Cuatro escándalos que marcarán también el 2019

1. Odebrecht pondrá a hablar a los poderosos

En 2018, el escándalo de corrupción involucró a nuevos protagonistas y tocó las esferas más altas del poder. La muerte de Jorge Pizano, controller de la Ruta del Sol II, puso en tela de juicio el papel de la Fiscalía en el caso. Esto por cuenta de grabaciones y una entrevista que el testigo le había entregado a Noticias Uno, y que el medio publicó tras su muerte, en las que se evidencia que Néstor Humberto Martínez, jefe del ente que ha conducido las investigaciones, conoció como asesor del Grupo Aval de las irregularidades en los contratos firmados por el consorcio de la Ruta del Sol, conformado por Odebrecht y Corficolombiana.

El mismo Martínez tuvo que defenderse en un caliente debate de control político en el Congreso, y la Corte Suprema terminó nombrando a Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc para que se haga cargo de dos de las aristas del escándalo en las que el fiscal general se declaró impedido. Por eso, las expectativas para 2019 están puestas en las acciones que tome Espinosa, quien tiene a su cargo la negociación de la justicia colombiana con los exdirectivos brasileños de Odebrecht . Por ahora, apenas asumió el cargo en medio de críticas por una supuesta cercanía suya con Martínez Neira.

Pero el foco no solo está puesto en la justicia colombiana, sino también en la de Estados Unidos. Allí también llegó el coletazo de las revelaciones de Pizano, y ahora se investiga si Odebrecht contó toda la verdad sobre el caso, como se habían comprometido las directivas de la corrupta multinacional. Por eso, se espera el resultado de esas pesquisas. El Grupo Aval emitió un comunicado en el que se mostró comprometido a colaborar con esas indagaciones.

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Como si fuera poco, Alejandro, el hijo de Pizano, murió envenenado por cianuro, y esto le sumó un drama familiar y hasta el planteamiento de teorías conspirativas al escándalo. Medicina Legal, el ente que tenía que dar luces sobre la posibilidad de que el testigo también hubiera muerto por consumir cianuro, terminó en la palestra porque las pruebas se practicaron en muestras que no eran idóneas. Una de estas, que fue presentada inicialmente como sangre, ni siquiera era tal. Todo eso terminó en la renuncia de Carlos Valdés, director del instituto desde hace 8 años, y puso un manto de duda a las explicaciones que la justicia ha dado sobre las muertes de los Pizano. Desde distintos sectores se ha pedido una investigación independiente sobre estas muertes, y esa solicitud está sobre la mesa, aunque no es seguro que se lleve a cabo.

A lo largo del año también avanzó el proceso contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, señalado por la Fiscalía de interés indebido en la celebración de contratos, por la adición del tramo Ocaña-Gamarra al consorcio de la Ruta del Sol II. Además, se supo que la Fiscalía lo imputará por supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Ruta del Sol III. Por todo esto, Andrade se declaró perseguido por la Fiscalía, y consiguió el acompañamiento de su caso por parte de la Embajada de Estados Unidos, país del que también tiene nacionalidad.

A comienzos de diciembre, y después de casi un año de prisión domiciliaria, el exfuncionario recuperó su libertad y viajó a Estados Unidos, desde donde se prevé que afronte el juicio. Pero antes, recibió el aval de un juez para que una larga lista de personas sean citadas al proceso como testigos. Entre ellos están el fiscal Martínez, el expresidente Juan Manuel Santos, su exdirector de Planeación Simón Gaviria, y los exministros Mauricio Cárdenas Santamaría, Natalia Avello, Germán Cardona, Aurelio Iragorri, además del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

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Sumados a los exfuncionarios del gobierno nacional por el juicio desfilarán también varios exdirectivos de Odebrecht, entre estos Eleuberto Martoreli, Eder Paolo Ferracuti, Yesid Arocha Alarcon y Luiz Antonio Bueno. El grupo de directivos de Odebrecht conocido como los tres luises ya negoció con la Fiscalía colombiana y está listo para, desde Brasil, declarar en el caso de José Elías Bueno, expresidente de Corficolombiana. Sus declaraciones también son esperadas para los primeros meses del nuevo año.

Por eso, en 2019 será noticia no solo la comparecencia de esas personalidades ante la justicia, sino lo que puedan decir sobre el megaescándalo de corrupción que ha movido las fibras políticas del país.

2. Investigarán el Petrovideo en plena campaña electoral

En pleno año electoral, cuando el movimiento de Gustavo Petro estará trabajando en la campaña y las alianzas para ganar terreno en las regiones, el líder de la Colombia Humana afrontará las investigaciones por el video en el que aparece recibiendo fajos de dinero. Tanto la Corte Suprema como la Fiscalía empiezan a avanzar en el caso.

El ente investigador citó a Simón Vélez quien, según Petro, es la fuente del dinero. El arquitecto ha negado públicamente haberle entregado plata al político, pero sí aceptó que le buscó apoyo entre sus amigos. Allí también fue citado Juan Carlos Montes, quien ya declaró también ante la Corte Suprema de Justicia. Frente a un magistrado dijo que grabó el video en su casa en 2005 y que los 20 millones que le entregó a Petro se los había dado un empleado de Vélez. Ante sus versiones, la Fiscalía allanó en la última semana de diciembre su vivienda, en busca de evidencia. Falta conocer qué se encontró.

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Pero hay varios involucrados que aún no han declarado. El mismo Petro, por ejemplo, está citado por la Corte Suprema y se espera que rinda su testimonio comenzando el año. Paloma Valencia, quien reveló las imágenes en un debate de control político contra el fiscal Martínez, y otros cuatro congresistas del Centro Democrático, también fueron requeridos por el tribunal, para establecer cómo obtuvieron el video.

