¿Qué significa que Cepeda lleve hechos de violencia policial a la Corte Penal Internacional?

Las consecuencias de las protestas que sucedieron al homicidio de Javier Ordóñez Bermúdez a manos de agentes de la Policía Nacional aún no son totalmente claras. Primero, están las 14 muertes de civiles y los múltiples videos que rondan en plataformas virtuales en donde se evidencian abusos de autoridad por parte de miembros de la fuerza pública. Luego, quedan los daños a bienes públicos –buses y varios comandos de acción inmediata (CAI)– y más de 90 arrestos. Pero, a medida que los días pasan, otros interrogantes surgen.

Por ejemplo, el congresista Iván Cepeda Castro anunció en sus redes sociales que enviará una comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI) con información sobre una presunta responsabilidad del presidente Iván Duque Márquez y el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en la comisión de crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones de la semana pasada.

Horas después, en audiencia pública virtual de la Comisión Segunda del Senado, Cepeda Castro reiteró su intención de compartir los hechos ocurridos con este tribunal.

“Quiero proponerles a mis colegas que enviemos una comunicación en la que explicitemos que se han cometido, o que se están cometiendo, crímenes que son catalogados como crímenes de competencia de la CPI”, expresó. Y terminó su intervención señalando nuevamente al Gobierno como responsable al asegurar que existió “una total omisión de autoridades como el presidente de la República y el ministro de Defensa”.

Tras la contundencia con la que comunicó su intención, sin embargo, quedó la duda de cuáles serían las implicaciones que traería un eventual involucramiento de la CPI en los incidentes que se tomaron al país después del 7 de septiembre. SEMANA consultó a Enrique Prieto-Ríos, profesor de derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, acerca de este tema.

De entrada, Prieto-Ríos recordó que la jurisdicción de este órgano internacional es complementaria y actúa solo cuando ya lo han hecho las autoridades locales en primera instancia. Aclaró, en todo caso, que la CPI podría no esperar a la intervención del sistema judicial de un país, e iniciar por su cuenta una investigación, si duda sobre su efectividad o transparencia. Para tener certeza alrededor de este aspecto todavía es muy pronto, ya que falta esperar para verificar cómo se desenvuelven la Fiscalía y demás instituciones a nivel nacional.

El jurista también resaltó que la CPI solo conoce de ciertos delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, por lo que debería demostrarse que uno de estos tuvo lugar durante las protestas.

“En el caso específico, la conducta que tentativamente podría describir los hechos cometidos por la Policía en Bogotá, es el crimen de lesa humanidad. Lo anterior siempre y cuando se pueda demostrar que los agentes asesinaron, torturaron o violaron a los manifestantes de forma generalizada o sistemática y conocieron de dicho ataque”, aseguró.

Y con respecto al papel del presidente y del ministro de Defensa en las acusaciones de Cepeda Castro, Prieto-Ríos señaló que el artículo 28 del Estatuto de Roma establece la “responsabilidad de los jefes y otros superiores por los crímenes cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo en razón de no haber ejercido un control apropiado”. Se remitió a la Constitución Nacional, que en su artículo 189 otorga al primer mandatario la condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y esto incluye a la Policía Nacional.

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En este orden de ideas, los hechos cometidos –en teoría– podrían ser endosados al presidente y al ministro siempre y cuando se demuestre que fueron crímenes de lesa humanidad. Y es ahí donde radica la dificultad.

“El senador Cepeda puede enviar la comunicación a la fiscalía de la CPI y será la fiscal la que determine si considera que el material probatorio es lo suficientemente fuerte para que este órgano abra la investigación respectiva. Un gran reto es demostrar que existió una conducta sistemática y organizada por parte de la Policía Nacional y no que fueron hechos aislados”, aseveró Prieto-Ríos.

No es la primera vez que el senador Iván Cepeda Castro acude ante la CPI. En 2012 ya había enviado una comunicación para que se investigara al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los sucesos que derivaron en el escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Hasta el momento, el tribunal no ha realizado ningún trámite o actuación sobre el tema. Eso deja entrever que la movida de Cepeda en realidad es más un anuncio simbólico que un hecho práctico transnacional. La CPI, llamada por muchos “tigre de papel”, lleva décadas haciendo advertencias a Colombia por múltiples episodios atroces del conflicto armado sin que haya avanzado hacia un procedimiento concreto.

En ese sentido, Prieto-Ríos concluyó advirtiendo las pocas probabilidades de éxito que tiene la comunicación del senador del Polo Democrático: “El expediente de Colombia tiene temas de mayor gravedad, como los falsos positivos. Es muy difícil que la fiscalía de la CPI le invierta tiempo a este tema de la violencia policial”.