Nuevamente Roy Barreras, el hábil político que ha pasado por diferentes espectros ideológicos y también por todo tipo de partidos políticos en el país, está enredado en otro caso de corrupción, tal como sucedió en el pasado con la quiebra y posterior desaparición de Caprecom. En este caso el objetivo, según las denuncias que reposan en su contra, fue la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), en donde aprovechando su supuesta influencia y algunas fichas que trabajan en la entidad habría logrado quedarse con millonarios contratos entregados a dedo en la universidad.

El caso que ya está siendo investigado en la Corte Suprema por el magistrado Francisco Farfán, pero que no ha tenido mayores avances en el despacho, fue presentado en detalle por el columnista de SEMANA, Aurelio Suarez, quien no solo reconstruyó la camaleónica carrera política de Barreras, los ya habituales escándalos de corrupción y clientelismo, sino que puso el dedo en la llaga por esta investigación.

“Las acusaciones atañen a Caprecom, SaludCoop y la Esap con el modus operandi de convenios interadministrativos o contrataciones con fundaciones sin ánimo de lucro. En la Esap, a 15 de estas entidades de Cali se les contrató para disímiles objetos por 13.000 millones de pesos. A EduRed, institución de centros de educación superior pública del Valle, en 2018 y 2019 (Duque le dejó el control un rato), le asignaron 23.000 millones de pesos “para organizar eventos”, señaló el columnista Suárez en su explosiva investigación.

Suárez además le enrostra al hoy jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico la constitución de empresas de papel como Barreras y Cía. S. A. S. y la Clínica Médica Biológica Barreras Ltda., vigentes en la Cámara de Comercio de Cali. Lo que llama la atención de estas empresas es que pese a que se renuevan sus matrículas, no funcionan.

“¿Cómo puede decir alguien que una clínica sin médicos, sin personal, sin enfermeras, donde no atienden a nadie, y cuya dirección es un apartamento, se trata de una institución médica?”, le dijo Aurelio Suarez a SEMANA, al mismo tiempo que recordó el hallazgo de fajos de billetes en efectivo que dejó tirados en el Hotel Ópera de Bogotá el senador Roy Barreras.

La Escuela Superior de Administración Pública

En la Esap, entidad en la cual se asegura que movió los hilos del poder a través de personas puestas por él “desde 2014 con Alejandro Larramendi, Claudia Marcela Franco y en 2018 con Giovanni Chamorro”, según el columnista, quien afirma que también habría tozudas irregularidades y un informe de la Contraloría General de la Nación dejaría claro que hubo déficit, contratación desbordada y los gastos anuales crecieron 20 %.

Entre las denuncias que ya reposan en la Corte Suprema de Justicia y que fueron recogidas por Suárez está la realizada por el veedor Emiliano Leguizamón, quien se refiere al Contrato 743 de 2018. Cuando Chamorro estaba al mando de la Esap, suscribieron un contrato para inversión, construcción, adecuación y mantenimiento de la sede principal y de las territoriales de la Esap, por un monto 36.750 millones de pesos.

Este contrato se había contemplado entregar a través de licitación y hasta una firma de abogados lo estaba diseñando, pero, de un plumazo, la echaron para atrás y bajo la figura de contrato interadministrativo con la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca (ECI), una empresa pública de la Gobernación, se pudo evitar el requisito de licitar y se realizó en millonario acuerdo a dedo. Además, a los pocos meses recibió una adición de 18.300 millones.

Señala la denuncia que “la auditoría financiera que realizó la Contraloría a la contratación entre 2017 y 2019 observó que existía para 2018 un déficit de más de $72 mil millones de pesos, que se realizaron en ese solo año contratos interadministrativos por más de $137 mil millones, en convenios más de $18 mil millones y en solo prestación de servicios profesionales más de $32 mil millones”.

Todos estos movimientos, a juicio del veedor y del columnista Aurelio Suarez, se dieron en plena época electoral y los beneficiados eran justamente oriundos del Valle del Cauca. De este modo, millonarios contratos entregados a la ECI se convirtieron en subcontratos con fundaciones que, en ocasiones, ni cumplían con los requisitos.

Los señalamientos contra Barreras van acompañados de un millonario incremento patrimonial reflejado en sus declaraciones de renta, en especial entre 2017 y 2019, con costosas propiedades en Bogotá: un lote en el condominio Sikasue, y dos apartamentos, uno en Chicó Alto y otro en el centro.

El patrimonio de Barreras llega a 5 mil millones de pesos, según su declaración, pero llama la atención que es casi en su totalidad propio, sus deudas apenas llegan a 450 millones. El magistrado Farfán tendrá que revisar si el salario de congresista, por alto que sea, da para que tenga ese incremento patrimonial en solo tres años, eso teniendo claro que los parlamentarios en teoría solo deben dedicarse a esa labor.

No se trata del primer señalamiento contra Barreras, quien parece inmune en la Corte Suprema de Justicia. Tal como señaló en su columna Suárez, “no hay político en ejercicio sobre el que se hayan escrito más columnas y notas periodísticas, relacionadas con redes de corrupción y desaguisados, que Roy Leonardo Barreras Montealegre”. Lo claro es que de tener un resultado electoral favorable, tendría todo para ser el primer presidente del Senado en el nuevo mandato.