¿Quién quiere matar a Daniel Silva?

Daniel Silva Orrego tenía antes de graduarse un récord que muchos abogados solo podrían mostrar después de décadas en el ejercicio del derecho. Para 2017, cuando terminaba la carrera en la Universidad Libre de Pereira, había ganado la demanda por pérdida de investidura contra el senador de La U Carlos Enrique Soto y acciones similares contra cinco concejales (uno de Dosquebradas y cuatro de Pereira).

No solo provocó la salida de la política de estos pesos pesados de la región. Un proceso adelantado por él obligó a la Alcaldía de Pereira a devolver 16.000 millones de pesos a los contribuyentes por concepto del pago anticipado del tributo por valorización. Por cuenta de otra demanda logró la nulidad de la elección de dos directores de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder). Y, en la actualidad, sus acciones judiciales tienen en vilo a Juan Pablo Gallo, alcalde de la capital del departamento, a quien demandó por presunta violación al régimen de conflicto de intereses cuando se desempeñaba como concejal del municipio. Para rematar, demandó por la misma causa a Iván Márquez, exjefe de las Farc, porque no se posesionó en su curul en el Congreso.

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Con esos expedientes, Silva Orrego se convirtió en el terror de la clase dirigente en esa región del país. Pero ese título le ha costado caro. Desde 2017, cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligó al Estado colombiano a brindarle un esquema de seguridad, por medio de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Tomaron la medida luego de que un desconocido llegó hasta su casa, le apuntó con un revólver y le dijo: “Vea, malparido, no queremos más investigaciones de denuncias suyas, queda advertido”.

El joven abogado nació en el hogar de un docente y una enfermera, y milita en el Polo Democrático. A pesar de las amenazas, no ha desistido de sus veedurías. Por el contrario, las multiplicó. En la actualidad, suma cerca de 40 acciones entre nulidades, pérdidas de investiduras, quejas ante la Procuraduría y denuncias ante la Fiscalía contra dirigentes, contratistas y políticos de Risaralda. Además, escribe una columna de opinión en un portal web llamado La Cola de la Rata, desde donde amplía y ventila sus investigaciones.

El 8 de abril, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reveló que a esa entidad llegó un correo electrónico anónimo con información sobre un posible atentado, con fusiles y explosivos, contra el joven veedor. “Se tiene información certera que se tiene planeado un atentado con armas de largo alcance y explosivos ya que cuenta con un esquema de seguridad fuerte (5 guardaespaldas y dos camionetas y una de ellas blindada) le han hecho seguimientos y se sabe que viaja mucho a Bogotá por tierra y a pueblos de Risaralda”, dice el correo anónimo.

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Datos tan precisos de su esquema de seguridad y las rutinas dispararon las alarmas. Tanto fue así que el coronel Manuel Salcedo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, le escribió a la UNP y recomendó rotar el parque automotor asignado al abogado. Silva, por su parte, interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía y notificó a la UNP de la amenaza para que asignaran una camioneta con un blindaje más alto.

Silva asegura que ve poco probable que eso suceda, pues la UNP solo “ha actuado en medidas de emergencia, en su mayoría, cuando son personas allegadas al Centro Democrático. De resto, a los que estamos por fuera de ese partido político, nos manda a hacer evaluaciones que duran dos o tres meses”. La entidad le contestó a SEMANA que el esquema asignado “es el que recomendaron los estudios de riesgo”.

Para el veedor, más allá de esas medidas de protección, lo que importa es que la Fiscalía avance en las investigaciones sobre esas amenazas, “porque todo indica que esta vez, al igual que en el pasado, mi caso será la crónica de un archivo anunciado”.