¿Quién procesará y quién juzgará a Uribe?

El expresidente Álvaro Uribe anunció su renuncia al Congreso asegurando que se siente "moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa", ante el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia, y que se conoció este martes. Más allá de los motivos personales esgrimidos por Uribe para tomar esa decisión, lo concreto es que su salida del Capitolio podría tener un efecto contundente sobre el proceso, ya que podría terminar siendo investigado -no por la sala de instucción de la corte que lo llamó a indagatoria- sino por la Fiscalía General de la Nación. 

De los primeros en advertir las consecuencias que podría tener esta decisión fue el abogado penalista Iván Cancino: "Si el doctor Álvaro Uribe renuncia la Corte Suprema pierde inmediatamente competencia apenas sea aceptada la misma", manifestó en Twitter. Esto, porque al renunciar a su investidura como senador, ya no le corresponde al máximo tribunal, sino a la Fiscalía y a magistrado de tribunal, su investigación y juzgamiento, respectivamente. 

Hay varios precedentes de situaciones similares, especialmente relacionados con la parapolítica. Cuando estalló el escándalo, varios de los políticos investigados renunciaron a sus cargos -congresistas y gobernadores- a sabiendas de la contundencia con la que el máximo tribunal estaba manejando estos casos. Sin embargo, cuando las renuncias se hicieron recurrentes, la corte sentó su competencia. 

En un auto de la Sala Penal del 2016, por ejemplo, dejan claro que la competencia no se deriva únicamente de que el aforado se mantenga en el cargo, sino también de la conexión que puede haber entre los delitos que le endilgan y sus funciones. "El fuero constitucional de los congresistas surge de dos posibilidades: que el imputado o sindicado de una infracción a la ley penal se desempeñe en el cargo, lo que exige la actualidad de la investidura (arista personal), o que después de haber cesado por cualquier razón, en el ejercicio del cargo, la conducta que se le imputa tenga relación con las funciones desempeñadas (arista funcional)", dice la corte. 

El 16 de febrero, la corte cerró el proceso por la presunta manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda, en un caso por la promoción de grupos paramilitares en la que supuestamente incurrió Uribe. Cepeda pasó de acusado a víctima, pues el tribunal encontró que las manipulaciones a testigos, en cambio, las pudo haber ejercido el expresidente contra Cepeda. Sin embargo, el llamado a indagatoria es por hechos posteriores que apuntarían a nuevas manipulaciones de testigos.

"Los hechos que investiga la corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante Álvaro Uribe. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos", aseguró el alto tribunal en un comunicado. 

En este punto entran las interpretaciones de las conductas por las que Uribe fue llamado a indagatoria: soborno y fraude procesal. Lo que tendría que evaluar ahora la sala de instrucción 2 de la corte es si esas conductas tienen una relación con el cargo que Uribe ostentaba como legislador. Para Cancino, por ejemplo, esos delitos no la tienen, como en el caso de la parapolítica, donde los delitos se cometieron para hacerse elegir en el Congreso.

Sin embargo, para otros, como el abogado Luis Guillermo Pérez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Uribe habría buscado torcer a los testigos para enlodar a Iván Cepeda, un contrincante suyo en el Congreso, quien le había hecho debates políticos. Por eso, dice él, los delitos tendrían conexión con la función de Uribe como senador, y sería la Corte la que debe continuar con el proceso. 

Por ahora, la decisión la tendrá que tomar la Sala de Instrucción de la Corte, compuesta por los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro: si el caso sigue en manos del máximo tribunal de la justicia, o si la responsabilidad de procesar a uno de los hombres más poderosos del país recae en la Fiscalía y la de juzgarlo en un magistrado de tribunal.