Si las zonas de reincorporación donde están las Farc no desaparecen, ¿qué sigue para ellos?

En Montañita, Caquetá, los excombatientes de las Farc comenzaron a echar raíces con los 745.000 pesos que les consigna el Gobierno cada mes. Desde que dejaron las armas hace dos años, la mayoría de las 13.018 personas que participan activamente del proceso de reincorporación estiran la plata como pueden. Mientras que unos ahorran, otros se juntan para sacar adelante iniciativas productivas, y un tercer grupo se las ingenia para asegurar el pedazo de tierra que ocupan. De los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), que albergan 3.246 hombres y mujeres de la antigua guerrilla con sus familias, este del sur del país es tal vez el más exitoso.

El ETCR de Montañita lo jalonan 210 antiguos miembros de la tropa élite que tuvo alguna vez el temido bloque Sur de las Farc. Ahora todos son labriegos. En la reciente cosecha sacaron más de 200 toneladas de piña. Sin intermediarios, comercializaron la fruta en los mercados de Florencia, Bogotá y Pitalito. Pero el agro no es la única iniciativa que tienen ellos y las comunidades que hay a su alrededor.

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En torno a esta aldea de la paz han brotado también negocios relacionados con el turismo, la vivienda, la educación y la piscicultura. Solo en el segundo semestre de 2018 vendieron más de 20 toneladas de pescado. Asimismo, mes a mes reciben, cuando menos, 250 turistas que llegan para conocer la naturaleza exuberante y observar centenares de murales que tienen pintados en las casas. Eso los llevó a construir un hospedaje de dos módulos con 12 habitaciones cada uno.

Más de 300 murales tienen los excombatientes en el ETCR de Montañita, en Caquetá. En Miravalle, Caquetá, los excombatientes de las Farc recibieron del Gobierno 560.000 millones de pesos para sacar adelante una granja integral. 

Para resolver el problema de la titulación de tierras que tantos enfrentamientos despertó con el Gobierno porque no dejó una mención en el acuerdo de La Habana que les facilitara el acceso inicial, varios excombatientes decidieron resolver el tema por su cuenta. Hace un año, después de una corta negociación, un sacerdote, dueño de los predios que ocupa este ETCR de Montañita, se ofreció a venderles 169 hectáreas por 200 millones de pesos, que pagan en un lapso de siete años y sin intereses. 

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“Con toda la mano de obra que tenemos hay muchos proyectos para poner a andar. La tierra aún no es suficiente, pero por algo se empieza”, le dijo a SEMANA Federico Montes, líder de la zona. Ahora se enfrentan a una difícil tarea: lograr que la Agencia Nacional de Tierras les titule los predios en forma colectiva a nombre de la cooperativa que conforman 170 asociados. Pero la pesada tramitología legal no se mueve al ritmo de los excombatientes.

Montañita, como casi el resto de ETCR, se convirtió en una ciudadela. Sin armas y sin una razón para huir, los excombatientes dejaron la vocación de nómadas para volverse sedentarios. Sobre terraplenes de cemento se levantaron postes de madera, techos de Eternit y cableados eléctricos para casitas elementales de 24 metros cuadrados, donde viven familias de hasta 15 personas. Su construcción en serie se asemeja a un barrio. Tienen habitaciones, aulas, acueducto, invernaderos, auditorio comunal, sanitarios y duchas.

Todo lo que tienen está medio de la selva como en el ETCR La Carmelita (Putumayo), en la cima de las montañas, como en Miravalle, Caquetá, o en medio de la llanura, como en Charras, Guaviare. El plástico y la cabuya, que tanto usaron para resistir frías noches en la penumbra de la guerra, los reemplazaron las ganas de construir proyectos fijos de vida a punta de ladrillo y cemento.

Un triunfo casi cantado

A diferencia de los procesos de paz que el país vivió con el M-19, el EPL o con las AUC, desde un principio se supo que la reinserción de los excombatientes de las Farc no sería con un taxi en Bogotá ni con un proyecto productivo individual en el Valle. 

Alrededor de 1.600 miembros del ahora partido Farc tienen empleos formales con instituciones del Estado, como la Unidad Nacional de Protección, la agencia para el desminado Humanicemos, la Agencia para la Reincorporación y Normalización o en las UTL de las diez curules otorgadas en el Congreso. Pero esas son situaciones excepcionales. 

El grueso de los excombatientes de las Farc se integran a la vida civil colectivamente, bajo esquemas de cooperativas de trabajo asociado y en forma muy ligada a los territorios donde alguna vez hicieron la guerra. Desde el inicio del Gobierno Duque se han aprobado 223 proyectos productivos (entre individuales y colectivos) que benefician a 717 excombatientes. Así las cuentas, de las 13.018 que son objeto de atención, por lo menos 9.000 aún no han accedido a los 8 millones para iniciativas productivas. 

