NACIÓN
Qué peligro: propinan duro golpe a banda que estaría involucrada en la alteración de alimentos y medicamentos del PAE
Los alimentos y medicamentos también eran distribuidos en establecimientos de comercio de varias regiones del país.
La Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional propinaron un duro golpe a una banda que estaría involucrada en la alteración de alimentos y medicamentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
De acuerdo con la investigación de las autoridades, dichos alimentos y medicamentos eran distribuidos a establecimientos de comercio y a algunos operadores del programa nombrado anteriormente.
Teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades llevaron a cabo operativos en Medellín, Itagül y Guarne (Antioquia); y Bucaramanga (Santander), donde ocuparon 21 bienes con fines de extinción de dominio. Se trata de 10 inmuebles urbanos, 3 vehículos, 1 sociedad y 5 establecimientos de comercios, que pertenecerían a integrantes de esa estructura ilegal.
Así mismo, se indicó que los bienes, avaluados preliminarmente en 3.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. Por lo tanto, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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“La organización delictiva ingresaba al país productos de Chile y Ecuador, en algunos casos vencidos o en malas condiciones. Posteriormente, les modificaban las fechas de expiración, lotes de fabricación, registros, etiquetas, sellos de seguridad, tablas nutricionales y otros elementos”, agregó la Fiscalía.
Además, la entidad indicó que bajo la apariencia de autenticidad, alimentos y medicamentos eran vendidos a contactos en Medellin, Santafé de Antioquia, Rionegro y Bello (Antioquia); Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico) y Cúcuta (Norte de Santander), entre otras ciudades.
“Asimismo, llegaban a los encargados de suministrar los suplementos alimentarios a colegios oficiales. Esta práctica se identificó en Medellin y Bucaramanga”, concluyó la Fiscalía.
#ATENCIÓN | El trabajo coordinado entre la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional permitió impactar las finanzas de una red que estaría involucrada en la alteración de alimentos y medicamentos, los cuales eran distribuidos a establecimientos de comercio y algunos operadores… pic.twitter.com/1W2OULTe7F
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 25, 2023
Por irregularidades en proceso de licitación del PAE, Procuraduría profirió cargos a funcionarios de la Alcaldía de Soacha
La Procuraduría General de la Nación presentó cargos contra dos funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía de Soacha, Cundinamarca. Se les acusa de presuntas irregularidades durante el proceso de licitación pública para el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en instituciones educativas del municipio.
La encargada de adelantar la indagación es la Provincial de Instrucción de Fusagasugá, que incluyó en el expediente a la secretaria del Despacho, Gloria Álvarez Tovar, y al profesional universitario Óscar Javier Rodríguez Díaz. Se les señala por presuntamente exigir a los proponentes “requisitos que no eran necesarios, justos ni proporcionales”. De igual forma, vinculó a los contratistas Jeisson Fabián Lamprea Vargas y Max Ney Moscote Arteaga.
La entidad alegó que Álvarez Tovar pudo haber incurrido en una falta disciplinaria, al presuntamente omitir los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal, durante la estructuración de los estudios previos y su posterior adjudicación. Además, se le formularon cargos por posiblemente inhabilitar a un proponente al no permitirle corregir una falla relacionada con la experiencia previa requerida.
En el caso de Rodríguez Díaz, la Procuraduría señaló que en la etapa precontractual firmó los estudios previos y los documentos con los que se respondieron a las observaciones, sobre los pliegos de los proponentes.
Respecto a los contratistas, el Ministerio Público afirmó que ambos desempeñaron roles como miembros del comité evaluador de la licitación para el Programa de Alimentación Escolar y participaron en la elaboración del informe de verificación jurídica final, en el que se excluyó a uno de los interesados sin permitirle corregir sus presuntos errores.
La entidad indicó que “los cuatro disciplinables pudieron pasar por alto el cumplimiento de instrucciones y el seguimiento a directrices impartidas por la entidad, por lo que de manera provisional calificó las presuntas conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima”.
