente a lo que ahora llaman un ambiente “prechavista”.

Las últimas encuestas demostraron que con su detención, la imagen favorable y desfavorable de Uribe se mantuvo igual y no hubo el “efecto solidaridad” que muchos anticipaban.

Nadie en Colombia duda de la necesidad de reformar la justicia para arreglar las falencias del sistema, que no son pocas. Sin embargo, la vía para hacerlo es el Congreso, en donde desde hace meses se viene ambientando esa reforma, y no las urnas en un proceso que no solo desgasta y cuesta mucha plata a los contribuyentes, sino que tiene detrás una motivación más personal que institucional.