Hace unos meses, cuando el Gobierno reunió a los alcaldes de los municipios donde están ubicados los ETCR, se llevó una gran sorpresa. No tuvo eco la propuesta de levantar 11 de los espacios y trasladarlos a nuevos territorios. La idea hacía parte del paquete de respuestas en las que trabaja el Ejecutivo para atender la situación de los reincorporados, pues este 15 de agosto vence la figura de transitoriedad que tienen esos asentamientos.

Para resolver las diferencias se planteó un diálogo con cada una de las comunidades para ver qué se hace con el problema de la tenencia de tierras cuando los espacios están en resguardos indígenas, territorios colectivos o zonas de reserva. Durante varias semanas los miembros del Consejo Nacional de Reincorporación visitaron cada uno de los ETCR para conocer de fondo cada una de las problemáticas y ofrecer una solución que se ajuste al contexto de cada una de las zonas. 

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Según le informó a SEMANA la Agencia para la Reincorporación, hay 500 predios en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que han sido expropiados y podrían ser utilizados en caso de que definitivamente se requiera un traslado de alguno de los ETCR o falte tierra. Con los otros 13 espacios, que no fueron objeto de discusión, el Gobierno decidió cambiar su estatus transitorio por permanentes y hacer lo necesario para incluirlos en los Planes de Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios donde están ubicados.

De acuerdo con el sistema organizativo local, cada uno de los espacios se convertirán en pequeños poblados, veredas, asentamientos o barrios. El respaldo que mostraron las autoridades locales en parte se debe a la visibilidad que los espacios les dieron a las zonas donde quedaron ubicados. De alguna forma, a muchos de ellos el Estado entró por primera vez mientras cumplía los compromisos que se acordaron con las Farc. En muchos casos, para su construcción fue necesario levantar carreteras o reforzar puentes para transportar los materiales. Es innumerable la cantidad de campesinos que bajo la sombrilla del proceso de reincorporación han aprovechado para acceder a educación, un empleo e incluso a servicios de salud.

Pastor Alape es el vocero de la Farc en todo lo que tiene que ver con la reincorporación de los excombatientes. 

Si bien la última encuesta Invamer detalla que el país ve el vaso medio vacío cuando se habla de paz, lo cierto es que otra parece ser la percepción que tienen aquellas comunidades cercanas a los espacios territoriales. Estas sí han sentido la presencia institucional así sea de manera indirecta. Ahora, con los ajustes que se comenzarán a introducir, la apuesta del Gobierno es fortalecer la reincorporación a largo plazo.

Para consolidar ese camino, el presidente Iván Duque tomó la decisión de comprar la mayoría de predios, titularlos a nombre de la Agencia para la Reincorporación a fin de, más adelante, otorgárselos a los excombatientes. “El 15 de agosto finaliza la figura jurídica de los espacios territoriales. Esa figura, de carácter transitorio, va a consolidarse en algo permanente, esto no quiere decir que los espacios territoriales van a ser eliminados o suprimidos o desalojados los excombatientes de estas zonas”, aseguró este miércoles Andrés Stapper, director de la ARN.

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Bien atrás quedó el fantasma del Caguán y de las repúblicas independientes tipo Marquetalia; tras dos años de funcionamiento, el Gobierno entendió que muchos excombatientes no tenían más opción que quedarse a vivir allí. Por eso, luego del pulso que la Farc sostuvo con el Gobierno Santos, la directriz ahora es darles algo de tierra para consolidar el enraizamiento. Esto, en parte, se debe a que muchos exguerrilleros, como rompieron sus vínculos con el mundo exterior por llevar tanto tiempo en armas, no tienen a dónde ir luego del armisticio; y otros, debido a que su nivel de escolaridad es tan bajo que no ven viable trasladarse a una ciudad en busca de oportunidades.

El problema, sin embargo, todavía no queda resulto. Primero porque se trataría predios que en principio contemplan hectáreas para vivir y no para trabajar. Segundo, porque a pesar que en Colombia hay tierras para todos hay al menos cinco males vonvirtieron la administración del territorio en un caos: la alta concentración de la propiedad, las millones de hectáreas despojadas a los campesinos, los baldíos del Estado ocupados ilegalmente, la poquísima información catastral y que más de la mitad de los predios no tienen títulos. 

Actualmente, en el país hay 800.000 familias esperan que se les adjudique una parcela. Si se parte del Fondo de Tierras que espera sumar 3.000.000 en los próximos años, podría decirse que les tocaría de a 3,75 hectáreas a cada una. A la lista se suma ahora miles de excombatientes de las Farc, con sus familas. De la forma como el presidente Duque administe un problema tan sensible como el de la tierra, dependerá que no se vuelvan a abrir las heridas de la guerra. 

