¿Quién le pone control a las playas?

En temporada alta, las playas del país viven un caos. Bañistas y embarcaciones tienen accidentes cada vez más frecuentes, el daño ambiental parece no contar con dolientes y el sobrecosto de los productos y los servicios anda por las nubes.

Este descontrol termina en situaciones lamentables, como la muerte de la joven barranquillera Valentina González en las playas de Cholón a finales del año pasado, luego de que una embarcación la golpeó. O produce imágenes como las que dejó el puente festivo de Reyes en Playa Blanca, cuando la Alcaldía de Cartagena se vio obligada a suspender a última hora el ingreso de turistas para evitar una tragedia medioambiental.

Estas situaciones no solo se presentan en el Caribe. En el litoral Pacífico ocurre lo mismo y nadie parece creer que el problema es serio. Pocas entidades han tomado cartas en el asunto, como la Procuraduría General, que hace unos días hizo un llamado a las autoridades territoriales sobre el caos por “la falta de ordenamiento para que el uso de las playas no siga atentando contra la vida de los nativos y visitantes que tienen derecho a disfrutar este hermoso patrimonio ambiental”.

El mensaje del ente de control tenía destinatarios específicos. Desde el 16 de agosto de 2013, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 1766 que reglamenta el funcionamiento de los comités locales de las playas en el territorio nacional, cuya creación autorizó la Ley 1558 de 2012. El documento establece la obligación de conformar esos grupos en los distritos y municipios con playas usadas para la recreación.

Integrados por un representante del Ministerio de Comercio, uno de la Dirección General Marítima (Dimar) y uno de la Alcaldía correspondiente, los comités tienen, en resumen, la responsabilidad de identificar las zonas de playas y sus usos, señalizarlas, brindar la seguridad, el manejo ambiental y hasta el control de la venta de bienes y servicios. Pero, hasta ahora, parecen simples invitados de papel.

La Dimar, sin embargo, dice que sus 12 direcciones en ambas costas ya han desarrollado análisis técnicos, estudios y verificaciones para elaborar un censo de playas y zonificarlas por su vocación específica.

En el Atlántico, por ejemplo, establecieron 17 con vocación turística y con esto han desarrollado propuestas para pasarlas a los comités locales. Ahora hace falta el trabajo de campo, que incluye las limitaciones y las demarcaciones de cada subzona dentro de las playas y el área marítima. Y ahí todo se complica, porque, más allá de las dos reuniones anuales que exige la ley, se necesita voluntad política de las Alcaldías para invertir el dinero necesario.

Para el contralmirante Juan Francisco Herrera, director general marítimo, otro reto es trabajar con las comunidades costeras de la mano con entes académicos supervisados por la autoridad marítima. “Mostrar que cuando se autorregulan, con acompañamiento institucional, esto mejora las condiciones: protección ambiental, seguridad marítima y la calidad de los servicios. Hay que hacerlo ya para tener para la próxima temporada de Semana Santa la zonificación, con delimitación de boyas para bañistas y zonas de lanchas”, indicó.

Solo cuatro playas —Magüipi (Buenaventura), Johnny Cay (San Andrés), Azul (Cartagena) y Bello Horizonte (Santa Marta)— tienen la certificación mundial Bandera Azul, una clasificación que da la Fundación Europea de Educación Ambiental a las que cumplen con los requisitos de calidad e información a los usuarios.

Los criterios para obtenerla se agrupan en la calidad de las aguas de baño, la información y educación ambiental, la gestión ambiental y seguridad, servicios e instalaciones. España, por ejemplo, terminó 2019 con 566 y en el mundo hay más de 4.100 en 45 países. Este es un estándar de ecocalidad turística promovido por la Organización Mundial del Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que parece muy lejano para la mayoría de los destinos turísticos nacionales.