¿Qué repercusiones tendrá sacar a las Farc de la lista de terroristas?

¿Qué repercusiones tendrá la decisión de Washington de sacar a las Farc de la lista de terroristas?

La decisión de Estados Unidos de sacar a las Farc de la lista de organizaciones terroristas e incluir en ella a las disidencias de Iván Márquez, El Paisa y Romaña, la llamada Narcotalia, tiene entre otras explicaciones como la de poner toda su fuerza en atacar el tráfico de drogas.

Las disidencias son responsabilizadas por las autoridades colombianas de ser uno de los principales actores en el negocio ilegal de las drogas, de asesinar a líderes sociales y perseguir a antiguos compañeros suyos que depusieron las armas en el marco del proceso de paz.

Washignton asegura que las Farc, que hoy son partido político legal en Colombia, “ya no existen como una organización unificada que se dedique al terrorismo o a la actividad terrorista o que tenga la capacidad o la intención de hacerlo”.

La determinación también le servirá a la Casa Blanca de instrumento para mantener su atención centrada en las acciones del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, en relación con el negocio de las drogas ilegales.

Informaciones de autoridades colombianas dan cuenta de que cerca de 50 % de la droga que se produce en Colombia sale a través de Venezuela, donde las estructuras criminales cuentan con el apoyo del régimen de Maduro, incluyendo sus Fuerzas Armadas.

Los nuevas organizaciones terroristas para Estados Unidos, “las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Segunda Marquetalia”, tienen hoy su fortaleza en la protección que el régimen de Maduro les otorga en territorio venezolano.

Aunque esos grupos delinquen en Colombia y controlan territorios de cocaína en diversas regiones, sus líderes viven en territorio venezolano y son protegidos por las autoridades de ese país.

En ningún caso la decisión de Washington limitará la persecución de quienes, aún siendo miembro de la organización declarada no terrorista, incurre en acciones criminales, sobre todo de narcotráfico, explicó el diplomático.

“La decisión de revocar la designación no cambia la postura con respecto a cualquier acusación o posible acusación en Estados Unidos contra los antiguos líderes de las FARC, incluso por narcotráfico, ni elimina la mancha de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia, que consideró sus acciones como crímenes de lesa humanidad”, añade la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Lo notificado por Washington en la mañana de este martes por el mismo secretario de Estado, Antony Blinken, en una declaración oficial, también está dirigida a despejar el camino del Gobierno estadounidense para apoyar la implementación del acuerdo de paz con las Farc, firmado en 2016.

Los demócratas siempre han estado comprometidos con el Acuerdo de Paz con las Farc.

Cuando el expresidente Juan Manuel Santos inició los primeros contactos con esa guerrilla en busca de la paz, en 2011, informó a Washington en privado y el entonces presidente Barack Obama lo respaldó. Durante todo el proceso Obama respaldó las negociaciones de La Habana.

La llegada de los republicanos a la Casa Blanca, con Donald Trump, puso un clima de escepticismo al proceso. Ahora la administración Biden vuelve a enfocar su apoyo en la necesidad de cumplir los acuerdos con la que fuera la guerrilla más sanguinaria de Colombia por más de medio siglo.

En las últimas semanas el presidente colombiano Iván Duque ha tenido manifestaciones de reconocimiento en favor de la implementación del Acuerdo de Paz, muy distintas a las que sostiene su partido, el Centro Democrático, y de manera muy particular, su jefe, el expresidente Álvaro Uribe.

En el último mes, Duque recibió en Bogotá al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y a los dos les expresó su compromiso de mantener las acciones de implementación del Acuerdo de Paz.

De hecho, la Corte Penal cerró el examen preliminar que seguía a Colombia por graves violaciones a los Derechos Humanos luego de observar el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“La presencia suya en Colombia ha sido una gran validación de lo que hoy hemos logrado y lo que está en marcha, que es la Paz con legalidad”, le dijo el presidente Duque a Guterres.

Casi al mismo tiempo, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, hizo una de las mayores críticas, en sentido contrario a lo que dijo Duque.

“Proceso de paz no ha habido”, dijo Uribe de manera categórica, luego de reiterar muchos de los cuestionamientos que siempre ha hecho al acuerdo con las Farc.

La implementación del acuerdo con las Farc podría volverse tema central de la campaña presidencial, de nuevo.

Por un lado, los sectores de izquierda y centroizquierda han centrado mucho de sus discursos en este tema, mientras la centroderecha cree que el proceso de paz trajo consigo situaciones críticas como el aumento jamás visto en el narcotráfico.