Cuesta arriba

Andrés Stapper está al frente de todo el proceso de reincorporación económica de los excombatientes de las Farc en la ARN.    

De los seis grandes puntos negociados en La Habana, el del fin del conflicto que incluye la reincorporación es el que avanzó a mejor ritmo: registra 42 por ciento de cumplimiento, según el último informe del Instituto Kroc, encargado de hacer el seguimiento al proceso de implementación del acuerdo de paz. Con un porcentaje marginal, por debajo de esta cifra, aparece la reforma rural con avances de solo el 4 por ciento. Los programas que incluyen una solución al problema de las drogas apenas llegan a 2 por ciento de cumplimiento, mientras que la participación política y los acuerdos sobre las víctimas registran 12 por ciento cada uno.

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Un análisis punto por punto ubica la dejación de armas como el compromiso ejemplarmente agotado. Los fusiles se depusieron hace ya dos años con todos los requisitos de ley satisfechos. Y frente a las tareas pendientes, hay que decir que este primer semestre ha habido un repunte en el cumplimiento de lo que aún falta en el plano de la reincorporación socioeconómica. Se ha acelerado el proceso de aprobación de proyectos productivos, ha surgido un amplio conjunto de iniciativas locales con comunidades aledañas, y el Gobierno decidió prorrogar el acceso de los excombatientes a la renta básica que solo estaba pensada para dos años. La diferencia con la nueva resolución es que estará condicionada para aquellos que participen activamente de todo el proceso de reincorporación.

Así pues, quienes continuen recibiendo el 90 por ciento del salario mínimo deben cumplir con al menos dos requisitos: asistir a una de las actividades de reincorporación social y/o económica, registrada en el Sistema de Información de la ARN, dentro de los seis (6) meses anteriores al período de desembolso. Además, diligenciar el Registro Nacional de Reincorporación (RNR), aun teniendo un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario o contrato.

La atomización de todos los excombatientes por el territorio nacional se convirtió en el mayor reto de las autoridades que ahora deben trabajar en una fórmula para adaptar las medidas de seguridad de la reincorporación a la nueva geografía. Desde la firma del acuerdo de paz, alrededor de 135 excombatientes de las Farc han sido asesinados. Ante la posibilidad que tienen desde que colgaron el fusil de moverse sin restricción por todo el territorio, se disparó el número de muertes, especialmente en zonas que se disputan los grupos armados.

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Para analistas consultados por SEMANA, el escenario en las próximas elecciones regionales será muy complejo si no se recuperan las medidas de seguridad pactadas en el acuerdo y, además, se aplican las 23 propuestas que presentó el presidente Duque ante el Consejo Nacional de Paz.

Emilio Archila, consejero para la estabilización, encabezó este jueves la primera plenaria del Consejo Nacional de Paz. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU, pidió fortalecer las garantías de seguridad en los territorios para los excombatientes y los líderes sociales. 

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Durante los seis años que duró la negociación, además de las víctimas, el otro corazón que bombeó fue la participación política. Restringir o no poder garantizar que quienes estén interesados en participar de la contienda electoral lo puedan hacer sería otro duro ataque a la esencia del acuerdo. Por eso, como parte de las medidas que no requieren mayor presupuesto, está la activación de escenarios de interlocución como la Comisión Nacional de Garantías, que solo se ha reunido una vez.

El Gobierno no la tiene fácil. A pesar de los notorios actos que ha dado para demostrar el compromiso que tienen con la paz, hay otros que nadie entiende como el interés de regular las condiciones que deben cumplir los diplomáticos que quieran visitar los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. El tema es clave si se tienen en cuenta los 20 millones de euros que aporta la Unión Europea y los 10 del fondo multidonante de Naciones Unidas. La comunidad internacional ha invertido especialmente en el proceso de reincorporación económica. De hecho, hace unos meses que comisión de Bruselas visitó Icononzo, un funcionario del Gobierno les propuso cambiar el plan e ir a recorrer asentamientos de venezolanos. De ahí que haya quienes creen que se quiere domesticar el papel de la comunidad internacional.

En los próximos meses, el Gobierno de Iván Duque se la jugará por la sostenibilidad del proceso de reincorporación. Paulatinamente, ha entendido que lo que haga por el proceso no es solo en favor de los excombatientes, sino también por quienes habitan la Colombia rural. Tener a las Farc trabajando del lado de la legalidad y produciendo en el campo, bien aprovechado, se podría convertir en un efecto cascada que consiga transformar las dinámicas que han impuesto los grupos armados. Ojalá sea ese el norte hacia el que avance el país entero.

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