Nación
¿Quién es alias 5-7, la temida integrante del Clan del Golfo? Esta mujer ordenaba homicidios por encargo en Magdalena y La Guajira
La Policía capturó a Leydis del Carmen Chima, quien figura en uno de los carteles de “los más buscados” en el país por su peligrosidad. Las autoridades la señalan de ser, presuntamente, integrante del Clan del Golfo.
En el cartel de los más buscados por la Policía en el departamento del Magdalena figuraba el rostro de Leydis del Carmen Chima, alias Dayana o 5-7. Según la investigación de las autoridades, esta mujer era la presunta responsable de homicidios selectivos y acciones ofensivas contra la fuerza pública en los departamentos del Magdalena y La Guajira.
Se le sindica como presunta integrante del frente David Mesa Peña, del bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, del Clan del Golfo. Fuentes de la Policía indicaron que la captura de 5-7 genera una afectación al Clan del Golfo, al ser la principal encargada del fortalecimiento logístico y financiero de la estructura.
De igual manera, con dicha captura se golpea el andamiaje criminal del Clan del Golfo en el norte del país, en delitos como extorsiones, homicidios selectivos y acciones ofensivas contra la fuerza pública. La capturada quedó en manos de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.
Los dos corregimientos de Riohacha que el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada tienen sumidos en la violencia y el terror
Una grave ola de violencia en Riohacha y los corregimientos de Tigreras y Matitas ha llevado al desplazamiento forzado de 70 familias, según la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo. Esta situación preocupante había producido la emisión de la Alerta Temprana de Inminencia 025 de 2023, emitida por la entidad el 21 de junio pasado, que advertía sobre el riesgo creciente en la ciudad y el municipio de Dibulla.
Durante todo el mes de agosto, la población tanto en áreas urbanas como rurales ha sufrido asesinatos y secuestros, generando un ambiente de terror generalizado, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
La violencia se ha desencadenado debido a la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el frente Francisco José Morelos Peñate, bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Estos dos grupos armados luchan por el control de la Troncal del Caribe y sus alrededores, según señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Uno de los incidentes más preocupantes fue la incursión de hombres armados en Tigreras y el posterior asesinato de un hombre, de 31 años, el 13 de agosto. Dos días después, las autoridades informaron sobre la liberación de una persona en el mismo corregimiento, durante un enfrentamiento entre tropas del Ejército y miembros de las Autodefensas, que resultó en la captura de seis presuntos miembros del grupo ilegal. Estos eventos han sumido a la comunidad en un estado constante de temor.
Además, circuló un video en las redes sociales que muestra a un grupo de aproximadamente 20 hombres uniformados y armados, pertenecientes a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, hablando sobre su presencia y actividades en Tigreras, Matitas y en el área conocida como Choles, en la jurisdicción de la capital guajira. El 20 de agosto, en la vereda Comejenes, dos jóvenes de 18 y 22 años de edad fueron asesinados.
De acuerdo con la entidad, las familias que se vieron obligadas a desplazarse recientemente para proteger sus vidas y su integridad buscaron refugio en la sede de la Regional Guajira de la Defensoría del Pueblo, donde se les ha proporcionado asistencia y se ha activado la ruta de atención correspondiente.
Ante todo este alarmante panorama, el defensor Camargo Assis hizo un llamado urgente a las instituciones y las autoridades para implementar medidas efectivas y urgentes con el fin de evitar una mayor vulneración de los derechos humanos de quienes residen en la zona rural de Riohacha y los municipios vecinos. “La seguridad y el bienestar de la población deben ser prioridades absolutas en medio de esta crisis de violencia que afecta a la región”, enfatizó.
“La institucionalidad y las autoridades deben implementar acciones urgentes y eficaces para evitar que sigan siendo vulnerados los derechos humanos de quienes habitan la zona rural de Riohacha y los municipios vecinos”, este fue el llamado de Carlos Camargo Assis.
Arauca enfrenta grave situación de orden público por enfrentamientos armados
Por otro lado, la situación en Arauca cada vez es más grave por los enfrentamientos de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo solicitó a todas las instituciones del Estado hacer presencia y garantizar los derechos de la comunidad de la vereda Siberia 1, en Tame (Arauca) porque quedó en medio de las confrontaciones entre el ELN y una facción disidente de las Farc.
Una misión humanitaria de la entidad, conformada por funcionarios de su Regional Arauca y representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, evidenció en el lugar la grave afectación a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.
Los combates tienen inmersos en un ambiente de permanente temor y zozobra a los habitantes del sector. Hay cuerpos sin vida de combatientes cuyo proceso de levantamiento está en manos de las autoridades.
Además, la población está con restricciones a la movilidad, limitaciones al acceso a la educación y actividades tradicionales, desabastecimiento de alimentos, sin energía eléctrica, tampoco cuenta con agua potable. La misión constató daños en viviendas y bienes y encontró artefactos sin explotar, que están en proceso de desactivación por parte de la fuerza pública.
“Toda esta situación contraría el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y vulnera los derechos de quienes viven en la zona donde tienen lugar las hostilidades, razón por la que las autoridades deben atender la compleja situación de derechos humanos, implementar acciones urgentes y eficaces que permitan la activación de rutas de atención y protección, necesarias para salvaguardar los derechos de la comunidad”, explicó la Defensoría en un comunicado.