POLÍTICA

¿Quiénes son los candidatos a fiscal general?

Clara María González, Camilo Gómez y Francisco Barbosa integran la terna que el presidente Duque presentó a la Corte Suprema de Justicia para elegir al fiscal general de la nación. ¿Quiénes son los candidatos y de dónde vienen?

3 de diciembre de 2019
Francisco Barbosa, Clara María González y Camilo Gómez integran la terna para la Fiscalía.

Luego de la repentina renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía por cuenta de la novela de la liberación de Jesús Santrich, la dirección de una de las entidades más importantes del Estado quedó a la deriva y hasta hoy se encuentra en interinidad. Desde entonces, el ente acusador ha estado en manos del fiscal encargado, Fabio Espitia, quien está por completar siete meses al mando.

Se decía que el presidente Duque había tomado la determinación de no presentar una terna hasta tanto no se llenaran oportunamente las vacantes de los magistrados que deben votar para elegir fiscal. Por eso el país llevaba varios meses a la espera de la terna de Palacio. Sin embargo, y pese a que las vacantes en la corte siguen en veremos, esta mañana se acabó la espera y se conocieron los tres nombres que Iván Duque pondrá a consideración de la corte para que esta elija al próximo fiscal general de la nación.

Los seleccionados por el presidente son: Clara María González, actual secretaria jurídica de Palacio; Francisco Barbosa, consejero para los derechos humanos; y Camilo Gómez, excomisionado de paz y actual director de la Agencia Jurídica del Estado. “Creo que tenemos una terna de personas de grandes calidades, no solamente en lo jurídico sino en lo ético y en lo profesional y esperamos que, de conformidad como lo establece el procedimiento, la honorable Corte Suprema de Justicia pueda escuchar a estas tres personas y tomar en su fuero, en sus facultades y en su autonomía la decisión que mejor le convenga al país” afirmó el presidente Duque al momento de presentar la terna a ante la corte.

Los nombres que hoy componen la terna para ocupar uno de los cargos de mayor concentración de poder en el país, son personas muy cercanas al presidente Duque y que cuentan con su entera confianza y beneplácito. En un escenario poco común en este contexto, la corte tendrá que elegir el fiscal entre tres funcionarios activos y en ejercicio en la Casa de Nariño. Aunque la terna fue presentada por el presidente Duque este martes, aún es largo el camino que falta para que los colombianos sepan a ciencia cierta el nombre del nuevo fiscal. En primera medida, lo que viene es que el alto tribunal vote para llenar las 7 vacantes que hoy existen en su corporación. Actualmente la Corte Suprema tiene 16 magistrados activos y en la sesión del 5 de diciembre, si no hay mayores novedades, los togados podrían llenar los cupos que faltan. Para ser ungido como fiscal general en propiedad, se necesitan 16 votos.

Si se surte el proceso de elección de los magistrados que faltan sin complicaciones ni novedades, quienes resulten elegidos no se posesionarán de manera inmediata. Por lo general, entre el proceso de la elección y la posesión pasa alrededor de un mes. Esto, mientras se surten los trámites de ratificación, verificación de la documentación y demás requisitos de ley. Así las cosas, la corte, ya con la totalidad de sus miembros en ejercicio, empezaría a tratar el tema de la elección del nuevo fiscal el 11 de enero de 2020, fecha en la que termina la vacancia judicial. Ahí empezará el proceso de la votación que puede ser inmediato, como lo fue en el caso del exfiscal Gómez Méndez, o puede extenderse durante meses como pasó en la elección de Viviane Morales.

A pesar del viacrucis jurídico-político que falta para tener un fiscal en propiedad, la noticia de hoy tiene profunda trascendencia pues marca una ruta clara sobre cuál podría ser el enfoque y el estilo de la Fiscalía para los años que están por venir. ¿Quiénes son entonces y de dónde vienen las tres personas entre las que se encuentra el próximo jefe del ente acusador?

