¿Quién dio la orden?

El caso de Jamundí es escalofriante y crece día a día. Las peores sospechas se han ido confirmando: detrás de las muertes de los diez policías y un civil está la mano de la mafia. SEMANA conoció nuevos detalles de la investigación de la Fiscalía que llevaron a la detención de ocho militares, y los antecedentes de una relación siniestra entre militares basados en el Valle y Diego Montoya, un narcotraficante por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares.

La Fiscalía ha hallado pruebas de que el lunes 22 de mayo el coronel Bayron José Carvajal Osorio, comandante del Batallón de Alta Montaña, ya tenía una celada entre sus planes. Aunque parecía una misión militar, los mensajes de texto que envió con su celular le indican a la Fiscalía que el oficial lo que en realidad estaba planeando era una masacre. "Retire emboscada. La gente a los sitios reconocidos y que duerman. Todo quedó para esta noche. Pendientes, el cupo viene con el pollo para que salgan a reclamarlo". Envió el mensaje a las 10 y 40 de la mañana a uno de los oficiales bajo su mando. Cinco horas después, a las 3 y 24, le envió otro mensaje de texto al teniente Harrison Castro, quien se encontraba con cuatro suboficiales y 23 soldados profesionales: "Llámeme urgente. Llámeme urgente". Tres horas más tarde, una comisión antidrogas de 10 investigadores de la Dijín y un informante fueron atacados por Castro y sus hombres cuando llegaron a la vereda Potrerito en Jamundí, Valle.

La balacera duró 20 minutos. En medio de las ráfagas y las explosiones de granadas, el mayor de la Policía Elkin Molina, comandante de la comisión, alcanzó a pedir ayuda a través del avantel. Dos patrullas de Jamundí salieron en su ayuda, pero también fueron atacadas. Cuando lograron llegar al sitio, ya la escena era dantesca. Todos estaban muertos. Mientras los policías lloraban a sus compañeros, el sargento del Ejército Jaime Humberto Montenegro recibía un mensaje en su celular. "Marica, la orden era que usted tapara la vía". Eran las 6 y 49 de la tarde. Mientras al lugar comenzaron a llegar miembros del CTI, fiscales, policías y militares, varios soldados se estaban cruzando mensajes de texto por sus celulares:

"Curso. La cuestión es que llegamos anoche y que dormimos aquí, donde se dio el combate y que a las 5 y media nos subimos a la maraña".

Por estos mensajes de texto que se cruzaron los hombres del Ejército, antes, durante y después de la masacre, fue que el fiscal Mario Iguarán le dijo al país: "No fue un error. Fue un crimen. No tuvieron oportunidad de defenderse. Hubo coordinación previa al ataque. Y lo peor, había una intentona de fraguar unas coartadas para confundir a los fiscales y a los investigadores". Cuando los colombianos escucharon, el pasado jueves, estas palabras de la máxima autoridad judicial del país, no lo podían creer. Apenas habían transcurrido 11 días del asesinato y ya los fiscales tenían pruebas contundentes, que incluso les permitieron capturar a ocho de los 28 uniformados, incluidos el coronel Carvajal, el teniente Castro y el sargento Montenegro. Pero si bien la declaración de Iguarán era lo suficientemente contundente para aterrorizar a la opinión pública, quizá lo más escandaloso y grave fue cuando explicó por qué el mejor grupo antinarcóticos del país había sido aniquilado por el Ejército: "Le estaban haciendo un mandado al narcotráfico. Se trató de una emboscada preparada para hacerle un favor al narcotráfico".

