“Quienes rompan una estación de TransMilenio tendrán que pagar con su plata”: López

A pesar de no haber estado en el foco mediático, el Congreso de la República está a punto de convertir en ley el denominado estatuto anticorrupción, una iniciativa construida entre 25 entidades del Estado que establece duras sanciones económicas tanto a las empresas como a las personas que atenten contra el patrimonio público.

La iniciativa contempla atacar los bienes de los corruptos, la responsabilidad administrativa de las empresas, agilizar la extinción de dominio y castigar a quienes afectan el patrimonio del Estado.

Según explicó en SEMANA el representante José Daniel López, ponente del proyecto, se les otorga más ‘dientes’ desde el punto de vista administrativo y fiscal a las entidades encargadas de castigar los actos de corrupción.

Uno de los puntos más polémicos es el que convierte en responsables fiscales a quienes dañen el patrimonio del Estado; es decir, quienes rompan una estación de TransMilenio, por ejemplo, tendrán que pagar no solo con su libertad, sino con su propio dinero.

SEMANA: En términos generales, ¿de qué trata este estatuto anticorrupción?

José Daniel López (J. D. L.): Este es un proyecto de ley que tiene dos propósitos: el primero es el de profundizar el paquete anticorrupción que hemos producido en los últimos años. Recuerde que el año pasado fui ponente del proyecto que prohibió la casa por cárcel para corruptos, que prohibió su reclusión en establecimientos militares, que estableció la inhabilidad para contratar con el Estado a empresas involucradas en corrupción.

El segundo propósito es poner más la lupa en la responsabilidad del sector privado, de las empresas, en la lucha contra la corrupción.

SEMANA: Hablemos de ese punto de la responsabilidad del sector privado…

J. D. L.: Lo que se busca es crear un régimen profundo y detallado en donde haya responsabilidad administrativa para las empresas que participen en hechos de corrupción, a través de multas bastante cuantiosas, a través de inhabilidades para contratar, a través de hacerlas responsables fiscalmente de daños al patrimonio público.

La responsabilidad por corrupción se ha desarrollado más para personas naturales que para personas jurídicas. Lo que buscamos con este proyecto es profundizar y equiparar esa responsabilidad, permitiendo que sean las superintendencias o las entidades encargadas del control quienes investiguen y establezcan sanciones administrativas contra empresas involucradas en estos hechos.

SEMANA: ¿De qué tipo de sanciones estamos hablando?

J. D. L.: Multas de hasta 200 mil salarios mínimos mensuales vigentes. Inhabilidad para contratar con el Estado, publicación en medios de comunicación de la sanción impuesta, prohibición de recibir subsidios por parte del Estado 10 años y destitución de administradores y otros directivos.

SEMANA: ¿En una gran empresa cómo hago yo para saber que el gerente financiero o el asistente jurídico ha usado a la compañía para cometer actos de corrupción? ¿Ese control no es muy complejo?

J. D. L.: El proyecto aplica solamente cuando los directivos de la empresa hayan actuado deliberadamente o cuando los controles de la empresa no hayan sido los apropiados para prevenir hechos de corrupción.

SEMANA: Estamos hablando de Odebrecht…

J. D. L.: Estamos hablando de propósitos orquestados, criminales, con controles débiles o que no funcionaron.

SEMANA: Con esos castigos que usted menciona se está prácticamente acabando con esa empresa…

J. D. L.: La consecuencia es absolutamente severa, estamos hablando de multas que pueden superar los 100 mil millones de pesos, la prohibición de recibir subsidios del Estado y la destitución de los directivos, entre otros castigos.

SEMANA: ¿Pero si la empresa defraudó al Estado, por ejemplo, por 500 mil millones de pesos, paga la multa y se queda con el resto del dinero?

J. D. L.: Uno de los puntos que establecemos es que adicional al pago de la multa, la empresa debe devolver el valor que se ofreció o que se apropió en ese acto de corrupción.

SEMANA: ¿Cómo se les va a ‘tocar el bolsillo’ a las personas involucradas en corrupción? ¿O es solo contra las empresas?

J. D. L.: Estamos agravando las multas que se derivan de las condenas penales contra personas naturales condenadas por hechos de corrupción, porque de alguna manera la sensación que queda es quienes son condenados por atentar contra la administración pública llegan a acuerdos, pagan la condena y luego salen a disfrutar el dinero. Por eso hacemos un régimen sancionatorio más severo.

Otro punto muy importante tiene que ver con los programas de alimentación escolar. Establecemos que cuando una empresa tenga dos sanciones por incumplimiento en programas de alimentación escolar va a quedar inhabilitada por 10 años para volver a contratar con el Estado.

El mensaje es claro: vamos a atacar no solo la libertad de los corruptos, sino sus bolsillos y su estructura empresarial.

SEMANA: El proyecto también habla de cobrarles a las personas que atenten contra el patrimonio del Estado...

J. D. L.: Ese es un punto muy importante. Se busca involucrar como responsables fiscales a las personas naturales que participen en hechos que atenten contra el patrimonio público.

Hoy en día un particular que participa en hechos que dañen el patrimonio público, responde penal y civilmente, pero no responde fiscalmente, es decir, no se vuelve objeto de recuperación de recursos. Con el proyecto lo que hacemos es hacer extensiva esa solidaridad para que los particulares también respondan fiscalmente por el daño del patrimonio.

SEMANA: ¿O sea que quien rompa una estación de TransMilenio va a tener que pagar?

J. D. L.: Sí, claro. Quienes causan daños al patrimonio público, sea a través de actos de corrupción o dañando estaciones de TransMilenio, deben responder ya no solo con su libertad, sino con su plata.