¿Qué va a pasar con los 114 mil millones que perdió el MinTic? El nuevo escándalo tiene a la Contraloría con la lupa puesta

El escándalo de Centros Poblados levantó la indignación de todo el país por la pérdida de 70 mil millones de dineros públicos que debían invertirse en la conectividad de colegios en zonas rurales. Ahora, se puede hablar de un nuevo escándalo por la pérdida de una suma mayor: 114 mil millones que se perdieron por una gestión ineficiente por parte del MinTic.

Los hechos se remontan al año 2010, cuando el ministro de las TIC era Diego Molano. En ese momento, suscribió un contrato con las empresas de telefonía Comcel y Telmex, que más adelante se fusionaron para operar bajo la marca Claro.

En dicho contrato se fijó una cláusula que decía que estas empresas debían pagar 1 % de las mayores inversiones que se hicieran. Sin embargo, el MinTic nunca les hizo estos cobros, por lo que la Contraloría ya habla de un detrimento patrimonial.

“Nosotros cerramos una auditoría financiera al Ministerio de las TIC y al Ministerio de Comercio y encontramos un consolidado de recursos que no se cobraron de manera oportuna. Es decir, aquí lo que estamos evidenciando es que los responsables de administrar el cumplimiento de unas obligaciones contractuales no cumplieron diligentemente sus obligaciones”, le dijo a Semana el contralor general encargado, Carlos Mario Zuluaga.

No obstante, el contralor aseguró que esos dineros aún podrían ser cobrados por el Ministerio de las TIC y será es una de las primeras actuaciones de vigilancia que adelantará la entidad.

“Lo primero que hay que aclarar es que aquí no se puede hablar de una prescripción de estos asuntos. Hay un contrato vigente, el ministerio, a través de sus responsables, tiene la obligación de hacer los requerimientos. Un contrato que no se ha liquidado es un contrato que no se ha declarado en paz y salvo de las partes, por lo tanto, el Ministerio tiene toda la competencia para adelantar las gestiones que corresponda con el ánimo de recuperar estos recursos”, explicó el funcionario.

Además, el ente de control emprenderá actuaciones para ver de qué otra forma se pueden recuperar estos dineros que bien pudieron haber sido usados en inversión social.

“Tendríamos que revisar cómo están los amparos que tienen estos contratos y qué garantías hay y en cabeza de qué aseguradoras se encuentran. Lo que sí tienen que tener claro los colombianos es que la Contraloría General de la República no va a escatimar ningún esfuerzo ni va a eludir ninguna de las funciones y competencias que tiene para recuperar aquellos recursos que hoy se encuentran enredados en el patrimonio público”, agregó.

Sin embargo, una cosa es la recuperación de los dineros perdidos, y otra será encontrar la razón por la que no se hicieron estos cobros oportunamente y quienes son los responsables de semejante omisión.

“Desde la Contraloría hemos dado instrucción para que se aperture proceso de responsabilidad fiscal sobre la base de este presunto detrimento patrimonial”, dijo el Contralor Carlos Mario Zuluaga.

En ese sentido, será incluso el exministro Molano el que deberá comenzar a dar las explicaciones del caso.

“Automáticamente, la apertura del proceso de responsabilidad fiscal va a incluir las medidas cautelares para quienes tienen la responsabilidad o cometieron la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, llámese secretario general, llámese ministro, llámese supervisores o interventores”, sentenció el Contralor.

Así mismo, serán la Fiscalía y la Procuraduría las que ahora deberán entrar a revisar si en este caso se cometieron delitos o faltas disciplinarias graves.

“Podría haber prevaricato por omisión o por extralimitación. Un funcionario público que no cumple sus funciones no solamente tiene connotación disciplinaría, sino en los casos que se logre demostrar su conducta, también conductas penales. Aquí los traslados de los hallazgos disciplinarios y penales los hacemos automáticamente, se liberan los informes y los informes”, explicó el funcionario.