Relaciones peligrosas

¿Qué quiso decir el fiscal Iguarán con esta frase? Hasta ahora las versiones que tienen las autoridades apuntan a que uno de los enlaces de la mafia con el Ejército sería el coronel Bayron Carvajal, de 43 años de edad, quien estuvo al mando del Batallón de Alta Montaña durante los últimos 16 meses. La mitad de su vida ha estado al servicio del Ejército. Pero no es la primera vez que su nombre queda inmerso en un escándalo. En junio del año pasado, hombres bajo su mando dieron de baja a 15 supuestos miembros del ELN. Luego se supo que eran campesinos. Tres meses después, sus hombres atacaron una patrulla de la Policía que iba a verificar una información sobre hurto de gasolina en el corregimiento de la Cumbre, Valle del Cauca. Dos uniformados murieron y tres quedaron heridos. Y para completar, el 28 de marzo de este año, presentaron como supuestos guerrilleros de las Farc a cuatro hombres que resultaron ser campesinos de la zona rural del corregimiento de Dapa, al sur del departamento.

Pero el episodio más grave es su responsabilidad en la masacre de Jamundí. ¿Por qué lo hizo? La tesis de la Fiscalía, que concuerda con informaciones que le dieron a SEMANA algunos miembros del cartel del norte del Valle, es que ese Batallón de Alta Montaña era el más importante anillo de seguridad para los principales lugartenientes de Montoya que se mueven en la zona. Cuidaban, además, una caleta que ronda los 15 millones de dólares. "La responsabilidad de lo que pase ahí es de 'Capachivo', y esa plata no se puede perder", le dijo a SEMANA un hombre muy cercano a 'Don Diego'.

Dijo que fue un caso desafortunado. La misión de los hombres de la Dijín era realizar una inspección judicial para verificar la existencia de una caleta con 200 kilos de cocaína y 'Capachivo' pensó que los policías iban por él o iban a incautar la millonaria caleta. Sin dudarlo, encendió las alarmas y pidió ayuda a sus contactos en el Ejército. El nombre real de 'Capachivo' es Omar García Varela, de unos 55 años de edad. Es uno de los pocos hombres de confianza de Montoya que han logrado sobrevivir a la persecución de la Policía. En los informes de inteligencia figura un extenso prontuario que va desde la masacre de 11 personas en Candelaria, Valle, hace dos años, hasta ser el encargado de comercializar la droga de Montoya. Su nombre no es desconocido en Jamundí gracias a su alianza con los paramilitares de la región, en particular con William García, conocido como 'el Indio'. "A 'Capachivo' le encanta el trago y cuando se emborracha habla de la amistad que tiene con el coronel Carvajal. Cuando lo nombraron comandante del Batallón, él iba a ir a la ceremonia. Él dice que el coronel lo invitó, pero le aconsejaron que no se boleteara", le dijo a SEMANA un comerciante de Jamundí.

Aunque los investigadores de la Fiscalía han recogido también otros testimonios, le quedan sólo 60 días para demostrar que Carvajal y sus hombres le estaban haciendo "el mandado", como dijo el fiscal Iguarán, a 'Capachivo' y de paso a 'Don Diego'.

El ventilador de 'Guacamayo'

Lo que ocurrió con el coronel Carvajal y los militares del Batallón de Alta Montaña deja en evidencia la infiltración de la mafia en las entrañas del Ejército en el Valle del Cauca. Desde hace varios años, esa zona está bajo el dominio de la organización de 'Don Diego', uno de los narcotraficantes más temidos del país. Hasta hace dos años, este capo y sus lugartenientes se movían a sus anchas por el norte del Valle. Pero después de una gran ofensiva policial en la que lograron desmantelar a su principal grupo de sicarios conocido como 'los Yiyos', arrestar a más de 100 miembros de su organización, incautarle la mayoría de sus bienes y capturar y extraditar a su hermano Juan Carlos y a su primo Carlos Toro, 'Don Diego' se vio obligado a trasladar su 'negocio' a Jamundí y sus alrededores. Para eso necesitaba protección y la encontró en el Ejército. Por lo menos eso le confesó Carlos Robayo a la DEA y al FBI desde cuando fue capturado con fines de extradición por la Dijín, el 18 de marzo de 2005.

