“Queremos justicia y verdad”: la respuesta de la defensa de familiares de los diputados del Valle al Secretariado FARC

Ante la JEP, quienes en su momento fueron miembros del denominado Secretariado de las FARC y ahora ejercen su labor como congresistas, hicieron un reconocimiento de su responsabilidad en el denominado caso de secuestro.

Como hubo reconocimiento, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remite al Tribunal de Paz para que este imponga una sanción propia si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos.

Lo que ocurrió este viernes en la JEP es que el senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada en su época en las FARC, anunció que la extinta guerrilla radicará un documento de 130 páginas ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el que especifican exactamente en qué consideran que tienen responsabilidad.

En lo que resta del año, la Sala de Reconocimiento emitirá otros autos de determinación de hechos y conductas para cada uno de los bloques de la extinta guerrilla de las FARC-EP, de manera que los antiguos mandos medios y los ejecutores de los hechos puedan también reconocer o rechazar las imputaciones realizadas en lo que les corresponde.

SEMANA conversó con el abogado Juan Camilo Sanclemente, quien adelanta la defensa de los familiares de los diputados del Valle, asesinados por las FARC. El especialista considera que lo importante es que haya sanciones en este caso. Expresan que, para ellos, el “reconocimiento de responsabilidades de las FARC, realizado el día de hoy, no aporta nada nuevo”. Y el argumento es que, desde el 1.° de diciembre de 2016, los exmiembros del Secretariado de las FARC, representados por Pablo Catatumbo, “asumieron la responsabilidad en el secuestro y la masacre de los diputados del Valle del Cauca”.

Señalan, además, que siguen respaldando el Acuerdo de Paz: “Reconocemos y felicitamos los esfuerzos y avances de la JEP en la imputación de cargos al Secretariado de las FARC y en el esclarecimiento de las cifras de los falsos positivos. Como también el trabajo realizado por la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecida”.

Lo más importante es el llamado que hacen para que las sanciones impuestas por la JEP cumplan con los criterios mínimos del Acuerdo de Paz. Recuerdan varios puntos importantes en este tema:

El Acuerdo de Paz y el Acto Legislativo del Sistema Integral establecen que las sanciones tienen dos componentes: restaurativo y retributivo. Así, la sanción no debe circunscribirse, únicamente, a hacer una serie de obras y tareas de reparación a las víctimas y a las comunidades, sino que también debe implicar la restricción efectiva de la libertad. Por eso, hace pocos días, pidieron medidas cautelares contra algunos miembros del Secretariado.

El periodo de 5 a 8 años de sanción solo podrá empezar a descontarse una vez se restrinja la libertad de manera efectiva en “el lugar de residencia” y bajo verificación y monitoreo de las Naciones Unidas. La sola permanencia en las circunscripciones de paz no debería ser tenida en cuenta como cumplimiento del componente retributivo de la sanción.

También advierte que “quien participa en política electoral, haciendo campaña o desempeñándose en un cargo de elección popular, no está restringido de sus libertades y derechos. En consecuencia, quienes aspiren a participar en política no podrían estar, simultáneamente, descontando el tiempo de cumplimiento de su sanción. Y viceversa: quienes estén descontando tiempo de cumplimiento de la sanción no podrían participar en política al mismo tiempo”.

La JEP, tras el acto de reconocimiento, emitió un comunicado en el que señalan que en el Caso 01, denominado “Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP”, se le imputó al antiguo Secretariado el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.

También se imputaron otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.