Duque en la encrucijada por la JEP

¿Firmar o no firmar? La sanción de la ley estatutaria de la JEP –que fija las reglas de juego para su funcionamiento- es la más difícil que ha enfrentado el presidente Iván Duque. Las consecuencias de su decisión van mucho más allá de cómo operará la JEP. Para algunos, incluso, no hay salida buena.

Por un lado, Álvaro Uribe -jefe del Centro Democrático y mentor de Duque- se fue contra la JEP pidiendo que se elimine del todo. Para argumentar su posición, ha presentado a través de Twitter siete trinos exponiendo las razones por las cuáles considera que este es el camino que Duque debería seguir.

Por otro lado, copartidarios del presidente le han pedido que objete parcialmente esa Ley Estatutaria, pues hay algunos puntos en los que no están de acuerdo como la extradición, el reclutamiento de menores y el costo fiscal. Al mismo tiempo, los sectores progresistas, el Procurador y la comunidad internacional -incluida la Corte Penal Internacional (CPI)- le han pedido que sancione la ley.

Si el presidente respalda la posición de Uribe, se generaría un choque de trenes. Por una parte, estaría desconociendo al poder Legislativo y Judicial, que aprobaron y modificaron el texto para que cumpliera con los estándares mínimos exigidos por el derecho internacional en temas de Justicia Transicional y construcción de paz. Además, la Estatutaria forma parte de la Constitución, por lo cual no se puede desconocer.

Los escenarios más viables que le quedan al presidente, según los expertos consultados por SEMANA, -Laura Gil, José Manuel Acevedo, Alfonso Cuellar y Elisabeth Ungar- son la objeción del proyecto, ya sea parcial o completamente, o la sanción del texto aprobado por las ramas legislativa y judicial, representados en sus máximos organismos: el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

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El primer escenario es que Duque decida objetar completamente la ley. Pero Elisabeth Ungar cree que este tendría un costo político muy alto para el presidente, no sólo porque se iría en contra de las instituciones del país y la comunidad internacional, sino porque además demostraría que el expresidente y senador Álvaro Uribe ejerce una influencia muy grande en él. Ello -de acuerdo con Alfonso Cuellar- consolida la idea de que quien verdaderamente manda, es Uribe.

Por su parte, Acevedo considera que si los cambios que el presidente le quiere realizar a la estatutaria son los reparos que expresó cuando era senador, estos se lograrían mediante una reforma constitucional y no con una objeción.

El segundo escenario que enfrentaría Duque, es objetar parcialmente el texto. En su papel como senador compartía las mismas preocupaciones que sus compañeros de partido frente a la extradición y el reclutamiento de menores.

De acuerdo a Ungar, en este escenario estaría poniendo en juego “su uribismo pura sangre” y se alejaría aún más del discurso de centro que utilizó durante su campaña y continuaría su acercamiento hacia posiciones más radicales de derecha, las cuales le han dado réditos según las últimas encuestas en las que repuntó su favorabilidad. Alfonso Cuellar sin embargo, considera que la favorabilidad registrada en la encuesta de Invamer -42,7 por ciento- es el techo que puede alcanzar el presidente.

Regresar el texto –reformado- al Congreso, implicaría un gran riesgo: el gobierno no cuenta con una mayoría clara en el Senado y en la Cámara –y menos aún en un año electoral- asegura Ungar. Gil agrega que el presidente también pagaría un costo en la comunidad internacional, que ve con buenos ojos el proyecto. Esta semana, por ejemplo, la Corte Penal Internacional se pronunció a favor de la ley estatutaria.

En otras palabras, una eventual negativa a sancionar la ley sería bien recibida en el Centro Democrático pero Duque se echaría encima una parte de la institucionalidad del país y la comunidad internacional.

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La opción de sancionar la estatutaria es la preferida de los sectores progresistas del país, el procurador y la comunidad internacional, pero también tiene sus problemas. Sobre todo, que el presidente Duque se distanciaría del uribismo, su base política natural. “Eso sí, sería un grito de independencia” frente a su partido, afirmó Cuellar. Acevedo considera, en cambio, que sancionar la ley sería la mejor opción para el presidente.

En conclusión, la decisión que tiene que tomar el presidente en los próximos días será crucial para el futuro del país, el liderazgo de Duque, la definición del talante de su presidencia y el destino de miles de excombatientes y militares que se encuentran en la JEP.