Clara María González

Es abogada de la Universidad del Rosario con maestría en derecho administrativo y ha sido profesora de derecho mercantil, civil y laboral en la Sergio Arboleda y en otras instituciones académicas. En 2011 hizo parte de la comisión para la redacción del Código Electoral, y entre 2006 y 2018 se desempeñó como asesora de la Cámara de Representantes y del Senado. También fue árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Como dato curioso, González le dio clase de derecho tanto al hoy presidente Iván Duque, como a Francisco Barbosa, contra quien hoy compite por la Fiscalía General. Clara María González es una mujer que se ha movido entre la academia y el ejercicio de la profesión. Aunque por efectos del desarrollo de su ejercicio profesional ha estado cerca de varios políticos que van desde Álvaro Uribe hasta Horacio Serpa, no es posible encasillarla en un partido u organización partidista determinada. Una de sus especialidades es el derecho electoral.

Por ejemplo, González fue abogada de Álvaro Uribe y de Iván Duque en el proceso que con una demanda quiso quitarles la investidura como senadores por supuesta inasistencia. Aunque la candidata a fiscal se ha movido en el terreno jurídico y académico, la vida pública tampoco le ha sido ajena. Su cargo más recordado fue a finales de la década del 90 cuando ocupó la posición de registradora nacional del Estado civil. Al dejar ese cargo, fue reemplazada en el mismo por Iván Duque Escobar, padre del hoy presidente de la república. También fue conjuez de la  Corte Constitucional entre 2014 y 2015.

El fuerte de Clara María González es su amplia trayectoria en el derecho público, constitucional, civil, administrativo y electoral. En su época de estudiante fue colegial del Rosario, distinción que esa universidad otorga a los alumnos de mejor desempeño. Quienes la conocen, afirman que Clara María es una mujer rígida a la hora de defender sus posiciones jurídicas. “No hay manera de que ella cambie una posición meramente técnica y jurídica por consideraciones políticas”, dice alguien cercano a la aspirante. El nombre de Clara María González es todo menos desconocido para los magistrados de la Corte Suprema. En su papel de secretaria jurídica de Palacio ha tenido que interactuar con todos los actores de la rama y los conoce a fondo. Así mismo, su hoja de vida ya fue puesta a consideración del alto tribunal en días recientes cuando fue incluido en la terna para fiscal ad hoc. En ese entonces, González obtuvo ocho votos.

Francisco Barbosa

Al igual que pasa en el caso de Clara María González, a Francisco Barbosa tampoco puede ubicársele una afiliación política declarada. Es un hombre que se ha movido en los terrenos de la academia y cuya prioridad profesional no había estado centrada en el servicio público. Barbosa, de 45 años y abogado de la Sergio Arboleda, se convirtió en el mejor amigo del hoy presidente en su época de estudiantes. Los dos compartían la pasión por el derecho y encontraron en el otro un interlocutor válido para compartir y contrastar posiciones jurídicas.

En ese momento, los destinos de Duque y de Barbosa fueron tomando caminos distintos. El primero se enfocó en su carrera en el BID en los Estados Unidos, y el segundo se quedó en Colombia dedicado a la academia y al ejercicio del derecho. Barbosa ha sido profesor de la Universidad Externado de Colombia, de Los Andes y de la Sergio Arboleda, su alma máter. Ha escrito varios libros que exploran distintas miradas y ramas del derecho. En la era de la administración de Santos, curiosamente, Barbosa escribió un libro sobre justicia transicional en el que hacía una férrea defensa de los acuerdos de paz de La Habana. A tal punto que la presentación de ese texto corrió por cuenta de Humberto de la Calle, entonces jefe negociador del Gobierno Santos. Algo que muchos no saben, es que el hoy candidato a fiscal se presentó a la convocatoria para ser elegido como magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero su aspiración no prosperó.

Hay quienes también le endilgan cierta cercanía a Cambio Radical y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras pero lo cierto es que Barbosa, más que político, fundamentalmente ha sido un académico. Sería injusto afirmar que pertenece a algún partido o que está jugado por alguna filiación política. También ha sido asesor de varias entidades del sector público y asesor legal externo del Banco Mundial y fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH.