Otro llamado es el abogado Abelardo de la Espriella, quien denunció que el video, supuestamente, fue grabado en 2009 y que el dinero era del narcotraficante Daniel ‘el Loco‘ Barrera. Este último, preso en Estados Unidos, envió una carta desmintiendo a De la Espriella. Tras escuchar estos testimonios, se espera que la corte también decida si algún representante suyo viaja a Estados Unidos para escuchar al narcotraficante.

Sobre las versiones y evidencias que recojan tanto la Fiscalía como la corte, se espera que para el año entrante se defina si Petro participó en algún delito al recibir la plata. Él ya pidió disculpas y negó cualquier ilegalidad en esos hechos. Pero la justicia tendrá la última palabra, y su veredicto se escuchará probablemente en plena campaña, cuando Petro estará impulsando a sus candidatos y sus alianzas en las regiones. ¿Qué tanto lo afectará políticamente este escándalo?

3. Uribe, en manos de nuevos magistrados

En 2018 hubo un caso que dio un brusco giro en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal investigaba al senador Iván Cepeda en un proceso de supuesta fabricación de testigos falsos contra el expresidente Álvaro Uribe, que lo vinculaban con la creación de grupos paramilitares. A comienzos de año, la corte cerró el expediente contra Cepeda y empezó a investigar, por cargos similares, al expresidente.

El caso se frenó cuando la Sala Penal de la Corte tuvo que entregarle alrededor de 400 expedientes de aforados a una nueva célula del tribunal, que los procesará de ahora en adelante en primera instancia. Los magistrados de esa nueva sala tardaron en ser elegidos, y apenas en octubre pasado, el presidente Iván Duque posesionó a la primera camada de juristas que tendrán que investigar y decidir casos sensibles que involucran a congresistas, gobernadores y otros aforados, entre ellos a Uribe.

El senador del Centro Democrático había sido llamado a indagatoria por la Sala Penal. Ahora, esa diligencia tendrá que ser retomada por los togados que asuman su caso en la nueva sala de instrucción. Allí se decidirá qué nuevas pruebas se practicarán, y cuáles de las ya existentes se acogerán. Entre esas, está una polémica interceptación que se le hizo por accidente al expresidente. Es una llamada que llegó trasladada del expediente del exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, al haber sido considerada como un hallazgo "imprevisto e inevitable". Su valor probatorio y su inclusión al expediente los tendrán que decidir los nuevos magistrados.

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Por la contraparte del caso, el senador Cepeda viajó en diciembre a Washington para informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de supuestas presiones ejercidas contra los involucrados en el caso. Allí se reunió con Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión, y la informó del asesinato de Carlos Areiza, uno de los testigos del caso, y de la situación de seguridad de la familia de otro de ellos, Juan Guillermo Monsalve, cuya esposa se fue del país.

También expuso lo que él considera presiones sobre los intervinientes, como la divulgación desde sectores del uribismo de una supuesta reunión en la que habrían participado el entonces presidente Santos, Cepeda y magistrados de la corte para pactar un pago de 5 millones de dólares por abrir el proceso contra el exmandatario. En la reunión en Washington, y a raíz de esos hechos, Cepeda pidió a la CIDH un seguimiento del caso, que podría hacerse efectivo en 2019.

4. ¿Hasta dónde llegan las nuevas chuzadas?

En 2018, uno de los oficiales de la fuerza pública que gozaba de mayor prestigio terminó en la cárcel. El general en retiro Humberto Guatibonza se convirtió en la cara visible de un nuevo escándalo de chuzadas ilegales contra altas personalidades de la vida nacional. Un caso que también salpicó al senador Armando Benedetti quien presuntamente había mandado a seguir al abogado Jaime Lombana y a su hijo, y que tiene en el medio a una desconocida hacker que le prestó sus servicios ilegales durante 14 años a agentes del Estado.

Las propias declaraciones de los involucrados describen una red de espionaje escondida entre empresas de seguridad que tenían a su cargo a oficiales retirados de las fuerzas, entre ellos el coronel Jorge Salinas y el mayor Luis Quiroga, además de Guatibonza. Ellos habrían ofrecido servicios de interceptaciones y seguimientos, que fueron contratados no solo por varias empresas reconocidas del país, sino también por políticos.

El caso que se llevó la atención mediática fue el supuesto contacto que habría hecho el senador Armando Benedetti con la empresa del coronel Salinas para chuzar al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y al abogado Jaime Lombana. El congresista negó los señalamientos. La polémica creció cuando se revelaron supuestos apartes de los contenidos de esas chuzadas, en los que terceros mencionaban y dejaban mal parados, aunque en términos confusos, a la Fiscalía y al mismo Lombana. El ente investigador, sin embargo, había dicho que buena parte del contenido de esas interceptaciones era inventado por la red.

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En su momento, SEMANA conoció las declaraciones de los protagonistas del escándalo. Estas apuntaban al alto alcance de la red, que incluso habría contemplado, por el pedido de un supuesto miembro del Centro Democrático, chuzar al entonces presidente Santos, a su gabinete de ministros, a su vicepresidente Óscar Naranjo, y hasta a magistrados de la JEP.

Hasta ahora hay seis personas capturadas por el escándalo: la hacker Marialicia Pinzón, el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas, el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza, su socio Carlos Arenas y dos exmilitares más, el mayor Luis Quiroga y Carlos Pérez. Es decir, ninguno de los supuestos clientes de la red ha sido apresado. Y los mencionados son muchos. Las preguntas quedan para empezar a ser resueltas por la justicia: ¿Quiénes contrataron esos servicios ilegales de espionaje? ¿Cuál era el contenido de esas chuzadas? ¿Las interceptaciones que comprometen a políticos y funcionarios eran reales?