¿Qué puede hacer la Ocde para proteger a los wayúus?

Amelia cuenta que vendía los coloridos bolsos que teje por el equivalente a cinco dólares cada uno, aunque en internet se comercializan  incluso a 50 dólares. Pero estas artesanías no bastan para paliar la gravísima malnutrición que padecen los wayúus, la población indígena más numerosa de Colombia.

Una importante reunión de funcionarios que se celebrará mañana en París podría contribuir a aliviar su situación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? (Ocde) —un prestigioso organismo integrado en su mayoría por países con altos ingresos que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social en todo el mundo—está analizando la solicitud de Colombia para integrarse a la organización.

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Acceder a la Ocde es una de las más importantes aspiraciones políticas del presidente Juan Manuel Santos, y a su gobierno le quedan pocos obstáculos por superar. Entre ellos, mañana, 22 de marzo, el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Ocde analizará si Colombia está implementando “medidas diseñadas para ayudar a las personas que no tienen trabajo y a otros grupos vulnerables a combatir la pobreza”. En el caso específico y puntual de los wayúus, es evidente que Colombia no satisface ese criterio.

La crisis de hambre está intrínsecamente ligada a un acceso extremadamente deficiente a servicios básicos, esfuerzos limitados para erradicar la corrupción local y una respuesta insuficiente ante la crisis. Existe un acceso limitado a alimentos y agua, agravado por la terrible crisis humanitaria en Venezuela, al otro lado de la frontera.

Amelia me contó que tres de sus siete hijos murieron antes de alcanzar la edad adulta, y ese hecho no es del todo sorpresivo entre los wayúus. El acceso limitado al agua y alimentos ha causado muertes innecesarias de numerosos wayúus, y está deteriorando la salud de miles. Los efectos devastadores de esta crisis para los niños son más que conocidos en Colombia. Las estadísticas del gobierno reflejan que durante los últimos dos años ha muerto, en promedio, casi un niño indígena menor de 5 años por semana en La Guajira debido a causas asociadas con la desnutrición. 

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Sin embargo, a menudo el sufrimiento de las mujeres y los niños wayúus no es percibido. Durante visitas recientes, numerosas mujeres como Amelia me permitieron hacerme una idea de sus padecimientos y sacrificios. Por ejemplo, conocí a Marcela, una mujer embarazada, en la carretera que conduce a Luace, la pequeña comunidad rural donde vive. Para someterse a controles prenatales, Marcela tiene que trasladarse en motocicleta durante una hora por senderos precarios (poco más que surcos abiertos en el desierto) hasta una clínica en la comunidad de Paraíso. El día anterior había llegado a las 7 a.m. para el control y esperó siete horas para ver a un médico, lo cual, me dijo, era habitual. No obstante, para mujeres embarazadas como Marcela, el acceso deficiente a la atención médica es solo una parte del problema. “Hay días que comemos dos veces, y otros solo una vez, y ya está”, me contó.

En la península de La Guajira, algunas mujeres embarazadas o en lactancia habrían muerto por causas vinculadas con la desnutrición. La organización de derechos indígenas Shipia Wayúu documentó cuatro casos en 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno colombiano que adoptara medidas inmediatas para proteger a las mujeres wayúus.

El gobierno se ha comprometido a tomar medidas, pero sus esfuerzos han sido limitados. En las comunidades que visité, los programas alimentarios del gobierno destinados a niños y niñas a menudo no alcanzaban. Muchos profesionales médicos y de enfermería no tenían medicamentos para tratar a los niños. Y varios pozos de agua creados por el gobierno no funcionaban o solamente extraían agua salada.

Cuando llegué a una comunidad, una mujer y una niña estaban llenando baldes de un sistema de agua creado por el gobierno que se encontraba a la intemperie, sucio y con insectos. Luego se bañaron con esa agua.

Aunque las mujeres wayúus padecen la falta de servicios y los estragos del hambre, también desempeñan roles de liderazgo en la lucha por una vida digna. En las comunidades, a menudo son las mujeres —ya sea docentes, líderes comunitarias o enfermeras— quienes hacen el mayor esfuerzo por ayudar a sus vecinos.

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Dolores, una cocinera de un programa gubernamental que brinda comida a niños de bajos recursos en una comunidad en la punta oriental de la península, era un ejemplo típico de estos héroes silenciosos. Aunque tiene dificultades para dar de comer a su propia familia, a veces le pide a su hija que no coma en el programa de alimentos para que la comida alcance para los demás. Dolores me dijo que, a menudo, el arroz, las verduras y la carne que suministra la empresa privada que gestiona el programa no son suficientes, y entonces gasta una parte de su salario mensual de 900.000 pesos para comprar más. Muchas cocineras y docentes me dijeron que, al igual que Dolores, usan sus salarios para ayudar a dar de comer a los niños y niñas de sus comunidades.

También conocí a María, de 19 años, en la localidad de Manaure, y cuando le dije que no podía visitar Camasia, la comunidad de donde es oriunda, decidió hacer sus propias entrevistas. A través de grabaciones que hizo con un teléfono prestado, supe que los familiares de María en general comen solo una vez por día y, a veces, por varios días seguidos, solamente beben chicha, un brebaje elaborado con maíz. Su comunidad pasa semanas sin acceso al agua, me informó María, y sus familiares caminan más de una hora y media para llenar baldes.

Ahora es momento de que el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Ocde ponga atención en la crisis de los wayúus y examine la eficacia de las medidas que han adoptado las autoridades colombianas para superar esta situación. El comité debería exigir al gobierno colombiano un plan de acción serio, con metas concretas y, lo que es crucial, un riguroso sistema de verificación internacional. En este momento, la Ocde tiene todas las facultades y poderes que necesita para exigir que Colombia mitigue el sufrimiento de mujeres como Dolores y María.

*Juan Pappier es abogado para las Américas de Human Rights Watch. Una versión en inglés de este artículo fue publicada en Euronews.