Francisco Barbosa actualmente se desempeña como consejero presidencial para los derechos humanos y las fuentes de Palacio aseguran que es uno de los hombres que le habla al oído al presidente. Esto, sumado a su amistad personal con el jefe de Estado, ha hecho que muchos consideren que, aunque eso nunca se dice, podría ser él el candidato más cercano a los afectos del mandatario. Además del tema meramente jurídico, a Barbosa se le considera muy letrado en los asuntos internacionales. Es especialista en relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en gestión de telecomunicaciones del Externado. Así mismo, tiene una maestría en historia de la Universidad Javeriana, y otra en derecho público del Externado. Obtuvo en 2010 un doctorado en derecho público de la Université de Nantes de Francia.

Camilo Gómez

De los tres candidatos que puso el presidente a consideración de la Corte Suprema para ocupar la Fiscalía General, podría decirse que Camilo Gómez es quien más cercano ha estado al mundo de la política. Contrario a lo que pasa en el caso de González y Barbosa, a Gómez sí se le puede determinar una filiación política clara: es conservador de pura cepa, más concretamente, de la línea del expresidente Andrés Pastrana. Gómez fue comisionado de paz en ese gobierno en el tristemente célebre proceso de paz del Caguán. Ocupó ese cargo en reemplazo de Víctor G. Ricardo, quien tuvo que renunciar al cargo por cuenta de las serias amenazas que recibió por parte del paramilitar Carlos Castaño.

Desde entonces, Gómez asumió la difícil tarea de coordinar, facilitar y moderar unos diálogos que, de alguna manera, estaban condenados al fracaso. Se trata de un hombre que nunca se ha alejado de las toldas del conservatismo y que se ha mantenido firme en la defensa de los postulados de dicha colectividad. Este abogado de la Universidad Javeriana se ha dedicado principalmente al ejercicio del derecho comercial y durante más de 15 años ha asesorado empresas de diversos sectores. Así mismo, ha dictado clases en la Universidad Sergio Arboleda y en la Jorge Tadeo Lozano. En cuanto a su vida pública, comenzó siendo secretario privado de Andrés Pastrana en su paso por la Alcaldía de Bogotá. Así mismo, presidió en esos años la Empresa Distrital de Servicios Públicos. Luego de esto fue designado por el entonces presidente César Gaviria como superintendente de sociedades.

Tras esa designación de parte de un presidente liberal, Gómez volvió a las toldas de Andrés Pastrana y ahí se quedó. Jugó papeles protagónicos en las dos campañas presidenciales de este último. En la del 94 fue asesor legal y secretario de la campaña y luego, en la del 98 que le dio la victoria a Pastrana hizo parte de los directivos de campaña. Una vez ganadas las elecciones, Gómez repitió el papel de secretario privado de Pastrana pero esta vez no en el Palacio Liévano sino en el Palacio de Nariño.

En el año 2008 Camilo Gómez fue la ficha del Partido Conservador en la terna para la Procuraduría General, en la que fue nominado por la Corte Suprema, pero fue derrotado por Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la OEA. Luego en la campaña presidencial de 2014, Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidenta de Colombia, lo eligió como su fórmula vicepresidencial en esa campaña. El solo recuento de la hoja de vida de Camilo Gómez, hace evidente que es el más político de los candidatos y que es uno de los hombres más cercanos tanto al expresidente Pastrana como a la actual vicepresidenta Ramírez. Hoy en día, Camilo Gómez se desempeña como director de la Agencia Jurídica de Estado.

Más allá de los perfiles de los ahora ternados para la Fiscalía General de la Nación, hay otro elemento que está en el aire y no está claro cuál pueda ser su desenlace. Se trata del periodo para el que se será elegido el nuevo fiscal. Todos los indicadores y los conceptos del Consejo de Estado han determinado que el periodo del fiscal es institucional y no personal. Es decir, que si se cumple con ese precepto, el fiscal que resulte elegido de esta terna solo podría ejercer hasta agosto, tiempo que resta para completar el periodo de Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, esa jurisprudencia fue cambiada cuando la corte eligió a Eduardo Montealegre y este ganó la batalla en el Consejo de Estado para quedarse en la Fiscalía los cuatro años. Tiempo después se supo que muchos de los magistrados que votaron a favor de la prórroga del periodo de Montealegre, terminaron con contratos millonarios en su Fiscalía.

Así las cosas, es previsible que un ciudadano demande esta elección ante el Consejo de Estado para que este determine si el periodo será institucional o personal. Amanecerá y veremos.