Y QUIEN ES ESTE HOMBRE?

A MEDIADOS DEL AÑO PAsado cuando el Bloque de Búsqueda intensificó sus operaciones en Cali para dar con el paradero de los cabecillas del cartel de Cali, fueron muchas las residencias y oficinas que se allanaron. En esos lugares las autoridades encontraron importantes pistas que posteriormente permitieron armar el rompecabezas de esa organización.
Uno de los primeros golpes que dio el Bloque fue el 6 de julio cuando allanó las residencias de tres suboficiales retirados del Ejército, que según los indicios trabajaban para el cartel. En las pesquisas los oficiales hallaron una serie de documentos y uno de ellos les llamó poderosamente la atención. Se trataba de la empresa de seguridad Hércules que era de propiedad del cartel. De inmediato se dispuso un operativo para efectuar una minuciosa requisa y allí descubrieron un nombre que para ese entonces les era ya familiar: Guillermo Alejandro Pallomari, un ciudadano chileno, quien desde hacía más de 23 años vivía en Colombia y que se había casado con Gladys Patricia Cardona, dueña de la empresa Cómputo Universal Link. En ese allanamiento los oficiales del Bloque descubrieron que Pallomari era el contador oficial de Miguel Rodríguez.
Con la información que obtuvo el Bloque en las oficinas de la compañía Hércules, se montó un operativo en busca de Pallomari, quien cayó en manos de las autoridades el 8 de julio en su oficina Asesorías Contables y Financieras, situada en pleno corazón de la capital del Valle del Cauca. Lo que le encontraron a Pallomari se convirtió en la pieza clave para descifrar el manejo de la contabilidad y la gestión de las empresas creadas por Miguel Rodríguez.
El tesoro de Pallomari estaba escondido en su maletín ejecutivo. En esa valija, los oficiales del Bloque encontraron muchas sorpresas. Entre los documentos decomisados estaba la lista de pagos de sobornos a la Policía de Cali, que oscilaba entre los 300.000 y un millón de pesos mensuales, según el rango. La nómina estaba conformada por 35 oficiales de alta graduación, 25 suboficiales y 130 agentes.
También los oficiales hallaron los desprendibles de siete cheques de una cuenta del Banco de Colombia. Dos de ellos estaban girados a Eduardo Mestre por cinco millones de pesos cada uno. Otro a Alberto Giraldo, por un valor de 10 millones de pesos. Uno más por 10.567.000 pesos para cancelar la cuenta de una tarjeta Diners a nombre de Amparo Arbeláez, ex esposa de Miguel Rodríguez. Y dos cheques más, uno por 100 y otro por 200 millones de pesos, respectivamente, girados por el señor Eduardo Gutiérrez por concepto de 'champaña'.
Pallomari rindió la noche de su captura una declaración juramentada ante una fiscal sin rostro de la regional del Valle. De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA que estuvieron presentes en la diligencia, señalaron que Pallomari lo primero que confesó fue que él trabajaba directamente para Miguel Rodríguez. Que se desempeñaba como su contador personal y su jefe de seguridad administrativa.
En esa declaración, Pallomari confirmó que en lo referente a la parte contable, Miguel Rodríguez tenía cuatro empresas de fachada que eran Distribuidora Agrícola La Loma, Comercial Agropecuaria La Estrella, Distribuidora de Productos Agrícolas, El Diamante, e Inversiones Ara. Por intermedio de ellas se hacían los correspondientes giros y pagos de nóminas. Y el tenía la responsabilidad de llevar la contabilidad de los movimientos de esos dineros y que sin la autorización de su jefe no podía realizar ninguna transacción bancaria. Coincidencialmente estas empresas fueron creadas al tiempo que se inició la campaña electoral y cerraron sus puertas cuando terminó la segunda vuelta de la campaña presidencial.
Después de esa declaración, Pallomari fue recluido en una de las dependencias de la Fiscalía. "Esa noche infiltramos a un oficial del Bloque que se hizo pasar por agente de la DEA. Su misión consistía en ofrecerle protección en el exterior si Pallomari decidía colaborar con la justicia y contar todo lo relacionado con las actividades ilícitas de Miguel Rodríguez. Pero él se negó y le dijo a nuestro hombre que en menos de 24 horas estaría libre. Desafortunadamente así ocurrió", señaló a SEMANA uno de los oficiales que participó en el operativo de la captura.
Lo único que quedó de su detención fue la declaración de tres páginas que rindió bajo juramento, y el fiscal regional de Cali, Felipe López, la registró bajo el expediente 8.000. López nunca explicó satisfactoriamente las razones por las cuales dejó en libertad a Pallomari. Poco después el fiscal regional fue relevado de su cargo y el expediente trasladado a Bogotá.
Cuando Pallomari salió de la Fiscalía al día siguiente de su detención los agentes del Bloque le siguieron la pista a los papeles que le habían decomisado en su oficina. Fue así como pudieron dar con el paradero de Julián Murcillo, otro importante eslabón en la investigación del proceso 8.000. De acuerdo con las pesquisas Murcillo era el representante legal de una empresa conocida como Exposal y en cuyos archivos, cuando fue allanada, se encontró la famosa lista de las camisetas. Esta estaba conformada por políticos y frente a cada uno de ellos había una columna de cifras que, para ellos, se trataba de camisetas de propaganda electoral y para la Fiscalía elevadas sumas de dinero. Los políticos resultaron posteriormente vinculados en la investigación del proceso 8.000.
Las autoridades le siguieron la pista a Pallomari hasta diciembre del año pasado cuando desapareció misteriosamente de Cali. "Nosotros creemos que él comenzó a buscar un acercamiento con los agentes de la DEA en Colombia cuando se enteró que muchos de los obreros que trabajaron en la construcción de las caletas para la gente de Cali aparecieron asesinados", señaló un oficial a SEMANA.