¿Quién va a responder a las víctimas de Space?

Dos meses después de que se vino abajo la torre seis del edificio Space en Medellín, las acciones de las constructoras que conformaban el conglomerado CDO fueron objeto de una quirúrgica operación financiera que hasta el momento no ha movido el interés de las autoridades colombianas.

Mientras que el país hablaba de los 12 muertos que dejó la tragedia, de las responsabilidades del ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa, y de los incumplimientos a las normas mínimas de sismorresistencia, la constructora Lérida CDO S.A. cambió de dueños. Hasta diciembre de 2013 dos empresas extranjeras eran las accionistas mayoritarias de la firma que construyó el Space. Se trata de la Fundación Santa Cruz de la Sierra y de Surquesa Investment Inc., esta última registrada en Panamá con el código mercantil No. 611140 y representada por la firma de abogados Icaza González – Ruiz & Alemán.

Según un documento conocido por SEMANA, suscrito por el revisor fiscal de Lérida CDO, entre ambas compañías tenían el 70,1 por ciento de las acciones de la empresa. Los demás socios eran Inversiones Cristalinas S.A., con el 14,9 por ciento de las acciones; seguido de Luengos S.A.S., con el 1,6 por ciento. Completaban la composición Pablo Villegas Mesa, hijo del político y empresario Álvaro Villegas Moreno; y Beatriz Mesa de Villegas, cada uno con 6,6 por ciento de las acciones.

Esa era la radiografía de Lérida CDO el 12 de octubre de 2013, cuando ocurrió la tragedia del edificio Space. Pero en diciembre la Fundación Santa Cruz y Surquesa vendieron sus acciones, lo que quiere decir que durante dos meses —al menos en teoría— dichas firmas estuvieron habilitadas para hacer movimientos financieros, girar utilidades y enviar dinero al exterior, sin que la Superintendencia de Sociedades les impusiera ningún tipo de restricción. Mientras eso ocurría, los afectados y las víctimas de Space reclamaban a las autoridades una intervención, previendo que la constructora podía declararse en quiebra. Pero los llamados no fueron escuchados.

Los problemas para el Grupo CDO —que no solo incluye a Lérida sino a cinco firmas constructoras más— fueron creciendo como espuma. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) comenzó a descubrir fallas en otros edificios al punto que tres de ellos, Continental Towers, Asensi y Colores de Calasanía, debieron ser evacuados. Hoy hay diez proyectos habitacionales con fallas de todo tipo, en los que hay involucrados 3.989 apartamentos.

A pesar del escándalo y el drama, las autoridades colombianas no controlaron posibles movimientos de capitales a Panamá o a otros destinos hechos por la Fundación Santa Cruz, Surquesa Investment o la propia familia Villegas. Solo hasta el 27 de junio de 2014 la Superintendencia de Sociedades abrió el proceso de liquidación de Lérida CDO, para lo cual decretó el embargo y el secuestro de sus bienes. Un boletín de prensa de esa entidad decía que esa medida “tenía como fin asegurar los activos de la sociedad en beneficio de las familias que habían comprado apartamentos en Space”.

Sin embargo, para ese momento los socios de Lérida ya eran otros. Los nuevos accionistas eran ahora empresas constructoras sin vigor patrimonial, es decir, con activos muy similares a los pasivos, según se puede leer en los balances de septiembre de 2013. Se trata de Calamar S.A.S., Alsacia S.A., Acuarela S.A.S., Vifasa S.A.S. y Bepamar S.A.S., esto es, las mismas firmas del conglomerado que construyeron varios de los edificios que presentaron fallas.

Ahora surge la pregunta de si alcanzarán los activos de esas empresas para responder por los afectados, cuyos daños han sido calculados en 270.000 millones de pesos. El superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, dijo que en cuanto a Lérida CDO, es decir, la empresa que construyó Space y la única de los Villegas que ha sido liquidada, el problema está a punto de ser remediado. Desde el mes de febrero los dineros de esa firma entraron en una fiducia y poco a poco los afectados y las víctimas han ido firmando acuerdos de conciliación. “Eso se solucionó en tiempo récord”, declara.

Sin embargo, 11 familias de Space representadas por la firma de abogados de Javier Tamayo Jaramillo no están dispuestas a conciliar. El argumento es que los 3 millones de pesos por metro cuadrado que Lérida ofrece por los apartamentos no cumplen las expectativas de los avalúos comerciales. Firmar un acuerdo de conciliación por ese monto significaría también renunciar a la reparación moral y a los daños y perjuicios causados.   

Pero el lío grueso no es el Space, sino las cientos de familias de los diez proyectos habitacionales que están en riesgo a causa de fallas, entre ellos los tres edificios evacuados. Según lo confirmó Vélez, las compañías que construyeron esos proyectos tienen dinero para repotenciar las torres y para mantener en arriendo a las familias mientras las eventuales reparaciones siguen el curso. Sin embargo, si alguna autoridad determinara que hay que demoler los apartamentos o si las familias deciden no recibirlos por la desvalorización comercial que han sufrido, la cruda realidad es que la plata no va a alcanzar. “Si la reorganización se logra, se levantan los embargos, las compañías reparan los edificios y la gente vuelve a ellos y se acaba el problema. Pero si toca tumbarlos, porque así lo exijan las normas, no habrá activos suficientes para pagar nada. Y la gente que tiene activos ahí los pierde”, le dijo a SEMANA.

La respuesta de Vélez resulta un baldado de agua fría para propietarios de edificios como Continental Towers. “Siempre hemos manifestado que queremos que nos reparen económicamente, no que nos entreguen unos edificios reparados. Ese es el peor escenario y la pesadilla más terrible. Recibir un edificio rehabilitado es recibir un edificio que no tendría ningún valor comercial, sería trasladarnos a nosotros el costo de toda esta cadena de errores”, dice un afectado.

Roberto Rochel Awad, el ingeniero que ha estudiado y detectado los problemas de sismorresistencia en los proyectos de CDO, dijo en su momento que rehabilitar el edificio Continental podría ser más caro que volverlo a construir. Lo peor es que ninguno de los tres proyectos evacuados está en capacidad de ser llevado a la actual norma de sismorresistencia NSR10 de 2010. La explicación, según Diego Restrepo, gerente de Vivienda Segura de la Alcaldía de Medellín, está en que los edificios no cumplieron nunca, ni en sus diseños ni en su construcción, lo exigido por la ley.

A todo esto, los afectados se preguntan por qué las autoridades colombianas no rastrearon a tiempo las compañías extranjeras dueñas de Lérida CDO o incluso por qué no han puesto sus ojos sobre las 25 empresas de la familia Villegas, entre las que hay firmas tan prestigiosas y robustas como Industrias Concretodo, para garantizar los eventuales perjuicios.

Una fuente de Supersociedades le dijo a SEMANA que rastrear posibles distracciones de bienes en Panamá, en las actuales circunstancias, es un asunto difícil. “Logre demostrar usted quién es el dueño de una empresa en ese país, o qué movimientos hace. Eso es demasiado engorroso, aunque no imposible”. Pero si no es imposible, ¿por qué no se hizo? Por extraño que parezca la respuesta del superintendente Vélez es que nunca ningún acreedor solicitó que se hiciera.