La importancia de Robayo, conocido en el mundo de la mafia como 'Guacamayo', radica en que durante una década fue la mano derecha de 'Don Diego'. A mediados del año pasado, a raíz del asesinato de varios de sus familiares, por orden de su antiguo jefe, 'Guacamayo' decidió contar todo lo que sabía. Aparte de los negocios del narcotráfico, lo que más les interesó a las agencias estadounidenses fueron los detalles que les dio sobre las relaciones que tenía la organización de 'Don Diego' con miembros de la III División y con la Brigada del Ejército en el Valle y Cali.

"De todo lo que ha contado, nos llamó la atención la forma como consiguen con sus contactos en el Ejército los salvoconductos para que los hombres que manejan las llamadas oficinas de cobro puedan portar tranquilamente sus armas", dijo a SEMANA un agente del FBI que escuchó la versión de 'Guacamayo' . "Cuando se desató la guerra entre 'Don Diego' y Varela, fueron oficiales de la III División los que les vendieron uniformes, armas y explosivos para equipar al grupo 'los Machos', que fue conformado por Montoya para defenderse", afirmó el agente.

Desde cuando 'Guacamayo' comenzó a hablar con las agencias estadounidenses, Diego Montoya le puso precio a su cabeza y por eso fue necesario acelerar su extradición. Desde hace dos meses llegó a Estados Unidos y continuó revelando detalles que cada vez resultan más escandalosos. "Robayo nos contó que cuando se planeaban operaciones antinarcóticos en la sede de la III División en Cali, la información era filtrada a los hombres de Diego. Habló de muchos casos en particular en donde se dañaron capturas y operaciones, especialmente en el Cañón de Garrapatas, en el Norte del Valle. Nos dijo, además, que todos los movimientos de los agentes antidrogas que estábamos en esa sede eran delatados por los miembros del Ejército, dijo a SEMANA un agente de la DEA que ha entrevistado a 'Guacamayo' varias veces. Esas filtraciones de información han causado serio malestar en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tanto el agente de la DEA como el del FBI, entrevistados por SEMANA, confirmaron que 'Guacamayo' no sólo ha aportado información, sino que además ha suministrado nombres y pruebas contra oficiales involucrados con la mafia. De igual forma, el ex hombre fuerte de 'Don Diego' ha contado con lujo de detalles cuáles son los batallones involucrados en la colaboración con los grupos mafiosos. Aunque esa información tiene varios meses, ha cobrado particular importancia para los estadounidenses a raíz de la masacre de Jamundí. La razón es muy sencilla. Uno de los batallones que 'Guacamayo' mencionó como 'colaboradores' es justamente el de Alta Montaña, al mando del coronel Carvajal.

Por todo lo anterior, no sorprende el mensaje de preocupación entregado por el embajador William Wood al gobierno colombiano. SEMANA conoció que en círculos de Washington se preguntan cómo es posible que una unidad del Ejército mate a sangre fría a un grupo especial de policías, entrenados y financiados con recursos norteamericanos.

¿Qué pasa en el Ejército?

La espeluznante masacre de Jamundí obliga a pensar que los vínculos de algunos militares con el narcotráfico podrían ser más profundos de lo que se piensa. El poder corruptor de la mafia no tiene límites. En los años 80, Pablo Escobar logró comprar a empresarios, políticos, deportistas, jueces y hasta a guerrilleros. El cuerpo de Escobar no se había enfriado en su tumba cuando el Cartel de Cali ya había infiltrado hasta el tuétano la política nacional. El clímax de esta perversa alianza fue el ingreso de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper. Tampoco habían pasado mucho tiempo en la cárcel los hermanos Rodríguez Orejuela, cuando ya el negocio estaba en manos de los capos del norte del Valle.

