¿Quién está espiando?

En las más recientes sesiones de Sala Plena, los nueve magistrados de la Corte Constitucional han sentido que hay alguien más entre ellos. Primero lo sospecharon cada uno por su lado. Pero una serie de sucesos y la confirmación esta semana del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hicieron que los juristas den por hecho que cuando estudian y debaten los expedientes, alguien los espía.

El primer episodio ocurrió a mediados de enero cuando la corte, concretamente el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos, preparaba la convocatoria a una audiencia pública para escuchar argumentos en contra y a favor de las aspersiones aéreas con glifosato sobre los cultivos de coca. La misma corte proscribió ese herbicida en Colombia desde 2015 por el temor de que afecte la salud humana y el medioambiente. La audiencia en cuestión reabriría el debate sobre el glifosato, herramienta que el Gobierno de Iván Duque –y Donald Trump– reclaman como clave para su política antinarcóticos. Pero el tema también significó una amenaza de muerte al magistrado ponente.

Rojas recibió en su casa un sufragio con un recorte de prensa sobre el tema del glifosato y una breve nota anónima: “Lamentamos la muerte de su ser querido”. Cuando el jurista apenas asimilaba la situación, otro sufragio idéntico le llegó a su esposa. El magistrado entendió que estaba en peligro su hija. Rojas puso al tanto al alto gobierno. El presidente Duque ordenó redoblar su protección: le otorgaron un nuevo esquema de seguridad, y la corte tramitó un procedimiento especial para proveer gasolina a la camioneta asignada a la familia.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ. Fiscal general de la nación

El 7 de marzo, finalmente, se realizó la audiencia sobre el glifosato. Concurrieron desde el presidente Duque hasta el expresidente Juan Manuel Santos, además de varios expertos. La corte tendrá que definir próximamente ese asunto de trascendencia internacional. Pero en paralelo a ese debate otras cosas turbias se movían en torno a la corte.

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Los magistrados notaban que sus comunicaciones telefónicas fallaban, presentaban ruidos o extrañas distorsiones. La situación se hizo tan recurrente que hace una semana los nueve togados discutieron el asunto. Analizaron qué entidades, nacionales o extranjeras, o qué tipo de organizaciones criminales podrían tener esa capacidad. Al final decidieron enviar cartas a la Policía y a la Fiscalía simplemente para preguntar si, directa o indirectamente, alguien los chuzaba. El asunto trascendió a los medios y originó el pronunciamiento del fiscal general.

El miércoles, Néstor Humberto Martínez divulgó su carta de respuesta a la corte. Dijo que “en la fecha” había designado al fiscal Fabio Espitia Garzón para que asumiera la investigación respectiva, y que ordenó “sumar los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación ante la Corte Constitucional, para lo cual pretendería acceder a sus comunicaciones privadas”.

Al siguiente día, en rueda de prensa, el fiscal general dio más pistas. Sin mencionar nombres aseguró que a comienzos de año puso sobre aviso a magistrados de la corte y lamentó que la investigación se hubiera filtrado. SEMANA supo que en ese momento Martínez conversó con los magistrados Alejandro Linares y Alberto Rojas. El primero porque era presidente de la corporación y el segundo porque lo mencionaban dos personas interceptadas bajo investigación. Las charlas en esos audios no son muy claras, pero además de la mención a Rojas, se habla de brujería contra ese magistrado y del interés por una tutela seleccionada por la corte.

El fiscal general asegura que el asunto no tiene que ver con el escándalo del cartel de la toga. Sin embargo, en febrero él le solicitó a la corte hacer un barrido de las tutelas que tuvieran relación con el exfiscal Gustavo Moreno o cualquier otro protagonista de ese escándalo. La corte hizo la tarea y ahora está claro que no existe ninguna tutela relacionada con Moreno y compañía. Todos estos asuntos han sido discutidos en las recientes salas plenas, y el lunes los magistrados tendrán una reunión con el fiscal Fabio Espitia.

ALBERTO ROJAS RÍOS. Magistrado

A los hechos concretos y preocupantes de las chuzadas se suman episodios incómodos, como los que ha tenido recientemente la corte con la Embajada de Estados Unidos. Los magistrados declinaron una invitación del embajador Kevin Whitaker porque consideraron inconveniente el encuentro en vísperas de discutir las objeciones de Iván Duque a la JEP, un asunto sobre el cual el embajador ha tratado de incidir en favor del Gobierno. Luego de la frustrada cena, la embajada canceló su apoyo financiero a la corte en cuatro proyectos de cooperación. Arguyó oficialmente que Estados Unidos debía ajustar presupuestos y darles prioridad a otras iniciativas en zonas del país afectadas por el conflicto.

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Por otro parte, al enrarecido ambiente se suma la denuncia que hizo en Semana.com el presidente del Tribunal de Arbitramento del caso Odebrecht, Jorge Enrique Ibáñez. El jurista, con dos árbitros más, está ad portas de resolver el megapleito que determinará responsabilidades financieras (a nivel de billones de pesos) del consorcio que lideró la empresa brasileña, asociada con firmas colombianas, para la Ruta del Sol tramo 2. El famoso proyecto que Odebrecht obtuvo a punta de sobornos.

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ. Presidente del Tribunal de Arbitramento

Ibáñez denunció que lo vigilan vehículos que se estacionan día y noche frente a su oficina. Que su línea celular está interceptada y que al expediente, cada tanto, llegan memorandos que aluden a temas discutidos confidencialmente entre los árbitros. El presidente del tribunal puso en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría las fotos y otros indicios que tiene para respaldar su denuncia.

Por estos días hay un elemento común entre el Tribunal de Arbitramento y la Corte Constitucional. Los magistrados analizan una demanda formulada por la Contraloría contra un artículo de la Ley de Infraestructura, del cual depende la fórmula que debe aplicarse para la liquidación de contratos en caso de nulidad por objeto o causa ilícita. Es decir, lo que se resuelva en esa demanda tendrá incidencia en el veredicto de los árbitros. “En la corte están discutiendo y nosotros estamos analizando ese tema para los efectos de la aplicación de esa ley al adoptar la decisión que en derecho corresponda. Es coincidente que lo que ocurre allá también esté pasando acá”, anota Ibáñez. La vicefiscal, María Paulina Riveros, tomó cartas en el asunto para indagar con el CTI qué ocurre en torno al Tribunal de Arbitramento.

La gran pregunta es si estos sucesos alrededor de la Corte Constitucional y al Tribunal de Arbitramento son hechos aislados que coinciden o si se trata de un plan articulado contra la rama judicial. Resulta urgente que la Fiscalía haga su mejor esfuerzo por esclarecer lo que está sucediendo realmente. Lo trascendental de los asuntos en cuestión y el nivel de agravamiento que hoy toman las vagas sospechas de ayer ameritan que las autoridades den pronto una respuesta contundente y esclarecedora.

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