Proyectos anticorrupción en la cuerda floja

El 29 de agosto los medios de comunicación registraron una foto histórica. A menos de un mes de posesionado el presidente Duque, convocó a todos los partidos políticos a sentarse en una misma mesa en el Palacio de Nariño. La apuesta del mandatario fue interpretada como la primera señal de un compromiso presidencial con la reconciliación –el Centro Democrático y la Farc compartirían manteles–, pero también de un propósito estratégico para construir gobernabilidad en torno a la lucha contra la corrupción.

Los participantes en la mesa debatieron alrededor de las iniciativas consignadas en la consulta anticorrupción, votada pocos días atrás. Si bien la mayoría de las preguntas no lograron pasar el umbral y, por ello, sus puntos no se convirtieron en mandato, sus promotores y quienes salieron a votar obtuvieron un triunfo político. Días antes, ningún político ni analista se había atrevido a pronosticar que sufragarían más de 11 millones de colombianos, más de los que eligieron a Iván Duque.

Por cuenta de lo anterior, si bien en la mesa los partidos hablaron de la necesidad de impulsar la reforma política, que cursa en el Congreso, y la de la justicia –que prácticamente está hundida–, ese espacio fue concebido para que todas las colectividades se sumaran a un propósito nacional para que, según el presidente, “podamos en los próximos meses y de cara al fin de este periodo legislativo darles a los colombianos la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos de ley”.

Sin embargo, diciembre llegó y el pacto producto de esa reunión no tuvo los resultados esperados. Aunque el gobierno y los promotores de la consulta anticorrupción tienen visiones diferentes sobre el tema, es evidente que, a una semana de que terminen las sesiones del Congreso, las iniciativas acordadas en la mesa y derivadas del resultado de la consulta no han tenido un trámite exitoso. Según la visión optimista del gobierno, solo se ha hundido uno de los siete puntos relacionados con la consulta, el que se refiere a la reducción de los salarios de los congresistas. Argumenta que este punto se hundió por cuenta de una lluvia de impedimentos que presentaron los parlamentarios, con el argumento de que ellos no podían votar por una propuesta ante la cual tenían conflicto de intereses.

No cree lo mismo Angélica Lozano, una de las promotoras de la consulta, para quien solamente tiene posibilidades de pasar el proyecto que respondía al tercer punto de la consulta, dirigido a que las entidades estatales, incluidas las de nivel local, y regional, adopten obligatoriamente pliegos tipo en su sistema de contratación pública. Ese proyecto va en segundo debate del Senado, de cuatro que necesita.

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El otro aspecto que se salvaría, según los congresistas de la Alianza Verde, es el que tiene que ver con quitar privilegios de casa por cárcel a quienes cometan actos de corrupción. Ese punto entraría en el proyecto anticorrupción anunciado por el fiscal a finales del gobierno pasado, que va en tercer debate.

El panorama es menos optimista para otros aspectos, como prohibir que las empresas relacionadas con actos de corrupción puedan volver a contratar con el Estado, incluido en la ley de probidad presentada por el procurador, que va a primer debate. También con que los presupuestos de las entidades públicas estén abiertos a observaciones y preguntas de la ciudadanía (no tiene ni siquiera ponencia); el compromiso de que los congresistas rindan cuentas (tiene ponencia y está pendiente de primer debate); la obligación de hacer visibles las declaraciones patrimoniales de los parlamentarios (la cual se extendió, por iniciativa del Centro Democrático, a todos los funcionarios, lo cual pone en riesgo su constitucionalidad). Y con el límite máximo de tres periodos de permanencia en cuerpos colegiados para congresistas, concejales, diputados (ya hundido en Cámara, pero incluido en la reforma política en curso).

La diferencia de visión entre el gobierno y los promotores de la consulta, frente a lo sucedido con esa agenda, tiene que ver con argumentos opuestos de ambas partes sobre cuál ha sido y cuál debe ser el papel del gobierno ante esas iniciativas. Para comenzar, Claudia López, Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Jorge Enrique Robledo, entre otros líderes de la consulta, insisten en que el gobierno “firmó el acta de defunción de los aspectos relacionados con la misma el mismo 17 de septiembre”. Ese día el propio presidente Duque radicó los proyectos ante el presidente del Congreso, Ernesto Macías, pero lo hizo sin imponerles mensaje de urgencia.

La ministra Nancy Patricia Gutiérrez insiste en que no lo hizo, principalmente, por ‘técnica legislativa’. Argumenta que, al estar en fila dos actos legislativos en el Congreso, haberles puesto mensaje de urgencia a los proyectos derivados de la mesa de partidos habría retrasado aún más la reforma política y la reforma a la justicia (esta última ya se hundió). Esto en la medida en que, al tratarse de cambios constitucionales, ambas reformas requieren ocho debates, cuatro de los cuales debían hacerse sí o sí antes de diciembre. Con el mensaje de urgencia de los proyectos de la mesa de partidos, la discusión de ambas se habría retrasado. “Por esa razón, esperamos al 8 de noviembre para radicar el mensaje de urgencia”, dice.

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Sin embargo, otra cosa aseguran los miembros de la oposición que estuvieron en la mesa. Insisten en que Duque sí prometió darles trámite urgente a los proyectos y que así quedó registrado en los medios. Algo similar pasó con la ley de probidad presentada por el procurador. De hecho, este, en reunión privada con Duque, tuvo que pedirle el mensaje de urgencia para la misma después de varias semanas de radicada.

Las visiones del Ejecutivo y los partidos promotores de la consulta también chocan en la forma como ambas partes analizan el liderazgo gubernamental. Mientras los ministros de Duque insisten en que, en aras de la independencia de poderes, los ministros no deben entrometerse en los trámites legislativos, los defensores de la consulta aseguran que el mandatario no impulsó lo suficiente las decisiones concertadas después de la consulta. Señalan que, mientras en temas como la reforma a la JEP, que trató de concretarse en la Comisión Primera del Senado, estuvieron pendientes la ministra Gutiérrez y el consejero Jaime Amín, en el caso de los proyectos derivados de la mesa el gobierno tuvo una presencia débil. Ni funcionarios de Palacio, ni el secretario de Transparencia, ni voceros de los ministros asistieron a los debates de estas iniciativas.

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Finalmente, el gobierno asegura que en la reunión del 29 de agosto nunca les prometió a los partidos que se reunirían permanentemente y de manera institucional. Esto implicó que solo algunos liberales, miembros de la Alianza Verde, del Polo Democrático y muy pocos congresistas del Centro Democrático les dieron continuidad a las reuniones para evaluar el estatus de los proyectos. “El presidente nunca hizo seguimiento ni evaluación a los resultados de la mesa”, asegura Lozano.

Más allá de la viabilidad de traducir los resultados de la consulta en leyes puntuales, el gobierno perdió una gran oportunidad al no haberles metido más la ficha a las iniciativas derivadas de la mesa interpartidista. Otra sería la realidad si el presidente hubiera convocado periódicamente a los partidos para mantener vivo el optimismo derivado de la primera cumbre. La corrupción hoy en día preocupa a los colombianos más que cualquier otro tema: haber mantenido viva la mesa y sacado adelante, al menos, la mitad de esos proyectos le habría permitido a Duque encontrar en la lucha contra ese flagelo una narrativa que aún no tiene, y haber consolidado mejores niveles de popularidad. No en vano, en agosto, cuando invitó a los partidos a la Casa de Nariño, el mandatario llegó a tener el 40 por ciento de imagen positiva, un porcentaje que prácticamente duplica al actual.