Al igual que con el paramilitarismo, muchos militares ven a los ejércitos del narcotráfico como un mal menor, y creen, erróneamente, que la única amenaza de seguridad del país son las Farc. Esta actitud, más la abierta corrupción de algunos oficiales, así sean aislados, les ha servido como patente de corso a bandas criminales. ¿Cuántas fosas hay en los campos del Norte del Valle por cuenta de estas hordas salvajes? La mafia ha podido crecer en esta región y armarse de poderosos ejércitos gracias a que muchos mandos de los batallones y las brigadas decidieron mirar para otro lado. Como lo ha señalado esta revista muchas veces, las investigaciones internas no funcionan porque hacen parte de la cadena de mando. Como los superiores pagan por los errores de sus subalternos, su tendencia es tapar las faltas, en lugar de castigarlas ejemplarmente. Muchos están más preocupados por su propio ascenso que por ganar la guerra.

En el caso de este batallón, y del coronel Carvajal en particular, es necesario preguntarse también dónde está la contrainteligencia y dónde los controles internos. Informes confidenciales dentro de la institución señalaban sus posibles vínculos, desde años atrás, con el narcotráfico. Es más, SEMANA conoció que la Fiscalía tiene ya uno de esos informes en el que se revela que el oficial posee una camioneta, para su uso personal, que le fue regalada por el jefe paramilitar de la Sierra Nevada, Hernán Giraldo, quien está pedido en extradición y forma parte del grupo que se acogió al proceso de desmovilización. Teniendo estos antecedentes tan graves, ¿por qué siguió en la institución?. ¿Por quién fue protegido?

Las revelaciones de la Fiscalía sobre los hechos de Jamundí son gravísimas. Un verdadero baldado de agua fría justo en la semana en que la reelección del presidente Álvaro Uribe había generado una inocultable euforia. No es el primer escándalo que afecta a la fuerza pública. Casos como el de Guaitarilla, Nariño, y el más reciente de las torturas, todavía están muy frescos. Pero lo de la semana pasada supera en gravedad a todos esos antecedentes, por sus repercusiones internacionales y por la atrocidad del crimen. Las Fuerzas Armadas se encuentran en un momento crucial de la guerra contra las Farc. Reciben dinero de Estados Unidos, han producido resultados ampliamente reconocidos y se han constituido en la institución de mejor imagen en el Estado. Un golpe a la credibilidad no podría ser más inoportuno.

Por eso, la respuesta del presidente Uribe tuvo aspectos desconcertantes. El viernes pasado afirmó que "cuando se falla en la selección, cuando se falla en la vigilancia, cuando en lugar de ayudar a que la justicia esclarezca los hechos, se contribuye a ocultarlos, en ese momento, hay que asignar responsabilidad política". Pero en el mismo discurso descartó cualquier remezón en la cúpula militar. Una posición incoherente, por el contraste con otros episodios menores en los que rodaron cabezas de generales. Existe la tesis de que tumbar oficiales de alto rango no soluciona nada. Pero no hacerlo en el más vergonzoso de todos los episodios causa desconcierto.

La situación, esclarecida en forma rápida por el fiscal Iguarán, necesita medidas de urgencia. Hace tres años estalló un escándalo en la Policía porque unos oficiales de Barranquilla les devolvieron un cargamento de coca a los narcos. La crisis fue de tal magnitud, que se creó una comisión especial civil, que entregó recomendaciones. Algo similar ocurrió con el DAS el año pasado, cuando se supo que estaba infiltrado por los paramilitares, y se creó una comisión de alto nivel para que propusiera cómo reorientar la dependencia.

Este debería ser el momento para hacerle una radiografía profunda al Ejército. Si se hace caso de los sabios chinos, que veían en cada crisis una oportunidad, se podría evitar que se repitan casos como éste, como las torturas a los soldados, y las ejecuciones extrajudiciales. Episodios aislados, pero tan graves y numerosos que pueden llegar a afectar la credibilidad de las Fuerzas Armadas. Y ese es un error que no puede cometer un país que acaba de reelegir a su Presidente, en un acto histórico, porque considera que se ha tomado más en serio que sus antecesores el papel de comandante en jefe. Y que votó por la reelección con la convicción de que ella será útil para ganar la guerra.